Estos días hemos podido ver numerosas imágenes de las inundaciones recurrentes, cada poco tiempo, de las crecidas del Ebro, desde Navarra hasta Tarragona. Cuando Don Javier de Burgos hizo el diseño de división provincial en 1833 no podía ni imaginar que, incluir ambos márgenes del río Ebro en la provincia de Tarragona, (lo habitual en una demarcación política o administrativa es que el río sirva de línea divisoria) iba a supeditar todo el Levante español a la dictadura de los nacionalistas de Cataluña y a la cerrazón de parte de la opinión pública aragonesa. En su descargo hay que señalar que tampoco el general Franco, en 1940, se temió que Cataluña fuera quien dispusiera del grifo del Levante y no se le ocurrió modificar los márgenes provinciales de Tarragona con Castellón.
En la mentalidad de los gobernantes españoles, la dificultad de un trasvase estratégico del Ebro al Levante era de orden presupuestario y técnico. Nadie imaginó que para ese proyecto -el Plan Hidrológico Nacional, ya ideado por los ilustrados- iban a surgir en el siglo XXI, una vez superados los límites estructurales antiguos de dinero y maquinaria, nuevos impedimentos: el separatismo y la tecnocracia de izquierdas.
Ante las recientes inundaciones de Zaragoza, el PSOE se ha apresurado a repetir su receta de “consumo eficiente” y desalinizadoras. El consumo eficiente lleva años realizándose (¿quién consume menos y mejor que un pobre?) y en cuanto a las desalinizadoras, producir un litro de agua dulce, además de contaminar lo que no está escrito, sale más caro que un litro de limonada en lata.
En contra del trasvase hay razones de tipo económico, de estrategia política separatista y de ideleogismo ecologista. En el caso del PP de Aragón, es por miedo a la escasez; en el caso del catalanismo nacionalista es por oponerse a cualquier iniciativa que suponga integración nacional (el nombre del PHN les produce erisipela) y tener el control futuro del grifo del Ebro. En el caso del PSOE y ecologistas es una mezcla de tecnocracia, torpeza e ignorancia. Al PP de Mariano Rajoy, en 2011, con mayoría absoluta, no se le ocurrió retomar el PHN porque “esto no es fácil” y “esto es muy difícil”.
Veamos la primera razón de los aragoneses, tanto de izquierdas como de derechas. El PHN se hacía con rigurosos estudios sobre caudales sobrantes o excesivos en los periodos de crecidas. Para eso se hacen embalses (antes llamados pantanos). El principio era de prioridad de consumo para las provincias tributarias de la cuenca, en su respectiva proporción a los aportes, y sólo después de cubierta la demanda de la cuenca se pasaba a considerar el volumen del trasvase. Es más, el agua que superara el caudal mínimo que se vertía al Mediterráneo es susceptible de trasvase -no obligatorio- y se podría aprovechar en el Levante e incluso ser una fuente de ingresos para las arcas de los cedentes. El miedo atávico a la sequía hace que parte de la opinión aragonesa sea un freno del PHN. Hay que hacerles ver que el trasvase se inicia aguas abajo de Aragón y que la cuenca norte de la provincia de Castellón, la sierra de Morella, (ríos Bergante y Guadalope) es tributaria del curso bajo del Ebro.
Por lo que respecta a los nacionalistas catalanes, ellos no comparten los temores a la sequía en su territorio debido a los afluentes pirenaicos del Ebro y su mayor pluviosidad. Su oposición procede de su negativa a cualquier medida de integración nacional española que les incluya y además están felices siendo los propietarios del curso bajo del Ebro, por Tarragona, pues les hace dueños del grifo del Ebro. En el peor de los horizontes imaginables, siendo Cataluña una república independiente, si la Comunidad Valenciana quiere agua del Ebro, ¿cuál será el precio?: integrarse en los países catalanes. La sed aprieta mucho.
Pero el argumento más naif y torpe es el del psoe-zapateril, versión Narbona. Aznar perdió cuatro años entre 1996 y 2000 en el PHN. Cuando Matas se decidió a desarrollarlo, tardó tres años y medio en preparar financiación y diseño, expropiaciones, etc. Resultado, nada más llegar Zapatero, Narbona suspendió definitivamente el PHN. ¿Argumentos?: hay que cumplir primero el pacto del agua de 1992 (aprovechamiento eficiente y embalses en la cuenca del Ebro, consumo eficiente en Levante (¿?) y desalinizadoras. Resultado: estamos como en la época de Franco, sólo con el trasvase Tajo-Segura que no da más de sí, ante una demanda creciente en la Comunidad Valencia, Murcia y Almería por una agricultura de altos rendimientos y un desarrollo de consumo de turismo que es un motor económico para las provincias costeras y para toda España.
En el PHN, como no podía ser de otra forma, se establecía, después de cuidadosos estudios, el caudal mínimo ecológico que en todo caso se debía respetar. Por debajo de ese caudal se garantizaba que no se harían trasvases de agua a ninguna otra cuenca. Con ese caudal ecológico se trata de asegurar la conservación del equilibrio medioambiental de la cuenca y del delta del Ebro, en su desembocadura en Amposta. Por tanto la oposición del PSOE al PHN es una mezcla de ideologismo ecologista naif, irresponsabilidad y cálculo electoral.
El PHN, el trasvase del Ebro al Levante, es una de las muchas asignaturas pendientes que tiene un gobierno reformista en España. Tratándose de un tema de interés nacional, lo normal es que los principales partidos coincidieran en este objetivo principal. Sobre todo si una dejación del PHN supone poner en manos de los golpistas separatistas un arma tan importante como el grifo del Ebro ante un sediento Levante español.
Guillermo Gortázar es historiador y abogado. Su último libro es 'El salón de los encuentros. Una contribución al debate político del siglo XXI'. (Unión Editorial. Madrid, 2016).
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