Es opinión generalizada que la Justicia está bajo mínimos y que la Fiscalía General del Estado lo es más del Gobierno. Se ha repetido que la Unión Europea recomienda a España renovar el Consejo General del Poder Judicial pero los medios bizcochados por el Gobierno han insistido mucho menos en que Europa muestra su preocupación por la independencia de la Fiscalía General en España que entiende comprometida. Lo cierto es que no hay precedente de que una diputada del partido gobernante y hasta poco antes ministra de Justicia ocupe la Fiscalía General del Estado.
La Justicia alerta recelos en buena parte de la sociedad. Procedimientos interminables, falta de medios, reiteradas filtraciones en sumarios relevantes de trasfondo político, utilización de la Justicia por los partidos por la vía de las acusaciones particulares... Existe una sensación creciente de que la separación de poderes de Montesquieu está herida de muerte. El Gobierno ha desactivado el Parlamento y ha viciado el Poder Judicial. Las sentencias abiertamente contrarias sobre procedimientos similares tampoco aportan confianza. No es anormal que ante el inicio de un procedimiento el abogado sorprenda al cliente con un: «A ver qué juez nos toca».
La sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a Rodrigo Rato y a más de una treintena de acusados en el llamado «caso Bankia», su salida a Bolsa, resulta esclarecedora y supone un grave varapalo para la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía está en el ojo del huracán desde hace años. Por ejemplo cuando un antiguo Fiscal General anunció gráficamente: «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino». Afirmación acaso poética pero objetivamente insólita en quien ha de garantizar independencia y rigor.
En esta amplia sentencia de la Audiencia Nacional se dedica una atención especial al caso de Ángel Acebes, al calvario sufrido por quien fuera titular de tres carteras importantes, entre ellas la de Justicia, en los Gobiernos de Aznar, por su condición de consejero y presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento de BFA, matriz de Bankia, y los jueces son contundentes. La Fiscalía pedía prisión para Acebes por supuesta falsedad contable. La sentencia señala que «resultaría absolutamente insostenible asignar algún tipo de reproche penal a la actuación desarrollada», y tras sólidos argumentos que echan abajo las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, los jueces rechazan todas las acusaciones a Acebes y reprochan a la Fiscalía la imputación «inesperada y sorpresiva» que privaba a Acebes de «poder intentar la prueba -desde luego diabólica- de la inexistencia de la acusación» y la consideran «paradigma de trato discriminatorio».
Es tal la intencionalidad de las acusaciones que Acebes no era consejero de BFA, cuando Bankia salió a Bolsa, y sin embargo a ciertos imputados de filiación socialista, de cuyos nombres no quiero acordarme, se les retiraron las acusaciones porque llevaban sólo unas semanas en el Consejo. Acebes no llevaba tiempo alguno; sencillamente no pertenecía al Consejo. La motivación política de una y otras decisiones de la Fiscalía parece evidente. Los jueces reconocen que Acebes «merece, sin duda, la respuesta que le hemos otorgado por ser de rigurosa justicia, al obedecer a la pura realidad las quejas que reiteradamente vertió».
La acusación popular partió de UPyD «de forma gratuita» como ahora afirma la sentencia. Cada vez se ven más sentencias, más informes de fiscales y de la policía judicial, que incluyen juicios personales, objetivamente temerarios. La acusación popular cuando es utilizada como arma arrojadiza entre partidos embarra no poco el rigor deseable en toda instrucción, y no digamos la paralela repercusión mediática. Son las llamadas «penas de telediario». UPyD presentó en su día una querella que ha resultado falsa y en su conjunto podría considerarse que en este caso latía un fraude procesal.
Los ciudadanos inmersos en una investigación, aunque ésta sea endeble y promovida por la acusación de un partido adversario o una asociación fantasma creada a ese efecto, se sienten sentenciados por la opinión antes de serlo por un juez, con su presunción de inocencia negada, con su honor y el de su familia gravemente lesionados, y con su futuro personal y profesional condicionado. Si al cabo del tiempo se produce el archivo o la absolución el daño ya está hecho. En el caso de Ángel Acebes el calvario ha durado nueve años. Esta injusta gangrena en la honorabilidad y buen nombre de una persona es una perversión democrática impresentable en un Estado de Derecho. Tampoco hay que esperar disculpas de quienes acusaron falsamente ni medida alguna contra la Fiscalía que, a la vista de la sentencia, actuó en el caso de Acebes con «trato discriminatorio» e imputación «inesperada y sorpresiva». Siempre pasa nada.
Celebro la absolución de Ángel Acebes, mi amigo de tantos años, político honrado, hombre honorable y cabal, y de sus compañeros absueltos tras largo calvario judicial. Se ha hecho justicia aunque tardía. El honor de Acebes queda incólume. Desde la verdad lo estuvo siempre.
Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.