El imperativo del acreedor

Proclamarse austero hace solo cinco años resultaba una provocación. Lo recuerdo muy bien, porque en aquella época había dejado mi trabajo fijo en una redacción y no me quedó otro remedio que imponer severos recortes a mis gastos. Se trataba de restricciones y así hubiera debido llamarlas, pero en conversaciones en las que cualquiera relataba alegremente una Nochevieja en Estambul financiada a crédito, necesitaba un eufemismo que no me convirtiera en una inadaptada. En aquellos años, sugerir que una se privaba de algo -cuando tenía a todos los bancos dispuestos a impedirlo- equivalía a ser considerada una avara, algo insoportable para todos los que de pequeños leímos la historia de Ebenezer Scrooge en el Cuento de Navidad de Dickens. Yo misma me asignaba el calificativo de “austera”, pues aunque también despertaba sospechas, al menos me asimilaba a la sobriedad, no a la avaricia. La definición de “austero” de María Moliner me reafirmaba: “Aplicado a las personas y costumbres, reducido a lo necesario y apartado de lo superfluo o agradable”.

La relación con el dinero reviste tal importancia en la cultura occidental que existen multitud de palabras para definirla con sutileza. Por eso mismo, resulta muy sensible a la tergiversación: una mera diferencia de grado convierte la acción de ahorrar en escatimar; un matiz separa el gasto del dispendio y puede convertir la cualidad de ser generoso en el defecto de la prodigalidad. La elección de “austeridad” como palabra fetiche del discurso dominante no resulta casual. Recuerdo a la perfección el día que la vicepresidenta Salgado presentó los Presupuestos de 2011 calificándolos de austeros, cuando eran de hecho restrictivos, porque yo ya lo había hecho antes.

Lo cierto es que las políticas de reducción del déficit no buscan evitar los excesos y prescindir de lo superfluo, sino imponer severos recortes incluso en partidas tan necesarias como la sanidad o en otras que constituyen una inversión y no un gasto, como la educación. La generalización del uso de “austeridad” tiene dos efectos muy visibles en el discurso público. En primer lugar, pone el acento en el capítulo de los gastos y deja de lado los ingresos, pese a que el déficit no es más que la relación de los primeros y los segundos. Además, permite presentar los recortes con connotaciones positivas, no solo porque parece razonable gastar menos cuando se ingresa menos, sino porque el rechazo a los excesos implícito en el comportamiento austero entronca, por un lado, con el “justo medio” aristotélico, el lugar de la virtud en la Grecia clásica, y por otro con el ascetismo cristiano, según el cual el alejamiento de lo material facilita la espiritualidad y el encuentro con Dios. Para creyentes y ateos, la austeridad apela a valores profundos, a raíces culturales que nos la hacen aceptable como parte de un camino virtuoso. No es solo que la palabra “restricción” resulte demasiado clara, es que carece del sedimento moral de toda virtud: no es trascendente ni nos hace mejores; es meramente coyuntural, un mal trago que hay que pasar.

El medio virtuoso vuelve a aparecer en esa frase que, si nada lo remedia, quedará inscrita con letras de oro en la Constitución Española: “Estabilidad presupuestaria”. Al parecer hubo discrepancias a la hora de redactar el nuevo artículo, pues el PP prefería otro agradable eufemismo: “Equilibrio presupuestario”. La querencia me trajo a la memoria una afirmación del ministro Valeriano Gómez, quien hace unos meses vaticinó que alcanzaremos el equilibrio en el mercado laboral cuando ni se cree ni se destruya empleo. Hombre, no; más bien llegará cuando la cifra de demandantes de empleo se acerque al número de puestos ofertados. Con el déficit ocurre algo parecido: lo equilibrado para un Estado es asumir un cierto endeudamiento, acorde a sus ingresos, porque permite acometer iniciativas de gran envergadura que de otro modo resultan imposibles, como la construcción de infraestructuras. Definir el déficit cero -o 0,4% tanto da- como el punto de equilibrio es un mal chiste, como el de los cero grados que no son ni frío ni calor. Para ser precisos habría que llamar “rigor presupuestario” a la política de no gastar ni un céntimo más de lo que se ingresa, aunque se comprende que ninguno de los dos partidos haya peleado por esa frase, tan fea como fiel a la realidad.

De manera que nos esperan restricciones y rigor, nada de austeridad y equilibrio. Pero si esos principios ya han impregnado las políticas económicas de los Gobiernos, obedeciendo a los dictados de acreedores, especuladores y mercados, ¿qué necesidad hay de inscribirlos en la Constitución? ¿Acaso supone una garantía de su cumplimiento? No parece, y no solo porque se vayan a prever excepciones -por ejemplo, en situaciones de recesión económica-, sino porque los Gobiernos no se van a multar a sí mismos si fallan. Por otro lado, tampoco el hecho de que hasta ahora la Constitución no incluyera ese precepto no ha dado carta blanca a ningún Gobierno para considerarse libre de sus compromisos.

En el fondo, no es extraño a las constituciones recoger principios que son de difícil aplicación. En la nuestra figura desde hace años el derecho al trabajo de los españoles y ningún ministro ha ido a la cárcel a causa de los cinco millones de parados. Sin embargo, permite a los ciudadanos identificar aspiraciones compartidas en asuntos que consideramos especialmente relevantes porque forman el núcleo de nuestros valores como país: que trabajen todos los ciudadanos que lo desean, que no exista discriminación, que España sea un Estado social y democrático donde rija el imperio de la ley. No son vaciedades, sino principios que configuran un relato. Su valor estriba precisamente en que no operan solo en el ámbito de la realidad, sino sobre todo como referencia, como ideal identificable para el conjunto de la sociedad. Enuncian tanto lo que somos como lo que queremos ser: aquello en que ciframos nuestra perfectibilidad.

Al consagrar en el texto legal de más alto rango que el pago de los créditos de las Administraciones “gozará de prioridad absoluta”, se está dando un giro radical al relato que hasta ahora nos habíamos construido, el del Estado como principal garante de la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. De pronto irrumpen en él los intereses de los acreedores para erigirse en intereses de carácter general, que se antepondrán si llega el caso a la igualdad, a la libertad y al bienestar. El imperativo del acreedor pasa a ser imperativo nacional. Se convierte su prioridad en la nuestra; sus necesidades particulares, en objetivos comunes. Y si bien resulta comprensible que ellos quieran cobrar, no lo es hacer de eso la función primordial de un Estado.

Nadie niega la necesidad de limitar el gasto, pero hay que determinar el lugar correcto de esa limitación en la totalidad de las preocupaciones del Estado. Un Parlamento que, en las circunstancias actuales, da un carácter relativo a la preocupación del paro o la falta de crédito a las empresas, mientras erige en absoluta la preocupación por los acreedores, está de hecho admitiendo la hegemonía del poder financiero.

Se trata del remate final de una crisis en la que los bancos salen indemnes de aquellos asuntos relevantes en los que se han visto directamente implicados: la dación en pago, el crédito a las empresas, los agujeros del ladrillo. No ha sido posible que contribuyeran a aliviar a los hipotecados, no ha habido forma de forzarles a conceder créditos a los empresarios asfixiados. El Estado, en cambio, sí ha corrido en su socorro cuando han necesitado cuadrar sus balances. La limitación del déficit solo viene a ratificar su triunfo, porque los enunciados de carácter político quieren decir mucho más de lo que dicen. Dos simples palabras, “prioridad absoluta”, encierran la sumisión del poder político al poder financiero. Había que escribirlo en la Constitución para que nos vayamos enterando de quién manda.

Por Irene Lozano es periodista y escritora.

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