El gran PER nacional

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura.

El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 28 de noviembre, un Real Decreto Ley por el que se creó un Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 millones de euros, para la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.

Con esta medida se pretende dar respuesta a las necesidades de miles de trabajadores que, como consecuencia de la crisis, han perdido su empleo. Con ello, el Gobierno pretendió contener la cifra de paro que prometía situarse en el entorno del 20% y generar iniciativas locales de empleo que mantuvieran un nivel de actividad laboral en sectores de población trabajadora que, ante el momento de dificultad por el que estábamos atravesando, supusieran un respiro para la estabilidad del país y para miles de hogares españoles.

Este Fondo se crea, principalmente, para cubrir el objetivo de realizar, en 2009, inversiones en proyectos de nueva planificación y de ejecución inmediata que los Ayuntamientos soliciten que se les financie con cargo a este Fondo.

La crisis económica está siendo especialmente intensa en términos de destrucción de empleo. En este contexto, el Plan E introduce medidas directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el Fondo para Entidades Locales y el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo. El apoyo a la obra pública recogido en estos dos Fondos, más la dotación recogida en los Presupuestos del Estado, supondrá una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009. Este Eje recogerá todos los avances que en el marco del diálogo social vayan produciéndose a favor del empleo y su estabilidad.

No recuerdo que durante la tramitación de esas ayudas, que prometen ampliarse para el próximo año si la situación de desempleo persiste en los niveles actuales, se alzara ninguna voz denunciando esa política y calificando de vagos a los perceptores de las ayudas o de clientelistas políticos a los gobernantes que han puesto en marcha esas iniciativas municipales, tendentes a proporcionar empleo temporal a los que lo han perdido. Aún no se han escuchado voces hablando del voto cautivo que, según lo que se decía del PER extremeño y andaluz, era el voto que emitían los trabajadores agrarios que recibían ese apoyo laboral.

Desde las zonas más desarrolladas de España se dijo de todo sobre los vagos andaluces y extremeños. También sobre la inutilidad que significaba, para la economía del país y para el desarrollo de las zonas perceptoras del subsidio agrario, semejante política. "Levantar y tapar calles es lo que hacen inútilmente esos vagos con la anuencia de los políticos de turno, que se mantienen en el poder gracias a esa compra de voto". Ésa es una de las muchas frases que pueden leerse si se acude a cualquier hemeroteca. Desde Madrid y Barcelona, pero no sólo desde allí, se dijeron lindezas parecidas un día sí y otro también, con una demagogia ofensiva para extremeños y andaluces. En las últimas semanas, Esperanza Aguirre, a propósito de la financiación autonómica, ha vuelto a poner letra a una música ya conocida.

Y sin embargo, ahora, ha llegado el momento de que, los que insultaron sin comprender el fenómeno extremeño y andaluz, prueben su propia medicina y que toda España sepa que en sus regiones y municipios se ha instalado un gran PER con idénticas motivaciones que las que muchos criticaron y que tanto dolor produjeron a unas regiones que, cuando se puso en marcha el sistema de protección para unas poblaciones que, alcanzando, entonces, índices de paro por encima del 30%, no tuvieron la oportunidad de disfrutar de un Sistema de Reconversión Agrario similar al que se hizo en las regiones con mayor producto industrial.

Resulta necesario recordar que el subsidio agrario es inferior al salario mínimo interprofesional, que no llega a cubrir, dignamente, las necesidades más esenciales y, menos aún, si el perceptor tiene familia a su cargo. El PER o AEPSA, es producto de una política discriminatoria hacia Extremadura y Andalucía, consecuencia de la mala conciencia que provocaba, en quienes gobernaban, la diferencia entre una "reconversión agraria" a la baja, cuando en el resto de España se hacía una reconversión industrial, a través de las Zonas de Urgente Reindustrialización, donde a los mineros, los trabajadores de la siderurgia y la metalurgia de Asturias, Vascongadas, Cataluña y Valencia, se les jubiló anticipadamente con pensiones que igualaban o superaban su salario de partida, ya de por sí elevado en relación con los de la agricultura.

Cuando el paro en España se ha situado en niveles del 17%, la mitad de lo que tenía Andalucía y Extremadura en los años ochenta, el Gobierno ha salido en ayuda de los desempleados con el Plan E que, con propiedad, puede denominarse el Gran PER Nacional. Las regiones más desarrolladas y con municipios más poblados, se han llevado la parte del león, sin que la prensa de allí, o los políticos, o los liberales acérrimos, hayan dicho esta boca es mía. Por ejemplo, según informaciones del Gobierno, las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como Plan E, han generado en los municipios de la provincia de Barcelona un total de 41.191 puestos de trabajo, un 170% más que los inicialmente previstos, con una inversión de más de 607 millones de euros, para financiar 2.262 proyectos. Asimismo, se han superado en un 170% los empleos inicialmente previstos para la totalidad de proyectos que tenían una previsión de 29.127 empleos. Semanas atrás, el Ministerio de Política Territorial, ha efectuado un nuevo libramiento de fondos por valor de 2,5 millones de euros a 6 municipios de la provincia de Barcelona, correspondientes a 14 proyectos.

De igual forma, el Fondo de Inversión Local, puesto en marcha por el Gobierno, ha generado en la Comunidad de Madrid 54.070 empleos directos, lo que supone un 134% más de los 23.082 puestos de trabajo previstos inicialmente. La inversión del Plan E, en la Comunidad de Madrid, ha ascendido este año a 1.076 millones de euros, que sirven para ejecutar 1.241 proyectos de obra pública en los 179 municipios de la región. El de Madrid, con 269 proyectos y 554 millones de euros, lidera tanto el importe asignado, como los proyectos aprobados en el referido Plan.

Si alguien se atreve a echar las cuentas, se encontrará con la dureza de los números y podrá comprobar que sólo el PER de Barcelona o de Madrid, en estos pocos meses, supera con creces el dinero destinado a Extremadura para ese mismo fin desde el año 1983. He dicho bien cuando hablo del PER para Barcelona y Madrid; lo hago a propósito para que sus dirigentes, su prensa y sus ciudadanos sientan la misma sensación con la que hemos tenido que convivir los gobernantes, la población y los jornaleros del campo cuando, despectivamente, se dirigían a nosotros con el despreciativo: "... Ésos del PER...". Ésos del PER están hoy, en mayor proporción, en la industriosa Cataluña y en el Madrid capitalino.

La diferencia es que yo entiendo bien las motivaciones del Gobierno de España cuando decidió poner en marcha un Gran PER Nacional; ¿cómo no lo voy a entender, si tuve que gobernar una región que, en el año 1983, contaba con un 34% de paro? Seguro que ahora que ellos tienen también un PER, con un 15% de desempleo, entienden y se arrepienten de lo que dijeron de los vagos extremeños y andaluces.

Reyes Mate, profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Filosofía.