El Ingreso Mínimo Vital, una prestación de vanguardia

Desde hace poco más de cuatro meses dirijo un ministerio cuyo nombre empieza por Inclusión, un concepto que nunca hasta ahora había llevado ninguna cartera ministerial y que, en mi opinión, tiene un importante significado. Los cambios que han experimentado nuestras economías en las últimas décadas han tenido dos consecuencias sociales insuficientemente atendidas políticamente. Por un lado, un aumento de la distancia entre quienes pueden aprovecharse de las oportunidades generadas por la nueva economía y quienes encuentran obstáculos para hacerlo. Por otro, una sensación muy generalizada de vulnerabilidad e incertidumbre respecto a cómo la intensificación de estas transformaciones puede condicionar nuestro bienestar futuro.

La posición de España al analizar estos fenómenos es preocupante. Comparados con los países de nuestro entorno, nuestros índices de desigualdad son muy altos. De acuerdo a los últimos datos comparables de Eurostat correspondientes a 2018, en la media de la UE, los ingresos del 20% de la población con rentas más altas son cinco veces mayores que los ingresos del 20% con rentas más bajas. En España, son seis veces mayores. Solo Italia y un puñado de países del Este están peor que nosotros.

La segunda especificidad española es el ADN de nuestra desigualdad. Si nos fijamos en diferentes partes de la distribución de ingresos, en lo que destacamos respecto a nuestros vecinos es en lo bajos que son los ingresos de los grupos más vulnerables respecto a las personas de ingresos medios. Es por ello por lo que, incluso para nuestro grado de desigualdad, los niveles de pobreza son extraordinariamente altos.

Tenemos pues un país muy desigual, que atiende insuficientemente a los más vulnerables, y con un amplio margen para mejorar el impacto redistributivo de las políticas públicas. En un contexto económico en el que los cambios asociados a la globalización, la automatización y el cambio climático van a incrementar la percepción de vulnerabilidad de amplios segmentos de población, esta combinación, además de intrínsecamente injusta, es económica y socialmente explosiva.

Por todo ello, a mi llegada planteé dos objetivos. A corto plazo, el desarrollo de un sistema de indicadores y métricas que permitan a las administraciones públicas incorporar de manera sistemática la dimensión distributiva en sus análisis y en la evaluación de sus políticas. Si nos preocupa la desigualdad, los responsables políticos tenemos que tener buenos instrumentos para saber a quiénes benefician y perjudican nuestras decisiones. Y, con la mirada fijada de 2021 en adelante, la puesta en marcha de nuevas herramientas específicas como el Ingreso Mínimo Vital para corregir las carencias redistributivas y activadoras de nuestras políticas públicas actuales.

Sin embargo, la situación que ha generado la Covid-19 ha dado la vuelta al orden de prioridades con el que llegué a este nuevo Ministerio de Inclusión, pero sin olvidar nunca que las nuevas políticas no podían consistir en cambios marginales de las ya existentes. Y, con este espíritu, hemos trabajado en el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital recién aprobado.

A pesar de haber acelerado su puesta en marcha, hemos intentado no seguir inercias del pasado y hemos trabajado especialmente en su diseño, de forma que pueda ser un instrumento con mayor potencia de distribución de renta de lo que estamos acostumbrados en España. En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital es una política moderna e innovadora, una política social alrededor de una prestación económica, pero que va mucho más allá. Está informada por un análisis cuidadoso de la evidencia y tiene la vista puesta en las diferentes realidades de sus beneficiarios. Este Ingreso Mínimo Vital quizá esté a la vanguardia de lo que podría ser una nueva generación de políticas públicas.

Para adaptar bien la prestación a los tipos de hogares españoles, hemos definido 14 categorías, de forma que la prestación inicial crezca a medida que sube el número de miembros del hogar y que incorpore coeficientes multiplicadores en los hogares monoparentales, por sus características de especial vulnerabilidad. Para ello, hemos explotado los datos como nunca antes se había hecho en el desarrollo de una política pública. El cruce de miles de microdatos de la Agencia Tributaria y del INE nos han permitido un conocimiento muy profundo de nuestros potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y, gracias a ello, hemos podido adaptar la prestación a diferentes circunstancias. Si el uso masivo de datos se está generalizando en la investigación científica, la publicidad o las campañas políticas, también ha de servir para mejorar nuestras políticas públicas.

Este intento de centrarnos en las necesidades de cada hogar va más allá de tener en cuenta sus diferentes carencias económicas, y por ello los itinerarios de inclusión que prefigura la ley se diseñarán en función de las circunstancias concretas de cada hogar. Hasta ahora era muy común en España plantear las mismas soluciones para problemas diferentes y es el momento de romper este círculo. Las estrategias de inclusión no pueden ser iguales para todos si realmente queremos tener éxito.

El Ingreso Mínimo Vital también es novedoso en cuanto a su principal objetivo: el de facilitar la transición de sus beneficiarios hacia una participación plena en la economía y la sociedad. Para ello, una de las claves es que no desincentive la participación laboral, lo que hemos intentado a través del uso de algunos elementos típicos de los impuestos negativos sobre la renta.

En las muchas entrevistas que he concedido en las últimas semanas, me ha sorprendido la gran cantidad de veces que me han preguntado si el Ingreso Mínimo Vital será compatible con un salario, como si por el hecho de tener un empleo una persona no pudiera verse en una situación de vulnerabilidad. Nada más lejos de la realidad en un país en el que la baja intensidad laboral de muchas personas lleva a que un 13% de las personas ocupadas sea pobre. Son los llamados working poor, y a esta realidad no podemos darle la espalda. La nueva prestación no sólo será compatible con trabajar y tener un salario, sino que lo incentivará. Si una persona que recibe el Ingreso Mínimo Vital y tiene un empleo, consigue elevar sus horas trabajadas y por tanto su salario, se descontará una parte de éste para completar su renta garantizada, de forma que su renta total será siempre mayor. Y lo mismo en el caso de un desempleado: si encuentra trabajo, pero su renta sigue por debajo del umbral garantizable, no sólo no dejará de percibir la prestación, sino que recibirá un bonus durante unos meses por esta incorporación.

Finalmente, también es una nueva prestación en un ámbito hasta ahora poco explorado en España, el de la evaluación. Soy consciente de que los recursos públicos no son ilimitados y, por tanto, cada euro que se invierte en una política pública debe dar los mejores resultados. Para ello, es obligatorio que exista una evaluación externa, rigurosa e independiente. Necesitaremos evaluar no solo para medir el grado de cumplimiento de los ambiciosos objetivos de reducción de pobreza y de inclusión que nos hemos marcado, sino también para recalibrar la política de acuerdo a la cambiante realidad con la que se irá enfrentando. El Ingreso Mínimo Vital, trae la evaluación ya de casa, pues en su propio diseño se incorpora el requisito de ser evaluada de forma continuada. La nueva Secretaría General de Inclusión articulará este proceso, pero será una evaluación que llamamos de 360 grados, en el que jugarán un papel central la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las administraciones implicadas, el tercer sector, además por supuesto de los expertos e investigadores independientes.

El Ingreso Mínimo Vital que acaba de nacer es, en definitiva, un nuevo tipo de prestación, más moderna y mejor diseñada, con voluntad de permanecer y, con ello, de contribuir a resolver el grave problema de desigualdad y acceso a las oportunidades que ya antes de la pandemia tenía nuestro país. Es fundamental para nuestro país que entre todos logremos que cumpla sus objetivos.

José Luis Escrivá es ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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