El imposible pacto educativo

Muchas voces sensatas han propuesto un pacto nacional sobre la educación. Es lógico dejar fuera de la confrontación de los partidos algunas cuestiones especialmente graves: la educación lo es, sin duda, junto a la unidad nacional, la defensa, la sanidad, el terrorismo… Pero que algo parezca lógico y necesario no quiere decir que sea posible, en la España actual.

El dinero juega también aquí un importante papel. Los Rectores de las Universidades luchan por mantener sus presupuestos como si, con eso, se solucionara ya el problema educativo. Lo que sí se solucionaría es su más urgente problema, como gestores de unos organismos ineficaces hasta la exageración.

Antes que el dinero, existe una cuestión básica: la concepción o la filosofía, como queramos llamarlo. Ahí está el busilis, la madre del cordero. Tres Ministros de Educación del PP – Esperanza Aguirre, Pilar del Castillo, Wert – han intentado reformas bastante tímidas pero que iban en la buena dirección. La sociedad no las respaldó; el PSOE se apresuró a descalificarlas y, en cuanto volvió al poder, las deshizo. Es una historia que ya aburre, de tan repetida.

La clave del asunto es bien sencilla: la necesidad del esfuerzo, de la exigencia, de la selección. Es algo tan evidente que no debería necesitar defensa alguna pero lo rechazan tajantemente los supuestos «progresistas», empeñados en proponer la igualdad, a base de bajar el nivel.

Nieto
Nieto

A la vez, una sociedad aletargada, que sólo cree tener derechos y no deberes, reclama seguir disfrutando gratis de todo porque –ya se sabe– «el dinero público no es de nadie» (sic): el profesor que suspende mucho es sospechoso; los alumnos deben pasar siempre de curso, por muchos suspensos que tengan; exigir cierta nota para disfrutar de una beca se tacha de antidemocrático…

Quizá una anécdota personal aclare algo. No hace mucho, acudió a mi despacho, en la Universidad, el día de revisión de exámenes, un joven norteamericano que había seguido mi curso de literatura española. Me sorprendió porque había obtenido una calificación de sobresaliente, 9, sobre un máximo de 10, en un curso para españoles, a pesar de su inevitable desventaja en el dominio del idioma y de la cultura española. Su petición fue muy clara: «Tengo una beca y, para mantenerla, necesito sacar una nota de 9’5. Haré los exámenes o los trabajos complementarios que Ud. me diga…» ¿Cuántos alumnos españoles harían esto? Esa exigencia máxima, ¿no se rechazaría, aquí, como una imposición dictatorial?

Nuestros políticos seudoprogresistas no entienden que lo verdaderamente democrático es que un joven de origen humilde pueda, con su esfuerzo y talento, ascender profesional y económicamente; lo injusto es que algunos hijos de padres ricos permanezcan años y años en una universidad pública, cuyo coste es muy superior a lo que ellos pagan.

Mientras nuestros partidos de izquierdas no comprendan que ese igualar por abajo es profundamente reaccionario, nuestras universidades no tendrán solución.

Pero no es ése el único problema. Hace poco, Bieito Rubido denunciaba la absurda proliferación, en España, de Facultades de Ciencias de la Información. No se trata, desde luego, de algo exclusivo de esta materia. La realidad es que todos los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han cedido a la presión social demagógica para que todas las provincias españolas tengan su Universidad. (Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con los aeropuertos o los museos de arte contemporáneo). Si mi vecino la tiene, ¿por qué no la tengo yo también? De este modo, los padres de familia están encantados por no tener que enviar fuera de casa a sus hijos, para que estudien. Nadie piensa en la lógica, ni en la racionalización de los gastos, ni en el descenso en la calidad de la enseñanza.

Del falso progresismo hemos pasado a topar con otro escollo, que hace absolutamente inviable el pacto educativo: las autonomías. ¿Cómo no se advirtió el profundo disparate que suponía traspasar a las Comunidades Autónomas las competencias en materia educativa? Ahora, ya, el remedio es muy difícil. Algunos lo han aprovechado para inculcar el odio a España; otros –o los mismos– para potenciar sus lenguas propias, en detrimento de la lengua común a todos los españoles; todos, para poner el foco en lo más local: en Andalucía se estudia a Fernando de Herrera, porque era andaluz, y en Castilla, a fray Luis de León, porque era castellano. En muchos sitios, se da más importancia al estudio de un insecto, porque vive allí, que al conocimiento de lo que suponen la Revolución francesa o la Contrarreforma… Ha triunfado, así, el paletismo localista, frente a la universalidad, propia de la verdadera cultura.

Todo esto se adorna con los «nuevos ídolos» de cierta pedagogía: la motivación, la creatividad, la integración, lo lúdico… El que hable, sencillamente, de trabajo y esfuerzo será tachado de reaccionario.

Un factor más: el llamado «Plan Bolonia», por muy «Espacio Europeo» que pretenda ser. Los Rectores señalan dificultades de adaptación pero el problema es de raíz: cualquiera puede entender que, en cuatro años, se aprende menos que en cinco. El argumento ministerial de que, así, se gasta menos dinero, resulta pintoresco: menos se gastaría si la carrera universitaria durara dos años o uno solo (mucho menos, si no estudiaran).

Rechaza este Plan las llamadas «clases magistrales»: justamente, lo que ha dado categoría a algunas Universidades. En cambio, prioriza absolutamente que los alumnos escriban trabajos. No es sorprendente que muchos profesores los exijan escritos a mano; así, por lo menos, sus autores los habrán leído mientras los copiaban, en vez de limitarse a imprimirlos, en el ordenador.

Una vez más, estamos imitando lo peor del sistema norteamericano. Existe, allí, una gran diferencia entre los estudios de «Undergraduate» y los de «Graduate»; los primeros, suelen estar al nivel de nuestro Bachillerato. A eso se parecerá el llamado «Grado», nuestra Licenciatura. La especialización se retrasará –para el que pueda pagarlo– hasta el «Posgrado», los Másters y el Doctorado. En cambio, no copiamos de Estados Unidos la exigencia ni las bibliotecas. Este presunto acercamiento a Europa sólo nos está sirviendo para bajar el nivel de conocimientos, de preparación profesional. Por este camino, desde luego, nuestras Universidades no van a mejorar.

¿Un auténtico pacto educativo, en esta España? No lo quieren los «progresistas», ni las Comunidades Autónomas, ni los Rectores, ni los padres de familia, ni los estudiantes… Por muy necesario que sea, hoy por hoy, me parece imposible.

Andrés Amorós es escritor y catedrático de literatura de la Universidad Complutense.

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