Tema: El informe anual de la Comisión Europea sobre los progresos que ha realizado Turquía para convertirse en miembro de pleno derecho de la UE no fue tan devastador como el del año pasado, pero en absoluto resulta tranquilizador para Ankara. En él siguieron planteándose serias dudas sobre la libertad de expresión, la independencia del poder judicial y la interferencia militar en la vida política, entre otras cuestiones.
Resumen: El informe anual de la Comisión Europea sobre los progresos que ha realizado Turquía para convertirse en miembro de pleno derecho de la UE se publicó en un momento de tensión para Turquía. Los militares están deseando adentrase en la zona montañosa del norte de Irak donde el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización terrorista, tiene bases desde las que lanza incursiones en territorio turco. El segundo Gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo (AK) está sometido a una creciente presión interna para mostrarse más duro con el PKK y de la Comisión Europea para que cumpla con más rapidez los criterios exigidos para ser miembro de pleno derecho de la UE. La exigencia de la Comisión de que se anulara o enmendara una controvertida ley que restringe la libertad de expresión provocó una inmediata respuesta del Gobierno, que aseguró que presentará un nuevo proyecto de ley al parlamento.
Análisis
Al parecer, las desgracias nunca vienen solas para Turquía. El último informe de la UE apareció en medio de una profunda crisis con EEUU en torno a la amenaza de Ankara de enviar su ejército al norte de Irak, a menos que Washington incremente sus esfuerzos para erradicar las bases del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que ha reanudado su larga lucha contra el ejército turco. También hay una enconada disputa sobre la posibilidad de que la Cámara de Representantes de EEUU adopte una resolución, ya aprobada por su comité de Asuntos Exteriores, para calificar de genocidio la masacre de armenios perpetrada durante el Imperio Otomano. El Gobierno turco ha advertido que esta decisión tendría graves repercusiones en las relaciones turco-norteamericanas.
En el panorama interno, las fuerzas armadas siguen descontentas con el ascenso a la presidencia de Abdullah Gul, ex ministro de Exteriores, el pasado 28 de agosto, tras la arrolladora victoria del partido AK en las elecciones del 22 de julio. Dichas elecciones fueron convocadas de forma anticipada a la fecha prevista del 4 de noviembre para resolver un pulso con los militares, quienes se oponían a la llegada de Gul a la presidencia e interfirieron la elección presidencial (que se llevó a cabo en el parlamento) colgando un memorando en su página web en lo que se conoció como el golpe electrónico (e-coup).[1] El descontento de los militares se debe a que la mujer de Gul, al igual que la del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, utiliza el velo islámico. Esta prenda está prohibida en todos los edificios públicos y ha pasado a representar –a los ojos de los estamentos oficiales (los militares, el poder judicial y otros segmentos de las elites laicas)– una amenaza para la república fundada en 1923 por Kemal Ataturk. Como presidente de Turquía, Gul es comandante en jefe de las fuerzas armadas.
Los militares, que se autoproclaman los guardianes de la rígidamente laica constitución turca (redactada por los generales tras su último golpe de Estado en 1980) también están preocupados sobre los planes para adoptar una constitución “civil” que Erdogan ha propuesto adoptar el año que viene. Según han adelantado algunas informaciones de prensa, la nueva constitución incluiría cláusulas por las que se permitiría que el idioma kurdo se enseñase como segunda lengua en los colegios públicos. Además, los altos mandos militares dejarían de gozar de inmunidad ante los tribunales civiles. Y lo que es aún más controvertido, se habla de relajar la prohibición sobre el velo islámico en las universidades.
George W. Bush parecía haber conjurado la crisis sobre el PKK, que ha matado a decenas de soldados turcos este año, tras reunirse con Erdogan en Washington el 5 de noviembre y prometerle que le ayudaría a combatir a los rebeldes kurdos. Bush ofreció a Erdogan compartir información secreta con Turquía y declaró al PKK “enemigo de Turquía, de un Irak libre y de Estados Unidos”. Respecto a las cuestión del genocidio, que ha enfurecido a Turquía, los cuatro principales promotores de la resolución han puesto la legislación en suspenso. Si esta suspensión es temporal o permanente está por ver.
