No existe ningún rechazo a que los mataderos de España dispongan de una red de cámaras desperdigadas por todos los lugares de la instalación que permitan comprobar y controlar la recta aplicación de las normas existentes sobre sacrificios de animales para proveer de alimentos a otras especies, sobre todo la humana. Tanto para asegurar la mejor calidad (incluso gastronómica) y la mejor salubridad de la vianda, como para limitar al máximo el sufrimiento del animal y eliminar todo atisbo de crueldad, es una medida (más) que debe parecer buena a toda persona de bien. Por lo que la nueva norma que propone el Ministro de Consumo, Garzón, debería de ser un acierto. Y, sin embargo, permítanme que les invite a elaborar un poco sobre la cuestión, para ver lo que delatan «las cámaras y camarillas de Garzón», de hilo en ovillo.
Se trata de una medida de gestión, no técnica, sino administrativa e inspectora, de complicada aplicación, no sólo por la endémica enfermedad hispana de la invasión de competencias, sino por la abundancia de granjas y mataderos de toda dimensión que existe en España, por la necesidad de personal (¿nuevos funcionarios?) y su formación para colocar, revisar periódicamente e interpretar correctamente el contenido de las cámaras, etc. Por otra parte, e inevitablemente, esta norma entraña costes e inversiones para las empresas poseedoras o gestoras de los mataderos, como es normal en toda evolución hacia el perfeccionamiento. Pero en gestión y en política, reza el dicho de que «lo perfecto es enemigo de lo bueno», por lo que inevitablemente, esa norma debe acompañarse de una rigurosa memoria económica. ¿Por qué? Porque nuestra industria cárnica, que es muy exportadora, está atravesando dificultades, como todas, y en momento delicado, como todas, por una brutal y muy empinada subida de costes en estos mismos momentos.
Pero desengáñense, la norma será un decreto-ley, el abuso habitual y muy poco democrático de la forma de gobernar del SPS (SanchoPodemismoSeparatista), por lo cual no habrá memoria económica ni evaluación de costes. Lo evidente es que pese a ser con buena intención, la medida, que no es indispensable ni mucho menos, es sumamente inoportuna desde un punto de vista económico, y no es extraño que pueda resultar irritante para el sector…y más. Y una medida inoportuna no es buena gestión.
Pero ahondemos un poco más. El ministro ha presentado el decreto-ley como política de desarrollo de los objetivos de bienestar animal. Entramos en otro escenario que, de plano, se aleja, o se aísla, de toda consideración económica para, el propio ministro, asumir que procede a establecer una decisión ideológica. No es este texto breve el lugar dónde disertar sobre el animalismo y sus efectos sobre el bien común, pero sí recordaremos que dicha ideología, representada sobre todo por el PACMA, ha sido votada, una y otra vez, por una ínfima proporción de votantes españoles. Ya dijimos que ello es muy distinto a que a la casi totalidad de la ciudadanía española nos repugne la crueldad y el sufrimiento de la mayoría de los animales (insectos y ofidios no gozan de ese cariño). Añado que ese sentimiento tampoco tiene nada que ver con el gran arte de la tauromaquia, que es otro concepto y rito, pero esa es otra historia.
«¿No será que otras naciones de la UE están más preocupadas por el bienestar humano y dedican sus recursos a resolver problemas de sus ciudadanos?»
Pero estamos en que la medida inoportuna dejaría de serlo al satisfacer el bien común por la satisfacción que producirá «al pueblo» el saber que España se convierte en la nación de la UE pionera que primero instala cámaras en todos sus mataderos, coercitivamente, para el bien de algunos vertebrados. Pues eso tiene su miga. Debemos recordar, en este punto, que España es, endémicamente, la Nación con mayor paro estructural de Europa (con permiso de Grecia, a veces), la que más rápidamente ha aumentado su deuda pública, la de mayor disparo de la inflación, la que más tarde recuperará los niveles de PIB previos a la pandemia de covid-19. El Reino de España está en lo más alto del ranking negativo en estas y otras variables socio-económicas (informes Pisa, por ejemplo). Anteponerle a ello que seremos (si es factible) los que más cámaras tendremos en los mataderos, de entrada, suena a chufla, pero, con cierta perspectiva, es peor. ¿No será que las otras naciones de la UE están más preocupadas por el bienestar humano y dedican sus recursos, siempre escasos, y sus energías a resolver problemas torales de sus ciudadanos como el desempleo, la carestía, los desequilibrios macroeconómicos, la sanidad, la educación? ¿No será que los gobiernos allende nuestras fronteras son más conscientes del muy peliagudo momento que atraviesa Occidente y la UE y las graves crisis que acechan a sus ciudadanos? ¿No será que, sencillamente, son más conscientes y responsables? Porque soñar con una sociedad ideal lo hacemos todos, la intención es buena, pero gobernar es realismo, practicidad, y, sobre todo, establecer prioridades en cada momento.
¿No sería mejor concentrar recursos y energías en un plan energético e hidráulico nacional adaptado a la nueva cruda realidad, sin parches, sin distraer ni distraerse, verbigracia? De casilla en casilla, llego a pensar que este Gobierno, colegiado, pero fragmentado, y apoyado por los socios que se regocijan con nuestra autodestrucción, ni se ha enterado muy bien del momento muy peligroso que nos acecha, ni, sobre todo, es capaz, o no quiere, adaptar sus prioridades políticas y de gestión a dicha crisis histórica que vivimos. Y eso es una muy mala noticia para el bien común, y así finalizan las vacaciones…
Por Enrique Calvet Chambon, ex europarlamentario y Presidente de ULIS.