El inquietante futuro de Cataluña

Tenemos presente que, de entrada, habrá dos sectores, en Cataluña y fuera de ella, para quienes el título de estas líneas no ocasione ningún tipo de inquietud. En primer lugar, aquellos para quienes el citado futuro está bien claro: se está en el camino de la próxima obtención de la independencia. A fin de cuentas, al terminar el presidente Mas su discurso de toma de posesión y asomarse al balcón para saludar, las personas allí concentradas lo que hacían era gritar ¡independencia, independencia! A fin de cuentas, un sector de la opinión pública, sobre todo de jóvenes. Y, en segundo lugar, aquellos otros para quienes creen que se trata de mera campaña electoral y que todo se quedará en palabras que en nada se plasmarán. Por ello, para este segundo sector tampoco hay nada de inquietud: a la postre, no pasará nada.

Pero, a mi entender, tanto lo aparecido en la última campaña electoral, cuanto en posteriores declaraciones y discursos, sí arroja un cúmulo de factores que siembran dudas harto preocupantes. En el terreno puramente electoral, creo que puede mirarse de soslayo un resultado en el que el partido de Laporta, preconizando una consulta inmediata sobre la independencia, haya obtenido nada menos que cuatro escaños en el Parlamento catalán. Así. De inmediato y sin esperar más. Diga lo que diga el Estado central y la vigente Constitución. Y se retoma la para mí dudosa afirmación de que en nuestra democracia todo es posible y todo tiene cabida salvo el empleo de la violencia. Por supuesto, mi discrepancia al respecto, según se expondrá más adelante.

Sin embargo, quizá resulten más preocupantes las afirmaciones del presidente Mas. Anuncia en su discurso de posesión su decidida intención de «construir la nación de Cataluña», mediante, tras la ruptura «entre Cataluña y el Estado», iniciar una «transición catalana» con base en el derecho a decidir. Y añade: «Si Cataluña es una nación, y lo será mientras los catalanes lo quieran, y no es simplemente una derivación o un subproducto constitucional, los catalanes tenemos el derecho democrático a decidir sobre lo que nos conviene como pueblo». En la frase asoma ya algo que se sabía: la desconsideración de lo constitucional, actitud no exclusiva del presidente Mas. Esta pretensión resulta especialmente inquietante por tres importantes razones. Ante todo, su carácter claramente anticonstitucional. El art. 2º de nuestra actual Ley de Leyes, aprobada en su día por todo el pueblo español, lo establece sin lugar a dudas: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Obsérvese que esa unidad indivisible es algo previo a la misma Constitución, dado que ésta «se fundamenta» en lo anterior a ella. En segundo lugar, esta afirmación o similar se encuentra ya en el primero de nuestros textos constitucionales y desde entonces se ha mantenido inalterable, pese a los cambios de régimen político de nuestra historia política. Nada menos que la Constitución de 1812 establece ya este principio en su art. 3º: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Al llegar a nuestro actual Estado de las Autonomías, se delegan competencias concretas, pero, como es lógico, nunca el principio de esa unidad de la Nación. Ningún órgano o parlamento autonómico, regional o local puede aprobar leyes ni acuerdos que vayan en detrimento de la unidad de la Nación soberana. Ya el mismo Bodino puso especial énfasis en el carácter indivisible de la soberanía. Y, en tercer lugar, el supuesto básico de la unidad de la nación española se encuentra mucho antes de cualquier texto constitucional. Es una conquista histórica que nuestra patria hereda tras largos tiempos de Reconquista y mediante la unión que protagonizan los Reyes Católicos. Y ahora, una «transición catalana» para construir una nueva nación. ¿Alguien se puede imaginar que cualquier jefe de Gobierno del Estado, al tomar posesión dijera sin recato que venía a «construir la tercer República Española? Pues algo así es lo que hemos tenido que oír y sin que nadie diga nada, claro. El consuelo queda en el hecho de que en la misma Constitución se establecen los resortes para que no se pueda romper la indisoluble unidad de la Nación española, como única Nación.