Mientras tanto, el presidente francés Nicolas Sarkozy ha seguido adelante con su idea de una relación privilegiada de Turquía con la UE en el marco de una eventual Unión Mediterránea, idea apoyada por Austria y Alemania, en lugar de permitir la entrada de Turquía como miembro de pleno derecho de la UE. Esta sugerencia resulta totalmente inaceptable para Turquía y es uno de los motivos por los que el apoyo de los ciudadanos turcos a la UE ha caído de un máximo del 74% en 2004 a menos del 50% este año. El apoyo hacia Turquía también se debilita de forma generalizada en la UE.
El informe
El informe de 81 páginas, algo más largo que el del año pasado, publicado el 6 de noviembre, ha dado más argumentos a quienes nunca apoyaron la idea de permitir la adhesión de Turquía como miembro de pleno derecho de la UE. Turquía se convirtió en miembro asociado de la CEE en 1963 y alcanzó un acuerdo para iniciar negociaciones de acceso a la UE en octubre de 2005. El informe cubre el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 1 de octubre de 2007.
En lo que respecta a la democracia, el parlamento elegido en julio es más representativo de la diversidad política de Turquía. Tres partidos superaron el umbral del 10% del voto nacional necesario para tener representación parlamentaria. Estos partidos fueron el AK (46,6% de los votos y 341 escaños), el Partido Republicano del Pueblo (20,9% y 99 escaños) y el Partido del Movimiento Nacionalista (14,3% y 70 escaños). Fueron elegidos también 26 candidatos independientes. Sin embargo, prosiguió el debate sobre la reducción de este umbral del 10%, el más alto entre los sistemas parlamentarios europeos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en enero que el umbral no viola el derecho a unas elecciones libres, pero apuntó que sería deseable que se redujese para favorecer una representación óptima.
La supervisión civil de las fuerzas de seguridad sigue siendo una de las cuestiones que más preocupan. La Comisión ha sido categórica al asegurar que “no ha habido progreso a la hora de garantizar el control por parte de los estamentos civiles sobre el poder militar, ni la supervisión parlamentaria de los gastos militares. Por el contrario, la tendencia del poder militar a hacer comentarios públicos sobre asuntos que están fuera de sus atribuciones, incluyendo la agenda sobre reformas, ha aumentado”. La Comisión señaló que además de “inmiscuirse directamente” en las elecciones presidenciales de abril, los militares criticaron a la prensa en varias ocasiones, y tampoco hubo progresos respecto a incrementar el control civil sobre la policía o en el fortalecimiento del control del parlamento sobre el presupuesto y el gasto militar.
El sistema judicial ha mejorado su eficacia gracias a la puesta en marcha de una legislación adaptada, incluyendo enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, así como un mayor empleo de la tecnología de la información. Sin embargo “es necesario mejorar en lo que se refiere al refuerzo de la independencia y la imparcialidad del poder judicial”. Este último es un bastión del estricto laicismo y nacionalismo turco: determinados jueces han llevado adelante con excesivo afán, para incomodidad del Gobierno, que se ha visto obligado a ingeniárselas para evitar aplicar las sentencias.
La corrupción sigue siendo “generalizada” y se ha avanzado poco en la lucha contra la misma. Aunque Turquía ocupa un puesto bajo en el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por el organismo con sede en Berlín, Transparency International, que examina las percepciones acerca de la corrupción en el sector público en 180 países (ver Tabla 1), sus resultados han mejorado (4,1 frente a 3,8 en 2006). Entre las cuestiones que deben ser encarados figura la adopción de la ley sobre el Tribunal de Auditores. Por otra parte, el parlamento “no ejerce un control efectivo sobre el gasto público debido a la inexistencia de un comité de cuentas públicas en el parlamento”.
