Por Antonio Elorza, catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid (EL PAÍS, 12/03/03):
No es nada nuevo. La política exterior de la derecha española tiene tras de sí una larga tradición de divorcio respecto de los intereses del país. A la pregunta de qué se le ha perdido a España adoptando una actitud tan beligerante como la actual en la crisis de Irak, José María Aznar ha sido incapaz de dar otra explicación que la necesidad de agrupar detrás de los Estados Unidos a todos aquellos que son conscientes de que el terrorismo constituye la principal amenaza mundial contra las gentes de bien. El pequeño obstáculo que se alza contra ese pretexto es la universal opinión de que asociar a Sadam con Al Qaeda tiene tanto sentido como mezclar el agua y el aceite: la vertiente laica del iraquí repugna a la ortodoxia integrista, que se limitará en lo sucesivo a esgrimir la agresión a Sadam como prueba de la cruzada que sionistas y occidentales llevan a cabo contra los países islámicos. Los terroristas del 11-S no necesitaron, por lo demás, ningún artilugio químico o de destrucción masiva para ocasionar la catástrofe. Otras coartadas para la guerra rápida, tales como la esgrimida aquí por los voceros del recién inventado Instituto Elcano, en el sentido de que hay que dar un ejemplo para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva, son aún menos consistentes. No está el balance de la política de los Estados Unidos en Oriente Medio y en Asia como para avalar una pretensión de juez de paz. Bush tiene sus razones, que son otras, para la invasión de Irak. Pero, ¿son éstos los intereses de la política exterior española? La impotencia intelectual de que da pruebas Aznar ante ese reto es absoluta, y cuando trata tímidamente de sacar la cabeza, apuntando alguna iniciativa propia, tropieza con un significativo silencio de Bush o con el sarcasmo de Rumsfeld ante la recomendación de que los encargados de la defensa sean parcos en palabras. Cada cual, en su sitio.
Hemos cambiado la cohesión europea y el prestigio en el mundo árabe y en Latinoamérica por el papel de peón de una gran potencia que atiende exclusivamente a sus intereses, vistos además en clave de monopolio de la fuerza. ¿Para qué? Y más cuando hubiera sido suficiente con impulsar las inspecciones sobre Irak desde el Consejo de Seguridad, armados de firmeza y paciencia, para que la comunidad internacional hubiese mantenido un acuerdo de base y la decisión final llegara, en uno o en otro sentido, por una elección racional y no por el simple deseo norteamericano de desencadenar la guerra a toda costa. De ahí la impresionante respuesta de la opinión pública mundial. Es razonable que Bush y Rumsfeld no inspiren la menor confianza de cara a la construcción de un nuevo orden internacional. Son los simples herederos de la política de destrucción puesta en práctica por Nixon hace más de tres décadas. Si Sadam no inutiliza los misiles, está justificando la invasión; si lo hace, es "la punta del iceberg", no sirve de nada o es sólo "un juego cruel", como refrendan los corifeos Blair y Aznar. Aun en la hipótesis de que existieran razones para eliminar por todos los medios a Sadam Husein, el belicismo del tridente Bush-Blair-Aznar es tan ostentoso que se descalifica a sí mismo.
El episodio recuerda algunos comportamientos anteriores de la política agresiva de los Estados Unidos, y de forma bien concreta el deslizamiento inexorable hacia la guerra con España en el 98. McKinley exigió en aquella ocasión del Gobierno español un alto el fuego unilateral ante los insurrectos cubanos, opinando que era una concesión imposible y, por tanto, un buen pretexto para la intervención. Pues bien, el alto el fuego, una vez concedido, fue inmediatamente silenciado en Washington. La guerra ya estaba previamente decidida y lo único que importaba era eliminar posibles oposiciones en la escena internacional. Como ahora. Bush irá a la guerra, siempre que cuente con una plataforma territorial viable para la invasión, y la atención a la ONU tiene por único objeto maximizar los apoyos, evitando de paso la gestación de poderes alternativos, singularmente Europa, en la escena. No admite siquiera la actual situación en que ejerce de hecho un monopolio parcial del poder en el marco de la globalización.
La vocación hegemónica de Bush tiene un claro fundamento en la lógica imperialista y en los recursos bélicos disponibles, aunque no en las ideas ni en la supuesta justificación moral que siempre invoca. Por su parte, Blair se inscribe en una tradición colonialista sólidamente establecida. Y Aznar recupera esa vieja lógica de disociación que presidió la agonía de nuestra era colonial, a la que por un azar de la historia pertenecen los orígenes familiares de algunos de sus ministros. La conocida admiración de nuestro presidente por el moderantismo decimonónico, que culmina en la Restauración, se transforma en una sorprendente continuidad respecto de aquellas tomas de posición grandilocuentes que invocaban a pleno pulmón y a cerebro vacío el honor de España y los valores de la guerra. A pesar de su torpeza, las enérgicas intervenciones de Ana de Palacio hubiera llenado de orgullo a su antepasado, el general Lersundi, el más reaccionario de los capitanes generales de Cuba en el siglo XIX. En cuanto a Rodrigo Rato, si alcanza la presidencia del Gobierno, tendríamos en ese cargo al descendiente por línea paterna de un alto funcionario colonial, según nos cuenta en un libro reciente E. Tijeras, y por la materna, de aquel abogado integrista Rodríguez San Pedro que sirvió a lo peor del capitalismo depredador hispano en Cuba. Tal vez es pura coincidencia, como lo fue entre los años treinta y setenta el puente azul que enlaza en ambas historias familiares, y en Aznar, con el pasado próximo de la adscripción democrática. Lo que cuenta es un planteamiento ideológico, de entonces y de ahora, que exalta el patriotismo, la presencia internacional de España y su proyección guerrera, sin tomar en consideración las limitaciones de un país que requiere ante todo una inserción en un entramado de alianzas y en una cooperación internacional pacífica sin arriesgar unos recursos precarios. Claro que no se trataba, y posiblemente no se trata hoy, de una simple miopía, sino de una concepción patrimonial que ve en el Estado y en su dimensión exterior, con la correspondiente envoltura ideológica, un instrumento para consolidar el propio dominio en la sociedad española. Al servir de peana al poder mundial de Bush, la derecha tipo Aznar busca sobre todo hacerse invulnerable en el interior del país. No es la voz de la "vieja Europa", como en los casos alemán y francés, sino la expresión de los herederos de un rancio poder oligárquico. Además, Europa, que se vaya al diablo: con el "vínculo transatlántico" basta. De ahí su enorme irritación cuando ha percibido los primeros signos de rechazo social.