Pero hay mucho más. En el acontecer de estos últimos meses, los hechos y no ya las palabras, siembran niveles mayores de inquietud. Pujol ataca frontalmente al Tribunal Constitucional. El desprestigio de esta instancia máxima aflora por doquier. ¡Hasta una multitudinaria manifestación «espontánea» grita contra la sentencia que dicho Tribunal logra aprobar sobre el nuevo Estatuto Catalán, negando la validez del término Nación para Cataluña! Da igual. No se le hace caso y en paz. Tampoco se cumplen las sentencias del Tribunal Supremo sobre materia educativa en Cataluña. El ahora presidente Mas hace caso omiso, junto al sorprendente aliado PSC, de la obligación de «introducir» el castellano en la Escuela. Y no conforme con ello, propone limitar las plazas de estudiantes no catalanes en las Facultades de Medicina mediante «pruebas adicionales», algo que rompe cualquier declaración de igualdad establecido también en la Constitución. Y esconden la inquietud cuando, con palabras, gritos y silbidos se recibe al Rey, quien es precisamente símbolo de la unidad del Estado (art. 56 de la Constitución), cuando aparecen agencias o embajadas de Cataluña en el extranjero, siendo la política exterior competencia estatal o, en fin y por cerrar de algún modo este triste repertorio, cuando ante cualquier acontecimiento con relieve informativo permanecen pancartas, por nadie molestadas, en las que se lee lo de que Cataluña «is not Spain» ¿Es que nada de todo esto produce algún grajo de inquietud? ¿Tampoco la quema de banderas de España ante la impasividad general? Un único punto para la esperanza: las declaraciones de Ciudadans hablando de lo peligroso del nacionalismo y rechazando el peligro de un nuevo Kosovo. O, desde algo más lejos, la rotunda afirmación de Vargas Llosa: «Los nacionalismos periféricos son una constante amenaza a la convivencia».

Llegados a este punto, puede surgir la duda, antes señalada, de si todos estos desatinos no están amparados por el art. 20 de la Constitución que reconoce la libertad de expresión. Mi respuesta es claramente negativa. Todos los derechos tienen un límite. Y, en el caso de este artículo, se establece como límite, entre otros y «especialmente», el derecho al honor de los demás. Por «lo demás», ¿no puede entenderse el resto de los españoles y de no pocos catalanes? Pero hay más. En el art. 9 es posible leer que «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Sí: todos los ciudadanos y mucho más aquellos en los que la condición de ciudadano se una con la de poder público. Y nuestro argumento bien puede rematarse con el hermoso comienzo del art. 30 (por lo demás heredado nada menos que del famoso deber de «amar a la patria» que establecía nuestra primera Constitución de 1812) en el que se dice que «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Y es que la Constitución hay que concebirla como un todo. Lo contrario bien puede quedar en algo parecido a una Guía de Ferrocarriles. ¿Solución? Ninguna, afirmaba Azaña durante la guerra civil, tras denunciar el escaso apoyo que Cataluña prestaba a la República de todos, y se tuviera el régimen que el país tuviera. Y, con algo de más optimismo, de «conllevar» había hablado Ortega cuando el 13 de mayo de 1932 toma la palabra en el debate sobre el Estatuto de Cataluña: hay dos posturas irreconciliables y por ello no cabe una solución total. Lo correcto es conllevar, acoplando el tema a las circunstancias de cada momento. Puede que el siempre maestro llevara razón. Pero si así fuera, lo que no es posible negar es el enorme grado de autonomía que la Comunidad autónoma de Cataluña posee en nuestros días. ¿Ampliable? Es posible. Pero, por supuesto, sin dañar al todo que es la Nación española, alejando cualquier asomo de inquietud.

Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político.

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