Respecto a los derechos humanos, el ECHR emitió más de 330 fallos judiciales en los que se considera a Turquía culpable de haber violado al menos un artículo de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, más que en el anterior período examinado. Más de dos terceras partes de estas nuevas solicitudes se referían al derecho a un juicio justo y a la protección de los derechos de propiedad. La tendencia a la baja en el número de casos denunciados sobre tortura y malos tratos continúa pero la lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos sigue siendo motivo de preocupación. El informe apuntó a la falta de investigaciones rápidas, imparciales e independientes sobre supuestas violaciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
Del mismo modo, en el apartado de la libertad de expresión hubo un incremento en el número de personas procesadas y condenadas por la expresión de opiniones no violentas en aplicación de ciertas disposiciones del Código Penal, en particular el infausto artículo 301, que penaliza el hecho de insultar a la “turquedad” (la identidad nacional turca), la República y los órganos e instituciones del Estado. Orhan Pamuk, premio Nobel de literatura de 2006, fue procesado bajo este artículo en 2005 por aludir a los asesinatos masivos de armenios en 1915. Se libró de ser condenado gracias a un tecnicismo. El escritor turco-armenio Hrant Dink fue también procesado bajo este artículo. Dink murió de un disparo ante su oficina de Estambul en enero de 2007. El número de personas procesadas se duplicó en 2006 respecto a 2005, y hubo un aumento mayor de juicios en 2007. La Comisión, frustrada por la falta de progreso en este apartado, adoptó una política de incentivos y amenazas, ofreciendo entablar conversaciones sobre dos capítulos que tratan de la protección al consumidor, así como de salud y redes de transporte transeuropeas, a cambio de que se modificase de inmediato el artículo 301. “No es aceptable que escritores, periodistas, académicos y otros intelectuales... sean procesados por el mero hecho de expresar opiniones críticas y en ningún caso violentas”, indicó el comisario de la UE para la ampliación, Olli Rehn. El Gobierno aseguró que enviaría un nuevo proyecto de ley al parlamento.
La UE congeló las negociaciones con Turquía en diciembre de 2006 en ocho de 35 apartados ante la negativa de Ankara de permitir la entrada en sus puertos y aeropuertos de barcos y aviones procedentes de Chipre. Esta barrera al libre movimiento de bienes y mercancías infringe el acuerdo de la Unión Aduanera. No ha habido ningún progreso en ningún aspecto de la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre (la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre sólo es reconocida por Turquía).
Los procedimientos judiciales y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, periodistas y académicos han creado un clima en el país en el que se producen situaciones de autocensura, incluso en el sector académico, señaló el informe. El semanario Nokta, que publicó varios artículos referentes a los militares, suspendió su publicación en abril por decisión del propietario del medio. Esta decisión fue adoptada después de que se produjese una redada policial en las instalaciones del periódico a instancias de la Fiscalía, que actuaba en nombre del fiscal del jefe del Estado Mayor. La libertad de los periodistas para informar sobre temas militares se encuentra restringida por un memorando interno del Estado Mayor, que establece que a los periodistas más críticos con el ejército se les niegue la acreditación a recepciones militares y ruedas de prensa.
Respecto a la libertad de reunión, los turcos han podido ejercer este derecho sin interferencias de las autoridades o las fuerzas de seguridad en la mayor parte de los casos.
En cuanto a los derechos de las mujeres, varias enmiendas han ampliado la Ley de Protección de la Familia a todos los individuos que la componen, incluyendo a los miembros de la familia que viven fuera de ella. También se han anulado todas las tasas por solicitudes y transacciones administrativas relacionadas con juicios, lo cual permite que las mujeres sin recursos económicos puedan llevar sus casos ante los tribunales. Las autoridades turcas han enviado circulares a gobernadores, jueces y fiscales, con el fin de mejorar los servicios de ayuda a las víctimas de violencia. También se esta implementando una circular de la oficina del primer ministro para luchar contra los asesinatos por cuestiones de honor y la violencia de género contra las mujeres, bajo la coordinación de la Dirección General para la Condición de la Mujer. La colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad civil ha mejorado y se mantienen reuniones periódicas entre las instituciones públicas y las ONG que velan por la protección de las mujeres para supervisar la puesta en práctica de la circular. Sin embargo, la violencia de género contra las mujeres sigue estando muy extendida y los asesinatos por razones de honor, así como los matrimonios precoces y forzados, continúan.
