Grecia y sus acreedores hoy están promulgando un acuerdo que ofrece respaldo financiero a cambio de reformas de amplio espectro. Si bien abundan las reservas respecto del acuerdo, las condiciones políticas no permitían uno mejor. Pero el acuerdo puede -y debe- servir de base para salvar a Grecia y a la eurozona.
Para que el plan funcione, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, debe mostrar un verdadero compromiso con un programa de reforma en el que ni él ni muchos ciudadanos griegos creen. Y debe forjar una alianza con los partidos pro-europeos de Grecia, porque sólo un gobierno unido podrá cumplir las expectativas.
Los acreedores deben encontrar el dinero para financiar el rescate. Y el Fondo Monetario Internacional debe acordar con el Eurogrupo respecto de cómo restablecer la sostenibilidad de la deuda en Grecia, un prerrequisito para que el país vuelva a tener acceso a los mercados de capitales.
En este esfuerzo, debe hacerse una distinción esencial: si bien Grecia se ha comprometido a una reforma profunda y rápida, no se la debe obligar a implementar una consolidación fiscal apresurada. De hecho, una estrategia de este tipo podría minar de inmediato las reformas estructurales necesarias, destruyendo en particular el capital político necesario para implementarlas.
Desafortunadamente, el acuerdo reciente incluye propuestas poco realistas para un ajuste fiscal. Antes de que los bancos griegos cerraran sus puertas y se impusieran controles de capital a fines de junio, la Comisión Europea estableció el déficit presupuestario primario para este año en 4.000-6.000 millones de euros (4.300-6.500 millones de dólares), o el 2-3% del PIB. Ahora, parece que el déficit primario (que excluye los pagos de intereses) podría alcanzar el 6% del PIB, mientras que éste caería un 4%.
Sin embargo, el nuevo acuerdo anticipa que Grecia compensará el déficit fiscal del año en apenas cinco meses. Como Grecia y otros países de la eurozona ya aprendieron, intentar precipitar un ajuste fiscal aumenta la carga de deuda, ya que la escasez de liquidez y la incertidumbre concomitante afectan la producción y los esfuerzos de reforma.
Por ejemplo, una de las iniciativas clave para abordar el déficit fiscal es un incremento del impuesto al valor agregado al 23% para casi todos los bienes y servicios. Pero como la evasión del IVA en Grecia llega al 50%, el incremento dejará a las firmas que pagan, que tienden a ser más grandes y más eficientes, en una situación de desventaja aún mayor respecto de las empresas que no pagan. Grecia, por lo tanto, debería concentrarse primero en construir la infraestructura legal y técnica para combatir la evasión impositiva.
Al gobierno de Grecia le resultará difícil adherir al nuevo programa a menos que sus objetivos fiscales sean sensatos. Si bien, desde un punto de vista político, resulta poco realista renegociar el acuerdo a esta altura, es necesario hacer un análisis serio del ajuste fiscal necesario, posiblemente arbitrado por expertos independientes.
El último análisis del FMI de la sostenibilidad de la deuda de Grecia refuerza esta evaluación. A pesar de la presión por parte de Alemania y otros países para participar en el nuevo programa de rescate, el Fondo no se involucrará a menos que considere que la deuda de Grecia es sostenible. Eso implica conseguir que los stocks de deuda y los flujos fiscales de la economía sean consistentes, con la combinación correcta de objetivos fiscales y alivio de deuda que sean difíciles pero viables.
La disciplina fiscal no debe anteponerse a las importantes reformas estructurales incluidas en el nuevo acuerdo, particularmente las medidas para reparar las pensiones, el sistema legal, los mercados de productos, la administración pública y el sistema judicial. La implementación será muy difícil aún sin objetivos fiscales excesivamente ajustados; con ellos, puede resultar imposible.
Los intentos previos en materia de reforma de las pensiones, por ejemplo, han sido parciales e indecisos, a la vez que las excepciones y los períodos de gracia minaron su efectividad. De la misma manera, si bien los intentos por reformar el código de procedimiento civil, destinados a mejorar la eficiencia del sistema judicial, comenzaron en 2011, se ha hecho poco avance, principalmente debido a la imposibilidad por parte del gobierno de hacer frente a la oposición de las asociaciones de abogados, que perderían sus honorarios excesivos por procedimientos inútiles. Y, si bien se han sentado las bases para llevar a cabo reformas de los mercados de productos, no se han formulado planes para una reforma seria de la administración pública.
La clave para superar estos desafíos es que el gobierno griego se adueñe de las reformas, de manera que el interés público pueda prevalecer sobre los intereses particulares. Pero eso, también, será difícil, dada la opinión generalizada de que los acreedores le están imponiendo las reformas a Grecia. Tsipras debe liderar el camino generando un amplio consenso.
Los detalles de la legislación de la reforma son importantes. En lugar de intentar cumplir con plazos inviables, los legisladores deberían proceder con una celeridad prudente.
Mientras tanto, los bancos griegos -que, en vista de su enorme volumen de préstamos en mora, hoy tienen más probabilidades de ser insolventes que ilíquidos- requerirán una recapitalización masiva, financiada por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, no el estado griego, para quebrar el vínculo entre los bancos y el riesgo crediticio soberano. La operación podría implicar también una reestructuración.
En este esfuerzo, no debe existir una capitalización de deuda de los depositantes, lo que tendría consecuencias sociales perjudiciales, o una titularidad de los bancos por parte del estado griego, lo cual afianzaría el clientelismo en el sistema financiero. El Mecanismo Europeo de Estabilidad luego vendería los bancos en remates abiertos para recuperar su inversión.
Muchos en Grecia, y también fuera del país, han calificado al nuevo gobierno de "opresión neocolonialista". Y, por cierto, la humillación de Grecia en las negociaciones trajo recuerdos del trato brindado al presidente de Indonesia por el FMI durante la crisis financiera asiática de 1997. (Algunos acreedores sienten que ellos son las verdaderas víctimas, aventajadas por homólogos griegos que nunca tuvieron la intención de cumplir sus promesas).
Pero los griegos deben dejar de lado estas respuestas emocionales y reconocer la necesidad de muchas de las reformas propuestas. La imposibilidad de implementarlas por parte de Grecia ha permitido que el clientelismo, la oligarquía, la corrupción y la evasión impositiva sigan prácticamente sin trabas.
La alternativa es una salida griega de la eurozona. (La sugerencia del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, de que Grecia puede simplemente pedir un "tiempo muerto" es una ficción). Los economistas que hacen como que esto no implicaría una catástrofe económica y política para Grecia deberían analizar más de cerca la estructura del comercio griego, la respuesta anémica de las exportaciones a la devaluación interna ya gigantesca y los balances de las compañías y los hogares.
Algunos acogerían favorablemente el daño que esto le provocaría a la unidad europea; nosotros no. El acuerdo reciente dista de ser ideal. Pero Grecia y sus acreedores deben lograr que funcione.
Lucrezia Reichlin, a former director of research at the ECB, is Professor of Economics at the London Business School.
Elias Papaioannou is Professor of Economics at the London Business School.
Richard Portes is Professor of Economics at London Business School and President of the Centre for Economic Policy Research.