El humo no nos deja ver la ley

Por Jordi Xuclà, portavoz de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, CiU (EL PERIÓDICO, 05/01/06):

El 1 de enero entró en vigor la ley reguladora de la venta de tabaco. Se trata de una de las normas sanitarias que tendrá un impacto más directo sobre una cifra más abundante de ciudadanos. No podemos hablar de una nueva legislación del tabaco, sino de la primera ley que intenta afrontar de forma integral el consumo de tabaco, la regulación de los espacios donde se puede y no se puede fumar, la relación de lugares donde se puede vender tabaco, un cuadro sancionador, y un nuevo capítulo, introducido en el trámite parlamentario, sobre las políticas sanitarias de deshabituación y prevención del tabaquismo. La aprobación de la norma ha levantado un gran número de interpretaciones sobre su aplicación que, en algunos casos, son exageradas. La necesidad de una ley integral del tabaco era un objetivo programático compartido por el conjunto de las fuerzas del arco parlamentario. Coincidiendo en el qué, han existido, en cambio, importantes debates en el cómo: en el tiempo y las medidas a adoptar para el despliegue de la norma. Podemos convenir el qué si tenemos en cuenta que un 31% de la población adulta de España fuma, y que reducir este porcentaje es obligación de una política sanitaria que tenga en cuenta los perjuicios del tabaco en la salud de los fumadores y en la de quienes reciben pasivamente el humo. La deshabituación del tabaco, así como la prevención en su iniciación, son objetivos que deberán valorarse a medio plazo: ésta debe ser una ley reformista, no redentorista. Con este espíritu tiene que aplicarse; pensando, sobre todo, en las personas jóvenes que todavía no han empezado a fumar, y sabiendo que será una ley que ayudará a quienes a causa de su poca dependencia del tabaco ya tenían previsto dejarlo.

LA MINISTRA de Sanidad persigue una reducción del 5% del número de fumadores en dos años. Es un objetivo alcanzable y seguramente prudente, porque la aplicación de la ley tendrá un fuerte impacto tanto por lo que prohíbe como, más aún, porque ha creado un estado de opinión y una apariencia de prohibición que va mucho más allá de lo legislado. En el Parlamento hemos introducido criterios de aplicación gradual. Me refiero, por ejemplo, la moratoria de ocho meses de bares y restaurantes de más de 100 m2 para adaptarse a la ley, o a la moratoria de tres años en lo que respecta a la publicidad en las competiciones deportivas de motor. Una ley que afecta a un segmento tan importante de la población debe contemplar periodos transitorios, sin complejos. Lo que debe preocuparnos, en cambio, es que aún sin haber entrado en vigor la ley, la empresa tabaquera ya había ideado una oferta de cajetillas de tabaco muy baratas (menos de dos euros) para incidir especialmente entre la población más joven. Eso sí debería preocuparnos. La ley del tabaco se ha explicado por parte de algunos de un modo que sólo ha creado desinformación. Algún medio ha publicado una relación de restaurantes a los que se ha preguntado si el 1 de enero dejarían fumar. Es mucho más sencillo: bares, restaurantes y salas de fiesta de más de 100 m2 de atención útil al público (ojo al matiz) tendrán que haber habilitado el 1 de septiembre unas zonas de fumadores de hasta el 30% del conjunto del espacio del local de atención útil al público. Eso si no deciden ser locales sin humo. Los bares y restaurantes de menos de 100 m2 de atención útil al público, sólo deben decidir si dejan fumar o no. No hay que complicarlo más. La ley debería haber previsto exenciones fiscales para que las obras necesarias no fueran gravosas para los propietarios. Los ayuntamientos gobernados por CiU eximirán del impuesto municipal a los locales que tengan que hacer obras. Una iniciativa que puede ser sanamente imitada.

AFIRMABA AL principio que la ley tiene la pretensión de ser una ley integral. Con todo, le falta una pata básica: la financiación pública de los tratamientos de deshabituación. Fumar es un hábito que crea dependencia en gran parte de fumadores. Una dependencia que cumple todas las características de una drogodependencia. Así está reconocido por los propios poderes públicos. En cambio, fumar será la única drogodependencia reconocida como tal sin que se proporcionen ayudas públicas para su deshabituación. Incluso se ha llegado a cuestionar, durante la tramitación parlamentaria, el valor médico y científico de algunos tratamientos. Días más tarde, el Govern de la Generalitat anunciaba que financiaría los tratamientos de deshabituación a sus funcionarios. La contradicción es evidente y precisa enmienda. Quien fuma, seguramente seguirá haciéndolo. La ley debe servir, sobre todo, para que quien no ha fumado nunca siga sin ver aliciente alguno en ello. Los resultados, pues, deben valorarse a medio plazo. Tranquilidad.