El Informe PISA (cuyas siglas responden a su nombre en inglés, Program for International Student Assesment) proporciona una oportunidad inmejorable para poner a prueba el rendimiento y la calidad de los sistemas educativos en el contexto comparativo internacional. Pero más que la posición relativa de los distintos países en el escalafón internacional interesa profundizar en algunas cuestiones relacionadas con la equidad del sistema educativo.
En el trabajo se muestra cómo la supuesta elevada equidad del sistema educativo español no es sino un efecto artificial de la homogeneidad de los resultados de los estudiantes españoles. Los niveles de excelencia son bajos, con tan sólo un 1% de los estudiantes españoles en el nivel máximo de rendimiento de PISA.
No se trata de poner en cuestión la comprensividad del sistema educativo español como instrumento para conseguir la igualdad de oportunidades, sino de indagar en los posibles retos o amenazas a los que esta se enfrenta. Estos provienen de la nueva configuración social de las aulas, en gran medida condicionada por el creciente número de estudiantes de origen inmigrante, pero también de la interacción entre el sistema educativo y la estructura de la desigualdad que caracteriza nuestra sociedad. El punto clave es que el contexto social tiene una influencia decisiva en el rendimiento de los alumnos y de los centros, reforzando las desigualdades existentes. Es esta la “prueba de equidad” que el sistema educativo español no supera adecuadamente. El reto a la equidad es aún mayor si tenemos en cuenta la concentración de los estudiantes de extracción social más baja en la escuela pública y, en particular, de alumnos de origen inmigrante. La escuela pública recibe cada vez menos alumnos en conjunto, ganando peso relativo la escuela concertada y la privada sobre el total, al tiempo que asume casi en solitario el resultado de la escolarización de las nuevas generaciones de inmigrantes.
Son estos cambios en la composición social del alumnado, reflejo de los acelerados cambios acontecidos en la sociedad en su conjunto, los que suponen el principal reto al que ha de hacer frente la escuela pública y el sistema educativo en su conjunto. Las políticas educativas deben ir orientadas antes que nada a garantizar que la igualdad sea la norma de manera efectiva.
En este sentido, cabría plantear las siguientes medidas:
- En primer lugar, parece prioritario afrontar una política que garantice la equidad en la admisión de los alumnos en los centros de la red escolar pública (incluyendo especialmente a los centros concertados), minimizando en la medida de lo posible el efecto de la segregación residencial sobre la segregación social en la escuela.
- En segundo lugar, habría que reforzar las políticas existentes para garantizar el rendimiento óptimo de los estudiantes con necesidades especiales, sean autóctonos o extranjeros, favoreciendo la intervención temprana y facilitando un entorno educativo más estimulante y eficiente para docentes y alumnos.
- En tercer lugar, parece claro, a la luz de los datos que hemos aportado en este trabajo, que la clave para la mejora de los niveles de rendimiento radica, justamente, en el desarrollo de los sistemas de apoyo necesarios para hacer frente a las nuevas necesidades del sistema educativo. Puede que parte de este ajuste implique la innovación educativa, ensayando entornos escolares que hagan de la nueva situación un reto para mejorar la calidad de la enseñanza.
- En cuarto lugar, resulta urgente una política de “revitalización” de la escuela pública, que le haga recuperar su atractivo para el conjunto de los padres y madres y que devuelva la confianza de la sociedad en el funcionamiento de su sistema educativo.
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Olga Salido Cortés, profesora de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.