La posición de Turquía frente a los derechos de las minorías no ha cambiado. Según las autoridades turcas, bajo el Tratado de Lausana de 1923, las minorías turcas consisten exclusivamente de comunidades religiosas no musulmanas. En la práctica las minorías que las autoridades asocian con el tratado son la judía, la armenia y la griega. Sin perjuicio para el tratado, las autoridades turcas consideran a los ciudadanos turcos como individuos con idénticos derechos ante la ley, más que como individuos pertenecientes a una mayoría o una minoría. La Comisión indicó que no ha habido progreso en la cuestión de garantizar la diversidad cultural y promover el respeto y la protección de las minorías de acuerdo con los estándares europeos.
En lo que se refiere a los derechos culturales, incluyendo las emisiones de radio y televisión en otros idiomas distintos al turco, el pasado mes de marzo, una nueva cadena de radio en Diyarbakır, Çağrı FM, recibió autorización para emitir en lengua kırmanchi y kurdo zaza. En la actualidad cuatro radios locales y cadenas de televisión emiten en kurdo. No obstante, hay restricciones en el horario de emisión, con la excepción de películas y programas musicales. Todas las emisiones, excepto las canciones, deben subtitularse o traducirse al turco, lo cual entorpece técnicamente la programación en directo. No se permiten los programas educativos para enseñar el idioma kurdo. Un recurso de apelación contra estas normas lleva esperando la decisión del Consejo de Estado desde hace tres años. Se han abierto causas contra periodistas de estas cadenas por razones nimias.
Los niños cuya lengua materna no es el turco no pueden aprender su lengua natal en los colegios públicos turcos. Esta educación solo se ofrece a través de instituciones educativas privadas. En el caso del kurdo, tales cursos fueron cancelados en 2004. En la actualidad no hay forma de aprender el kurdo ni en el sistema educativo público ni en el privado. La falta de avances en el ámbito de los derechos culturales kurdos (hay una población estimada de 14 millones de kurdos en Turquía) es uno de los factores que se encuentran tras el resurgimiento de la organización terrorista PKK.
El informe señala que la situación socioeconómica general en el sudeste del país, de mayoría kurda, sigue siendo difícil. No se han adoptado medidas para desarrollar una estrategia global con la que lograr el desarrollo económico y social de la región y crear las condiciones requeridas para que la población kurda disfrute de plenos derechos y libertades.
Los comentarios del informe respecto al cumplimiento por parte de Turquía de los criterios económicos fueron en general favorables. Ha habido un fuerte crecimiento económico, las principales cifras macroeconómicas han mejorado sustancialmente, el proceso de privatización dio lugar a 87 operaciones de adquisición en 2006 y ahora sólo se necesitan nueve días para abrir un negocio, lo que supone uno de los procesos de inscripción de nuevas empresas más rápidos del mundo. El sector bancario ha progresado de forma significativa en el desarrollo de intermediación financiera. Los créditos privados aumentaron del 25% del PIB en 2005 al 32% a mediados de 2007 y el total de activos financieros aumentó del 81% del PIB a principios de 2006 a casi el 90% a mediados de 2007. El papel del Estado como agente activo en los mercados se redujo todavía más.
Conclusión: El año 2015 se perfila como excesivamente optimista como año para la adhesión de Turquía como miembro de pleno derecho de la UE a menos que el Gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK) vuelva a tomar la iniciativa y reconduzca el proceso de reformas, lo cual parece ser el caso.
William Chislett, escritor y autor de tres documentos de trabajo sobre Turquía para el Real Instituto Elcano.