Mayo de 1974. En el debate de las elecciones presidenciales, Giscard d’Estaing responde con determinación a Mitterrand, que lo ha acusado de insensibilidad: “Vous n’avez pas le monopole du cœur”. Cuatro décadas después, esta réplica se ha consagrado en Francia como un proverbio con el que defenderse de quienes pretenden tener la exclusiva de los buenos sentimientos.
En el conflicto de Cataluña, algunos se han dado cuenta de que arrogarse el monopolio sobre los corazones resultaría una poderosa arma. Presentarse como un pueblo oprimido que intenta manifestarse de manera pacífica resulta un potente símbolo frente al que resulta muy dura cualquier imagen de presencia policial. Los independentistas sabían que acabaría llegando esa foto de “policías contra las masas indefensas” y que sería la ocasión de convencer al mundo de que el Estado español es sinónimo de violencia ilegítima.
El argumento ha cundido incluso entre muchos españoles constitucionalistas que ese día se resignaron a que la independencia es inevitable o que al menos habrá que hacer grandes concesiones a los nacionalistas. ¿Fue una ignominia toda la actuación policial del 1 de octubre? ¿Era evitable? ¿De quién es la culpa? Abramos el plano antes de responder estas preguntas.
La mayoría de quienes defendemos el respeto escrupuloso a la Constitución no lo hacemos por razones identitarias ni menos aún supremacistas, sino por la convicción de que vivimos en un Estado de derecho que nos garantiza un sólido régimen de libertades, derechos y garantías. Diversas entidades internacionales nos clasifican como una “democracia plena”, entre las veinte más consolidadas del mundo, por delante en algunos ranking de países como Francia.
El pluralismo, la separación de poderes o la participación política funcionan mejor -no en la teoría, sino también en la práctica- que en cualquier otro lugar del mundo (salvo algunos vecinos europeos, Australia y Nueva Zelanda). Cuestión distinta es nuestra situación económica o social, objetivamente también de las mejores del mundo pese a todo, aunque en retroceso por unas decisiones de un gobierno cuestionado por muchos y salpicado por la corrupción. Cuestiones graves pero que se pueden solucionar en las urnas y por los tribunales. España no es pues un Estado fallido sino una democracia vigorosa.
No glorificamos pues la unidad de España como un fin en sí mismo sino como sustrato de ese “Estado social y democrático de derecho” que proclama el primer artículo de nuestra Carta Magna. Se garantiza que absolutamente todo puede ser debatido y votado siguiendo los cauces establecidos, que cuidan además de que las minorías no pierdan la batalla en que la mayoría se imponga ya en el procedimiento, asegurando que puedan confrontarse abiertamente las opiniones de unos y otros. Nada que ver con quienes pretendían imponer un referéndum de independencia con una mayoría menor que para reformar el Estatuto de autonomía o incluso elegir al síndic de Greuges (defensor del pueblo).
No obstante, la mayor impostura de la pretensión de los nacionalistas va más allá de manipular cómo se vota: pretenden sobre todo imponer quién vota y qué se vota. Si en Cataluña dejara de ser aplicable la Constitución española, muchos perderíamos la posibilidad de instalarnos o desplazarnos por una parte del territorio con los derechos y garantías que asegura nuestra ciudadanía. Ya por sí es grave. Pero lo que resulta intolerable es que una parte de los ciudadanos de Cataluña se encontraran de repente siendo extranjeros en su tierra.
Niegan esto los independentistas asegurando que podrían tener doble nacionalidad. ¿De qué les vale la española fuera de España... acaso deberían estar muy agradecidos porque les dejarían ir a votar al consulado? Y la catalana es precisamente la que no quieren: verse imponer una ciudadanía incierta de un Estado precario y que sería un paria internacional, en lugar de disfrutar plenamente de la española que, como hemos visto, está reconocida como “democracia plena”. La “muerte política” de quienes se verían privados de la base misma de sus derechos y libertades no pueden votarla solo los catalanes pero ni siquiera es deseable que la votemos todos los españoles.
Oponerse, pues, políticamente al propósito del nacionalismo es tan necesario como enfrentarse a cualquier otra ideología que busque socavar los derechos cívicos de otros. ¿Deberíamos respaldar que los navarros votaran en referéndum si los extranjeros no pueden recibir atención médica o las mujeres abrir cuentas bancarias? Si un grupo parlamentario pidiese que se reinstaurase la pena de muerte pero no tuviera ni de lejos la mayoría que se requiere para iniciar esa reforma constitucional, ¿lo democrático sería que los demás aceptaran no escudarse en “trabas procedimentales” y someterlo directamente al voto de todos los ciudadanos?
