Artur Mas, vencedor consecutivo de las elecciones catalanas desde que Jordi Pujol cedió el testigo, no ha visto el poder desde hace ocho años. Los tripartitos son un fracaso, como lo han sido en Baleares los pentapartitos engendrados por el PSOE. Nadie duda de su legitimidad, pero han sido un fiasco, cuando no una sarta de corrupciones por obra y gracia de Unió Mallorquina, cuya presidenta, Maria Antònia Munar, abusó sistemáticamente de un dudoso privilegio, a derecha e izquierda, que la facultaba a decantar el poder hacia unos u otros sin excesivos escrúpulos. Finalmente, la justicia ha puesto las cosas en su sitio. Desde luego, no es eso lo que dignifica la política, ni tampoco lo de Gürtel en la oposición.
La broma emerge cuando las encuestas andaluzas preconizan una ventaja del PP que cuestiona 30 años de dominio socialista. Si en los municipios capitalinos hace tiempo que perdió el PSOE su hegemonía, ¿cómo se explica esa resistencia de Zapatero y compañía chavista? El Gobierno de Zapatero regresó hace unos días a sus más que discutibles fórmulas sufragistas del voto andaluz. Es su granero electoral, garantía del poder democrático en España. Alfonso Guerra estableció en su día una estrategia casi infalible: las dádivas injustificadas. En 1981, hubo una acción patronal para impedir dicha tentación: aquella campaña de la sociedad civil que reproducía la estrategia catalana exitosa de 1980 en las elecciones al Parlament de Catalunya. Guerra la cortó de raíz, denunciando a la Junta Electoral Central la campaña del «gusano y la manzana». Se vetó y nunca más sería practicable una acción semejante. La patronal hubo de replegar sus armas, y el paseo triunfal de la izquierda y de Manuel Chaves se convirtió en un hábito regular. ¡Treinta años de poder socialista que ahora tiembla!
Lo acaecido en Sevilla parece harto sospechoso. El clientelismo socialista ha disparado las alarmas y el ardid. De nuevo otro manguerazo de 784,2 millones de euros en función de su absurdamente calificada «deuda histórica». ¿De qué deuda histórica estaríamos hablando? Nadie define el sujeto, ni la causa de la que se deriva tal procedimiento, ni menos aún puede escapar del agravio comparativo para otras comunidades (Madrid, Baleares y, en particular, Catalunya) que han acarreado, con déficit a la recíproca, los recursos fiscales que benefician muy especialmente a esa sociedad con economía subvencionada y con dudosos procedimientos sumergidos. Los datos hablan por sí mismos: el 51 % de la población andaluza vive del erario, bien sea por su tasa de funcionariado (25 % de la población activa) o por su cuota de subsidiados por paro o PER (26 % de su población activa). ¿Dónde queda la solidaridad interregional: en los que pagan sus impuestos, o en los que se benefician del retorno de los mismos? Otro tanto cabría predicar del PER y las famosas peonadas ( ahora se reduce de 35 a 20 el número de jornadas cotizadas para poder beneficiarse del subsidio o renta agraria) ¿En qué otras comunidades autónomas se reproduce este modelo? Probablemente en Extremadura, no en Catalunya.
La historia se repite de forma sistemática. Mas lo acaba de exponer con crudeza comparativa: «En Catalunya no queremos peonadas ni subvenciones, sino infraestructuras y financiación». He ahí la razón de la escasa transparencia fiscal, que todos los gobiernos, de un signo u otro, han mantenido hasta que el conseller Castells y las presiones de los partidos catalanes obligaron a la transparencia. No resulta fácil contraargumentar el disgusto catalán con infraestructuras subdotadas o inversiones no siempre consistentes, como se ha constatado, año a año, en la liquidación de las partidas presupuestarias del Estado. Mucha dotación nominal en capítulos de inversión, tantas veces en el olvido o en el incumplimiento. Sobra razón a la sociedad civil catalana para determinadas quejas.
Subsanar esta herida es un deber ineludible del Estado. No parece recomendable prodigar el argumento de la solidaridad interregional sin una correspondencia; de otro modo, unas comunidades se sacrifican por otras, que, paradójicamente, se convierten en granero electoral infalible. Es decir, los que aportan al Fisco pierden, los que reciben las subvenciones ganan. Todo un círculo vicioso electoral que fecunda con los años las protestas y germina en los realmente solidarios el espíritu independentista. ¿Cabe la sorpresa de las consultas independentistas de Catalunya, cuando Euskadi y Navarra disponen de conciertos económicos que los alivian de dicha solidaridad apelada?
Un procedimiento, de legitimidad discutible, que no se atiene luego a las exigencias estatales sobre la deuda autonómica. Los 86.280 millones acumulados en deuda por las autonomías (1.850 euros por ciudadano) gravitan en su mayor parte en las comunidades menos subvencionadas: Catalunya, 22.605 millones; Comunidad Valenciana, 14.330 millones, y Madrid, 11.576 millones (más del 50 % de la deuda total) ¿No debería revisarse esa política de clientelismo injusto antes de exigir más sacrificios a dichas comunidades?
Manuel Milián Mestre, ex diputado del PP.