El 11 de abril se apagó la voz de Enrique Múgica Herzog, una más entre las de los miles de españoles que, a borbotones, nos han dejado en estos tristes días. La pandemia impide que le podamos rendir presencialmente el homenaje que merece. Lo tendremos que hacer cuando el viento se lleve la maldición del coronavirus.
Enrique Múgica ha estado presente a lo largo de su vida pública en muchas versiones: luchador antifranquista, diputado socialista y constitucionalista, ministro de Justicia y Defensor del Pueblo.
La faceta de víctima del terrorismo le vino obligada. ETA le arrebató a su hermano Fernando en San Sebastián, en un día lluvioso de febrero de 1996. Txapote y Lasarte —sus asesinos— le descerrajaron un tiro en la nuca. La imagen dolida y digna de Enrique porteando a hombros el féretro en el cementerio de Polloe y la coherencia de toda la familia Múgica en la reivindicación del dolor —“Ni olvido ni perdón”— quedan en nuestra memoria colectiva.
Su compromiso cívico contra la violencia política se acentuó a raíz del atentado y le convirtió en uno de los políticos que, con más decisión, luchó por la dignidad de las víctimas de ETA. Solo aceptaba la rendición de la banda y se opuso a las salidas negociadas con el terrorismo vasco independentista.
En 2002 tuve ocasión de compartir con él algunos tramos de la manifestación que organizó en San Sebastián Basta Ya con el lema “Constitución y Estatuto, sí. No al nacionalismo obligatorio”. Me quedó muy claro que su rechazo al nacionalismo obligatorio y la defensa de los derechos fundamentales no eran moneda de cambio en su quehacer público. De ello dio buenas muestras desde la atalaya del Defensor del Pueblo.
En mayo de 2010, con motivo de la solicitud que le había hecho Impulso Ciudadano para que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana de acogida de inmigrantes nos recibió a Carlos Silva —vicepresidente de la asociación— y a mí. En aquella reunión nos expresó su incomodidad con el retraso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que había recurrido y nos reconoció que lo había recurrido a petición de miles de catalanes.
Consideraba que la norma estatutaria era contraria a la Constitución y a la igualdad de los españoles. Le irritaba particularmente el régimen lingüístico, que consideraba discriminatorio, porque relegaba al castellano. Convencido de la importancia de la colaboración institucional, le resultaba profundamente desleal el intento del Síndic de Greuges de privar al Defensor del Pueblo de su facultad de control de las administraciones catalanas.
Por fin, el 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia que anulaba algunos de los preceptos del Estatuto de Autonomía de 2006, entre ellos el artículo 78, que declaraba la exclusividad del Síndic de Greuges en la supervisión de la actividad de la Generalitat.
Pocos días después expiró su mandato y su sustituta, María Luisa Cava de Llano, cumplió el encargo de su predecesor. Recurrió la Ley de acogida de inmigrantes y los nacionalistas catalanes abrieron la caja de los truenos. Existía un fuerte resentimiento por el resultado de la sentencia del Estatuto y dirigieron su artillería contra Enrique Múgica, al que ya habían tratado de reprobar en las Cortes Generales.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, muy dolido, le ajustó las cuentas en unas lamentables declaraciones en La Vanguardia: le identificó como autor intelectual del recurso contra la ley de acogida —era verdad— y le acusó de anticatalanismo y de romper la convivencia lingüística en Cataluña.
Dirigentes de ERC le calificaron como racista y xenófobo y en una escalada delirante el conseller de Innovación, Josep Huguet, le llamó falangista. De nada le sirvió a Múgica su condición de judío ni su beligerancia contra el nazismo, ni que en su época comunista hubiese sido condenado a seis años de prisión en un Consejo de Guerra franquista…
Múgica pudo saborear su victoria. El recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo fue estimado en la sentencia 87/2017. El Tribunal Constitucional declaró que los extranjeros podían utilizar el castellano en sus relaciones con las administraciones en Cataluña y que tanto el catalán como el castellano debían ser lenguas vehiculares de enseñanza en los servicios de acogida a los inmigrantes. La norma impugnada solo permitía los cursos en castellano después de que los extranjeros hubieran acreditado el conocimiento del catalán. Sin Múgica este derecho nunca se habría reconocido.
Fue un magnífico Defensor del Pueblo, que ejerció su labor con integridad y valentía, siempre en pro de una España constitucional de ciudadanos libres e iguales. Que quede constancia.
José Domingo es presidente de Impulso Ciudadano.