Muy pronto, tal vez este viernes, se espera que el presidente Donald Trump, junto con el senador Marco Rubio de Florida, anuncien una iniciativa que echará para atrás los esfuerzos que se hicieron durante la época de Obama para suavizar el embargo de 56 años que había tenido Estados Unidos sobre Cuba. ¿Qué tan lejos irá el presidente estadounidense?
De todos modos, algo más importante aún que el contenido real de los cambios ejecutivos será la reacción del congreso, los empresarios y otros grupos interesados de Estados Unidos ante la revocación que hará Trump de políticas que apoyan un 75 por ciento de los estadounidenses, según el Centro de Investigaciones Pew.
Del mismo modo, la respuesta del gobierno cubano también es clave. Durante el último medio siglo, el régimen gerontocrático de Cuba ha sobrevivido porque el embargo no solo ha aislado al pueblo cubano de su vecino más próximo —y de sus más de 300 millones de habitantes, incluidos casi dos millones de compatriotas cubanos—, sino que también ha brindado una excusa conveniente para el fracaso económico del régimen.
A pesar de lo que argumentan los defensores del embargo, la dureza de este nunca se ha relacionado con mejoras en cuestiones de derechos humanos. Las medidas más severas en la historia moderna de Cuba tuvieron efecto en abril de 2003, cuando el gobierno cubano detuvo a 75 activistas de derechos humanos y periodistas independientes para sentenciarlos a un promedio de 20 años de cárcel. Esto sucedió en el punto más alto del embargo, durante la administración de George W. Bush, cuando incluso los cubanoestadounidenses tenían restricciones en cuanto al número de visitas a sus familias en la isla o al envío de dinero (la mayoría de los presos políticos fueron liberados entre 2010 y 2011 gracias a un trato que negoció el Vaticano).
Estados Unidos carecía de algo que ahora tiene: influencia. Desde que el 17 de diciembre de 2014 el presidente Barak Obama anunció la primera de una serie de reformas drásticas para normalizar las relaciones, Estados Unidos y Cuba han colaborado en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero, cooperaron para mejorar la seguridad en puertos y aeropuertos y lograron concretar las visitas de funcionarios como el relator especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas.
Los cambios también han ayudado a generar trabajos e ingresos para la economía estadounidense. Desde que el presidente Obama suavizó las restricciones para viajar, el turismo ha prosperado. El año pasado, un estimado de cuatro millones de visitantes fueron a la isla, entre ellos más de 600.000 desde Estados Unidos: un aumento de 34 por ciento en comparación con 2015. Estos viajes han ayudado a impulsar la industria hotelera en los dos lados de los estrechos de Florida. Delta, American, JetBlue y otras aerolíneas vuelan a diario al menos a seis ciudades cubanas y los cruceros Carnival transportan ciudadanos estadounidenses al puerto de La Habana. Airbnb también tiene una lista de cientos de casas privadas donde se pueden alojar los estadounidenses de mente abierta e interactuar con los lugareños. La semana pasada, la empresa dijo que sus conexiones habían ayudado a poner 40 millones de dólares en los bolsillos de los cubanos dueños de hostales.
En total, el grupo Engage Cuba calcula (en un informe del cual fui parte) que restringir los derechos de los ciudadanos estadounidenses para viajar e invertir en Cuba le costaría 6,6 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos y afectaría 12.295 empleos estadounidenses.
El gobierno de Castro obtiene beneficios monetarios gracias al aumento del flujo turístico a la isla, pero se ha resistido a la apertura que viene de la mano de este. Ya no encarcela a la misma cantidad de prisioneros políticos como solía hacer. Su nueva táctica consiste en detener temporalmente a los activistas. Sin embargo, la presa se ha roto.
Cuando estuve en Cuba el año pasado, y en comparación con la situación que se vivía cuatro años antes, me fue imposible no notar la diferencia en la disposición de las personas para manifestar sus opiniones, la creciente prosperidad de una clase de empresarios independientes y —como también lo informó el Comité para la Protección de los Periodistas— el auge de nuevos espacios en línea para el periodismo independiente y de investigación. Es por ello que los defensores internacionales de derechos humanos apoyan la moderación del embargo.
Antes de ir a Miami, el presidente Trump necesitará sopesar con cuidado sus opciones. No fue elegido por solo una pequeña parte de la población cubanoestadounidense de Florida y sus acciones permitirán que el gobierno de La Habana utilice la retirada como una excusa para quedarse atascado en la Guerra Fría.
Sí, el embargo sigue siendo una ley, y Trump puede eliminar los cambios de la era de Obama con solo una firma. No obstante, el congreso no está indefenso ante esta situación. En mayo, un grupo bipartidista de 55 senadores firmó una ley para acabar con las restricciones de los viajes desde Estados Unidos a Cuba.
Si Trump revierte drásticamente las iniciativas de Obama, las universidades que han disfrutado de la libertad de intercambio académico, los negocios y sus trabajadores, y los millones de ciudadanos que han viajado a la isla y se han relacionado con las comunidades cubanas, deberán alzar la voz. Les corresponde exigir que las políticas actuales sirvan a los intereses de Estados Unidos a largo plazo y promuevan los valores de apertura y confianza en la libertad y el cambio, lo cual finalmente también sirve a los derechos humanos.
El gobierno cubano tendrá que evitar una reacción excesiva ante la retórica exaltada y las denuncias que acompañarán los cambios. Pero es improbable que pueda resistirse. Si la historia sirve de parámetro, el gobierno de Cuba responderá sacando provecho del antagonismo reciente —como lo hizo en 2003— y restringirá los espacios de independencia e información que han echado raíces los últimos cuatro años. Después de todo, ¿qué autócrata puede resistirse a hacerse la víctima y culpar a los extranjeros de los fracasos políticos y económicos?
Christopher Sabatini es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y Públicas de la Universidad de Columbia y director de Global Americans.