El respeto a la Constitución como fundamento de la democracia misma se puede razonar. Pero no es solo una argumentación fría con la que el poder deba imponerse a los apasionados independentistas. Volvamos a los corazones. A los constitucionalistas nos duele profundamente la espiral del silencio y la presión social que sufren cotidianamente los millones de catalanes no independentistas.
La caza de brujas no da portadas internacionales porque se basa en omisiones o coacciones en círculos reducidos: el vecino o el compañero de trabajo que se calla para no ser tildado de español acomplejado o de “facha”, los hijos de guardias civiles a los que acosan en sus colegios, los empleados estatales que son unos traidores (apenas hay candidatos catalanes en las oposiciones a cuerpos estatales), los comercios boicoteados por no secundar las manifestaciones, los grupos de whatsapp donde se mandan fotos ante las urnas y queda retratado el que no ha ido a votar, el desprecio y la burla a los cuerpos de seguridad… No estáis solos, no solo porque queremos que el Estado os defienda, sino porque nos duele íntimamente ese acoso que está llevando a muchos incluso a plantearse irse de Cataluña.
Los constitucionalistas aún están de acuerdo en que la responsabilidad principal de llegar hasta aquí es de las autoridades independentistas, pero la oposición hace también reproches al gobierno. Por un lado, el haber evitado el diálogo durante años: resulta en efecto muy irresponsable por parte de Rajoy no haber realizado en sus ya cinco años de presidencia ninguna propuesta de reforma territorial ni siquiera en las reivindicaciones ajenas al referéndum. Irresponsable pero no delictivo, no podemos equipararlo a los golpistas.
Sin embargo, resulta cínico reprochar solo al Gobierno la impotencia del Estado el 1 de octubre. El 9 de junio, tras una reunión del Gobierno catalán (¿qué más da políticamente que realizaran una declaración institucional pero no aprobaran un acta?), Puigdemont anunció que convocarían un referéndum ilegal el 1-O y que aplicarían el resultado del mismo. El 6 de septiembre forzaron votarlo en el Parlamento catalán y, siquiera entonces, ni el Gobierno español propuso ni la oposición constitucional se atrevió a reclamar que retirara el poder sobre las instituciones a quienes habían incurrido ya en un delito de desobediencia y prevaricación, y anunciaban por la televisión que cometerían también los de malversación, sedición y –una vez aprobada la independencia– el de rebelión.
Si, hasta la víspera del 1 de octubre ningún partido había pedido encarcelar preventivamente a los golpistas y asumir el control de las instituciones de las que estaban abusando, ¿qué se esperaba que ocurriera el día mismo del referéndum? ¿Debía el Gobierno ordenar a las fuerzas de seguridad estatales la misma espantada que dieron los Mossos con las desleales órdenes de sus mandos destinadas a paralizarlos?
Ante la absoluta deslealtad a la Constitución y la amenaza a los derechos fundamentales que suponía el referéndum convocado y, en cualquier caso por exigirlo un mandato judicial, la Policía Nacional y la Guardia Civil debían pues estar el 1 de octubre donde estuvieron. Una vez allí, ¿podían haber actuado de otra forma? Es probable que los responsables del operativo erraran no dándose cuenta que, al encontrarse con que no contaban con los Mossos (que ponían dos tercios de los efectivos), la operación de retirar de las urnas en más de 3.000 puestos de votación resultaba una absurda carrera del ratón y el gato, y pedir a la magistrada que se suspendiera.
Objetivamente, los daños fueron escasos. Ojalá por supuesto que hubieran sido nulos, pero dada la magnitud, hay que reconocer que fue una muestra de profesionalidad de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes, que ellos sí que no estaban donde debían, impedían tumultuariamente (utilizando en ocasiones hasta a niños de escudo) que los policías y guardias cumplieran su misión de retirar las urnas.
Hubo varios centenares de tumultos, cada uno con algún centenar de manifestantes reunidos. Es decir, entre varias decenas de miles de personas decididas a echarse físicamente encima de la policía (sin duda el mayor tumulto en la historia de España), hubo 900 magullados por empujones (el mismo orden de magnitud entre las propias fuerzas de seguridad) y d.0os casos que debieron atenderse como graves y que, afortunadamente, se están pudiendo curar.