Nada tiene de extraño entonces que ese olvido de los intereses de la sociedad se haya traducido en una actitud de abierto desprecio hacia una opinión pública contraria a la política de guerra. Rompió el fuego la ministra, recordando en las Cortes que entre elección y elección, la democracia consiste en ignorar lo que los ciudadanos piensan. A continuación, vista la intensidad del descontento, el Gobierno optó por practicar una deformación descarada de los mensajes, utilizando todos los medios a su disposición para demostrar a los manifestantes que eran ingenuos menores de edad, manipulados, como sucediera en tiempos del franquismo, por una oposición demagógica e irresponsable. En tertulias y artículos de los medios gubernamentales, la agresividad se volcó también contra las potencias europeas que por intereses inconfesables, o por simple ignorancia, defienden la paz, con Chirac y Villepin en calidad de chivos expiatorios. Reencontramos al hispanus gloriosus de tiempos de Cánovas: lo que todo esto pueda afectar al problema que debiera ser prioritario, la necesidad de relaciones estrechas con Francia para acabar con ETA, nada importa.
Como no le importa al Gobierno convencer, sino imponer y engañar, si bien en este caso es de aplicación aquello de que antes se atrapa a un mentiroso que a un cojo. Existen unos límites para la manipulación del discurso en la propaganda política, y el Gobierno de Aznar los ha franqueado con tal desparpajo que resulta dudosa la eficacia de la transgresión. La clave consistió primero en eliminar del propio lenguaje la palabra "guerra", empleando como mucho "conflicto armado" -el mismo procedimiento con que ETA convierte al "terrorismo" en "lucha armada"-, y sobre todo insistiendo en que el objetivo de la política de Aznar sobre Irak es "la paz", de nuevo al modo que usa ETA expresiones tales como "alternativa democrática" para encubrir su proyecto de supresión de la democracia. El impresentable folletito encartado en este y en otros diarios, donde "la paz" sirve una y otra vez de máscara a una voluntad de guerra, constituye la mejor prueba de que estamos ante una estrategia de inversión de los significados, en la línea del famoso arbeit macht frei de Auschwitz, y como siempre para colocar una cortina de humo destinada a tapar una política de destrucción. ¿Quién puede creer que "el Gobierno trabaja para la paz" cuando a los dos días suscribe el anuncio inapelable de guerra contenido en un proyecto de resolución presentado al Consejo de Seguridad donde Estados Unidos, Reino Unido y España sentencian que "Irak no ha aprovechado la última oportunidad"?
Autores como David Held o Robert Dahl han puesto de relieve la interacción entre guerra y democracia en el mundo contemporáneo. En un marco democrático, la orientación de un Gobierno hacia la guerra implica la exigencia de obtener el apoyo de los ciudadanos para la misma, de modo que se establece una reciprocidad entre el gobernante que hace asumir un riesgo a la colectividad, explicando tal decisión, y el consenso activo de los gobernados. Pero no es menos claro que esa vinculación falta cuando la política de guerra surge al margen de los intereses nacionales, y de Europa en este caso, y el gobernante asume el papel de tutor autoritario de un rebaño de gentes que ignoran los misterios de la alta política. No otra fue la actitud definida por Aznar, y seguida fielmente por sus colaboradores, ante unas manifestaciones que les permitían comprobar los buenos sentimientos de sus súbditos; sin embargo, ello no debía afectar en nada al "sentido de responsabilidad del Gobierno". Y para que ese ejercicio de la responsabilidad no encuentre obstáculos, entran en juego controles y restricciones impuestos por doquier desde el Gobierno. Así, los debates iniciales en el Congreso fueron trucados, el primero por las restricciones impuestas en el procedimiento, y el segundo, con la jugada de someter a voto el acuerdo de mínimos europeo sin poner sobre la mesa la política real del Gobierno en la crisis; la información en televisión y medios oficiales y oficiosos -con la excepción de un corresponsal en Antena 3- se ciñe a las directrices y consignas gubernativas, sin renunciar a las añejas noticias e intervenciones "de inserción obligada", y, en fin, todo debate público con los discrepantes es proscrito. La posición mayoritaria de la sociedad no resulta así solamente ignorada por las decisiones del Gobierno de Aznar, sino que se encuentra sometida a un régimen de censura efectiva, por debajo de los mínimos de pluralismo exigibles para los medios de comunicación del Estado y paraestatales en una democracia. Tenemos ante nosotros el muro que encarnan las entrevistas de Carlos Dávila. La crisis de Irak no contribuye de este modo a fortalecimiento alguno de la conciencia democrática, sino al triste espectáculo de su anulación por voluntad de un Gobierno.