Cuando en 1889 el canciller Otto Von Bismarck creó el primer sistema público de pensiones estableció la edad de jubilación en 70 años. Casi dos décadas después de su muerte, poco antes del inicio de la Primer Guerra Mundial, Alemania la redujo a los 65. Posteriormente, cuando los países más desarrollados abordaron a principios del siglo XX los distintos sistemas de protección social, la jubilación a los 65 años se constituyó como una referencia inamovible pese a que la esperanza de vida media en hombres fue de 52 años en la Europa de 1930.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. En España, por ejemplo, se está produciendo un progresivo incremento de la esperanza de vida que nos convierte en uno de los países con más mayores del mundo. En la actualidad nuestra esperanza de vida se sitúa en 83,4 años, cinco más que hace dos décadas y sólo por detrás de Japón (84,4) y Suiza (83,7).
Al mismo tiempo, nuestra tasa de fecundidad, es decir el número de hijos por mujer, es en estos momentos de 1,3 frente a 1,7 de la media de los países de la OCDE, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1. En este aspecto hay que ver la inmigración como una oportunidad que nos puede ayudar a rejuvenecernos, pero no podemos pretender fiarlo todo a esta carta.
Winston Churchill solía decir que sólo creía en las estadísticas que él mismo había manipulado. En el caso del futuro de nuestro Estado de Bienestar no es preciso manipular las estadísticas para que nos echemos a temblar.
Dentro de poco más de diez años, en 2030, España será el cuarto país del mundo con mayor media de edad (50,1 años) frente a 33,1 a nivel global. Para entonces, el 25 por ciento de los españoles superará los 65 años, frente al 18,7 por ciento actual, y la población en edad de trabajar habrá retrocedido en un 6 por ciento.
En ese plazo de tiempo, si no se produce un inesperado giro demográfico, se jubilarán cada año entre 700.000 y 800.000 personas, mientras que se incorporarán al mercado de trabajo del orden de 400.000 personas, cifra que se corresponde con el número actual de nacimientos anuales. Esta situación pondrá en serio riesgo el crecimiento económico, la viabilidad del sistema de pensiones y la sostenibilidad del propio Estado de Bienestar.
El Círculo de Empresarios viene preocupándose de este tema desde hace más de veinte años. Para dar solución a un problema de estas dimensiones es necesario tomar medidas con mucha antelación. Y nos tememos que ningún partido político se atreverá nunca a proponer soluciones estables de futuro ya que los partidos son incapaces de ver más allá de las próximas elecciones, sean estas municipales, autonómicas, europeas o generales.
Creemos que las reformas acordadas desde el Pacto de Toledo, donde los grupos políticos mayoritarios introducen periódicamente ajustes del sistema, son parte de la solución pero no la definitiva solución. Compartimos sus reformas paramétricas (retraso en la edad de jubilación, aumento en el número de años de cotización para determinar la cuantía de la pensión, etc.) pero son parches claramente insuficientes ante lo que se nos viene encima.
Un reciente informe de Fedea afirmaba que las pensiones españolas estaban entre las más generosas del mundo y que los pensionistas reciben más de lo que aportan. La tasa de sustitución, variable que relaciona la pensión media con el salario medio neto de cotizaciones se sitúa en España en el 57,7 por ciento, muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del 44,1 por ciento, y 7,2 puntos por encima de Francia y 16 de Alemania. Aún mayor es la diferencia si nos atenemos a la tasa bruta de reposición, que es la que recoge la relación entre la pensión inicial y el último salario. España ocupa en este ranking el primer puesto de la Unión Europea con una tasa del 78,7 por ciento, 28,8 puntos por encima de la media, 33,3 puntos por encima de Francia y más de 40 puntos de Alemania.
La aplicación de aspectos de la reforma de 2013 contribuía a equilibrar estas diferencias. Pero la introducción del factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta la expectativa de vida para fijar la cuantía de la pensión, y que se fijó entonces para 2019 se ha retrasado ahora, como pronto, a 2023. También se ha producido una contrarreforma al recuperar el IPC como índice para revalorizar las pensiones. El Círculo se manifestó en su día favorable a la utilización de ese índice para las mínimas, pero no así para el resto, que deberían referenciarse a variables como la productividad, el crecimiento económico y la salud financiera del sistema.
Desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral por encima de los 67 años parece hoy en día obligado. Con una esperanza de vida superior a los 83 años no sólo tendría sentido alargar la edad de jubilación, por ejemplo hasta los 70 años, sino que además habría que facilitar la posibilidad de compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión. Las fórmulas vigentes son poco incentivadoras.
Pero la gran reforma, de la que pocos se atreven a hablar, es la reforma estructural del propio sistema. Para garantizar prestaciones dignas a largo plazo es preciso transformar progresivamente el actual sistema de reparto en uno mixto de tres pilares: reparto, capitalización obligatoria y capitalización voluntaria. Esta última se correspondería con los actuales planes privados de pensiones pero con un tratamiento fiscal más atractivo que el actual.
Los indicadores demográficos son contundentes. Cada pensión se ve soportada hoy por las cotizaciones de dos trabajadores, una proporción que se irá aproximando a un cotizante por cada pensionista hacia 2050. Por eso no acabamos de entender por qué se manifiestan los actuales jubilados por una subida puntual y no los jóvenes cuyas pensiones futuras están seriamente en duda.
John de Zulueta es presidente del Círculo de Empresarios.