Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminó que los detenidos en Bahía de Guantánamo tienen derecho a un hábeas corpus - el derecho a recusar la base fáctica y legal de su detención en un tribunal de justicia-. La decisión me regocijó, después de cuatro años de haber trabajado para asegurar el régimen de derecho en la política de detención e interrogatorio de Estados Unidos, incluida la supervisión de los juicios de comisiones militares en Bahía de Guantánamo. Pero mi felicidad se ve oscurecida donde estoy, cerca de la frontera con Zimbabue - un país donde el mandato judicial de hábeas corpus y el régimen de derecho se han vuelto obsoletos-.
El hábeas corpus, término que en latín corresponde a "que tengas tu cuerpo", es un antiguo principio del derecho común inglés incorporado a la Constitución de Estados Unidos para asegurar la libertad frente a una detención ilegal por parte del Estado. Fue y sigue siendo un control fundamental frente a la encarcelación de individuos sin omisión por parte de las cortes independientes. En Zimbabue, este derecho - como tantos otros equilibrios de poderes- ha sido socavado por un Estado represivo.
Apenas horas antes del dictamen del Supremo de EE. UU., Tendai Biti, secretario general del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), fue arrestado tras su regreso a Zimbabue. A pesar de los intentos inmediatos por parte de sus abogados para dar con él, durante días se siguió desconociendo su paradero. La policía descartó una orden judicial inicial que exigía que se trasladara a Biti ante un tribunal.
Una vez que Biti fue llevado finalmente ante la corte, días después, el Gobierno anunció que sería acusado de traición - lo que conlleva la pena de muerte- por anunciar extraoficialmente los resultados de las elecciones del 29 de marzo del 2008.
Antes de su detención, Biti había respondido a esas acusaciones declarando que su único delito había sido pelear por la democracia en Zimbabue. Es poco probable que pueda recusar la causa de su detención en un tribunal independiente.
Desde 1999, el MCD ha funcionado como una alternativa democrática para el régimen del presidente Robert Mugabe. En las elecciones de marzo, los zimbabuos hicieron saber su elección, a pesar de los serios obstáculos y la represión generalizada, con el candidato presidencial del MCD, Morgan Tsvangirai, que obtuvo más votos que Mugabe. Pero, según los recuentos de votos dados a conocer por el Gobierno después de una sospechosa demora de un mes, el margen de victoria del MCD- 48% a 43%- no alcanzó el 50% necesario para evitar una segunda vuelta.
Biti no es el único miembro del MCD en estar "desaparecido" por un tiempo por el Gobierno de Mugabe. En los dos últimos años, la policía y paramilitares respaldados por el Gobierno encarcelaron, golpearon y hasta asesinaron regularmente a funcionarios del MCD y miembros sospechados de pertenecer a este movimiento. El año pasado, Biti fue detenido y golpeado junto con Tsvangirai y decenas de otros funcionarios del MCD. Las fotos del cuerpo golpeado de Tsvangirai generaron una protesta internacional.
La violencia patrocinada por el Estado contra el MCDy sus seguidores ha escalado a medida que se acercaba la segunda vuelta electoral el pasado 27 de junio. Hace apenas semanas, Biti describió el descubrimiento del cuerpo mutilado de Tonderai Ndira, un joven líder del MCD. Ndira había sido sacado de su casa por la policía. Estuvo desaparecido durante siete días; cuando encontraron su cuerpo, sólo pudieron reconocerlo por un brazalete que llevaba.
En nuestras oficinas en Johannesburgo, tenemos dos abogados zimbabuos que huyeron de su país después de recibir amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Al menos cinco de sus clientes han sido asesinados en las últimas semanas. Más recientemente, la policía zimbabua suspendió el trabajo de numerosas organizaciones de derechos humanos que estaban documentando la reciente violencia.
Cuesta imaginar que se pudiera llevar a cabo una elección libre y justa con el telón de fondo de una violencia tan intensa y sistémica. De hecho, hasta el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, quien a pesar de una protesta clamorosa de muchos de sus ciudadanos respaldó a Mubage, se sintió obligado a calificarla como una "causa de seria preocupación".
En el caso Boumediene contra Bush, el juez Anthony Kennedy escribió que "la libertad y la seguridad se pueden reconciliar; y en nuestro sistema están reconciliadas dentro del marco de la ley". Pero ya no queda ningún régimen de derecho en Zimbabue - ni hábeas corpus ni control de las acciones arbitrarias del Estado-. Es hora de que intervenga la comunidad internacional, de que haga un llamamiento a poner fin a la detención y desaparición de funcionarios y seguidores del MCD y de que presione para una transición democrática en Zimbabue. Sólo entonces los principios que subyacen a la decisión de la Corte Suprema estarán al alcance de los ciudadanos comunes de ese país.
Priti Patel, abogado en el Centro de Litigios de Sudáfrica en Johannesburgo.