Es fácil decir en frío que debió pedirse a la magistrada suspender su decisión de impedir el voto, pero si las fuerzas de seguridad debiesen titubear al iniciar cualquier operación que parezca difícil, el Estado de derecho se griparía. De hecho, a media mañana, el operativo se contuvo al apreciar su ineficacia. Hubo pues errores de planificación (del Gobierno por supuesto, pero dificultados por la exigencia de la oposición de no anticipar medidas más efectivas) y miopía política, pero en ningún caso voluntad de ejercer una represión brutal (salvo quizá un caso que de hecho estudia la fiscalía donde pudo haber alguna desproporción en los medios para intentar abrirse paso).
Pedir la reprobación de miembros del Gobierno por esta actuación supone por lo tanto abonar la versión de los independentistas de que somos un Estado fallido y desalmado. Quienes merecen no solo la reprobación, sino su destitución y encarcelamiento preventivo (por las autoridades judiciales, por supuesto), son quienes se empeñan en seguir anunciando que cometerán delitos cada vez más graves.
Los golpistas están crecidos. Tienen razón que están mejor que antes del 1 de octubre. Han logrado hacer un referéndum (lo de menos parece que es que el 30% de la población haya depositado una papeleta con el “sí” a la secesión) y han colado en las portadas internacionales imágenes de policías ante las urnas. Ya han anunciado que la declaración de independencia es cuestión de días. Hace falta impedirles que tenga efecto, y hay que buscar soluciones.
¿Diálogo? Por supuesto, pero entre constitucionalistas. Nuestra democracia es fuerte pero no puede resistir la división de las personas e instituciones encargadas de defenderlas. Que unos gravísimos delitos anunciados con tanta antelación hayan podido consumarse en buena medida ha sido en parte fruto de la falta de capacidad de reacción y divergencia de criterio entre los constitucionalistas. No se puede permitir que en una negociación representen a todos los catalanes quienes están intentando secuestrar los derechos políticos de millones de ellos… y menos aún que se arroguen el monopolio sobre los corazones.
Por eso, propongo lo siguiente. Que el actual Gobierno asuma enviar inmediatamente el requerimiento al presidente catalán que permitirá que el 155 pueda entrar en efecto en unos pocos días (justo cuando se declare la independencia que supondrá de hecho el abandono de las instituciones autonómicas por quienes hoy aún sus titulares). Simultáneamente, que active la ley de seguridad nacional ante el riesgo evidente de que los mandos políticos de los Mossos intenten que este cuerpo no ya se inhiba sino que se enfrente a los poderes del Estado. A continuación, que Rajoy ofrezca su dimisión para ser sustituido por un presidente de consenso entre los tres partidos constitucionalistas al frente de un gobierno de concentración que reintrodujese con normalidad la presencia del Estado en Cataluña, dando continuidad a las instituciones catalanas, hasta que en unos meses se pudiesen celebrar allí elecciones autonómicas.
Este gobierno debería impulsar una reforma constitucional que dé respuestas a las tensiones territoriales y otras importantes cuestiones, a la vez que deslegitima el propósito mismo del nacionalismo que tanto daño ha causado a nuestra convivencia. Sin más condiciones de entrada entre los partidos constitucionalistas. Habrá por supuesto muchas tensiones para ir tomando grandes y pequeñas decisiones, pero las resolverán más ágilmente sentados en la misma mesa del Consejo de Ministros.
¿Suicida para el PSOE? Creo que no, pero es lo de menos cuando está en juego la misma supervivencia de nuestro Estado de derecho, ante la agresión de los independentistas pero también la equidistancia interesada de Iglesias, Colau y otros dirigentes. ¿Hay que arrinconar a Podemos? No, de hecho creo que se les debería proponer participar en el citado pacto entre partidos constitucionalistas y entrar en el gobierno de concentración, aunque no me hago ilusiones sobre su respuesta. ¿En las próximas elecciones quitarían votos al PSOE? Confío en que la mayoría de los electores progresistas sabrían entender la responsabilidad de quien ha asumido evitar que se reviente nuestro orden constitucional. Pero cada uno sabrá leer en su corazón si hizo lo correcto como dirigente y como votante.
Víctor Gómez Frías es militante del PSOE.