El juego de la democracia

Por ser rutinario, el abuso de la palabra “democracia” no me preocupa. Nadie lo toma al pie de la letra. En la mayoría de los Estados que históricamente se calificaban de “repúblicas democráticas”, democracia equivalía a decir «dictadura». En la actualidad el abuso más notorio es el de la República Democrática de Corea -o sea, Corea del Norte- y Laos (regido por una junta de militares izquierdistas), Etiopía (donde la oposición no tiene diputados en la legislatura) y Argelia (donde un círculo de potentes no elegidos domina los procesos gubernamentales) se denominan de la misma forma sin cumplir las normas más elementales. Nepal se califica de República Democrática Federal pero al cabo de una guerra civil recentísimo es difícil por ahora predecir el rumbo que va a seguir su democracia inexperta. Timor del Este y Sri Lanka son tal vez las únicas repúblicas democráticas que merecen el apodo.

Mucho más inquietante que esa retórica, a la cual ya ni hacemos caso por saber que se trata de una pura superchería, es la perversión de la realidad democrática en países serios e incluso (en los casos de EEUU, el Reino Unido y España) modélicos. En EEUU una minoría del electorado ha impuesto un presidente que se burla del país. En Gran Bretaña la situación es, en cierto sentido, más grave que en el país de Trump, ya que el Gobierno de Theresa May está deformando la legalidad sin el consentimiento de los ciudadanos. El Ejecutivo de Londres remite, de una forma racionalmente incomprensible, a un referéndum constitucionalmente no vinculante, aprobado por una escasa mayoría de los votantes, para marginar las tradiciones constitucionales, sacar el país de la Unión Europea, poner de un lado tratados que garanticen el rol del Tribunal Europeo de Justicia, y cancelar algunos derechos de sus ciudadanos, entre ellos, los de trabajar, viajar y comerciar libremente en el resto de la Unión. Por tanto, el Reino Unido parece destinado a un Brexit duro que nadie quiere, sino unos pocos xenófobos y nacionalistas a ultranza. Los casos de Venezuela y Turquía son menos chocantes, porque sus raíces democráticas son menos profundas, pero se parecen de forma inquietante. En ambos, por maniobras electorales aprobadas por mayorías insuficientes para justificar cambios constitucionales, se está logrando suprimir las oposiciones y socavar el Estado de Derecho. En España, mientras tanto, por una maniobra semejante, un Gobierno autonómico en Cataluña, elegido por una minoría de sus votantes, se propone eliminar la Constitución sin tener el apoyo de la mayoría de los conciudadanos de la misma región, sino contando únicamente con el servilismo de una escasa minoría de sus propios seguidores que estarán dispuestos a participar en un referéndum ilegal.

En todos estos casos, la democracia ha quedado impotente frente a los abusos. Por respeto al Estado de Derecho, los demócratas auténticos toleran las anomalías constitucionales que permiten, en España y en el Reino Unido, que coaliciones de perdedores se agarren del poder, o en EEUU que Estados pequeños ejerzan una preponderancia electoral desproporcionada, privando a los votantes de grandes Estados, tales como Nueva York y California, del peso justo de sus votos. En Turquía, el golpe fracasado quitó legitimidad a la oposición en el momento clave del estratagema de Erdogan. En Venezuela y en España los recuerdos de la violencia política desarman los defensores de la democracia y animan el terrorismo psicológico de los revolucionarios. Maduro y Puigdemont se burlan de la benevolencia de sus opositores.

Parece mentira que en la historia de las ideas quepa corromper tan fácilmente el concepto de la democracia. La tradición abusiva es larga. Supongo que los ‘chavistas’ ni los ‘erdoganistas’ ni los ‘trumpistas’ ni los ‘brexiteros’ ni los señoritos del secesionismo catalán habrán leído los textos de Rousseau ni de Kant sobre esa “voluntad general” que supera a las voluntades de los individuos, por numerosos que sean, ni que hayan estudiado la tradición idealista alemán decimonónico que autorizaba a líderes –sedicentes carismáticos o superdotados de heroísmo o representativos o encarnados del espíritu del pueblo- para interpretar esa supuesta voluntad según sus caprichos o intereses particulares. Para algunos -de la CUP y de Esquerra- la tradición intelectual vigente es la de un marxismo degenerado que les permite considerarse como representantes de una clase supuestamente oprimida cuya opresión les otorga el derecho de oprimir a los demás.

Sé dónde echar la culpa, pero no sé dónde buscar el remedio. El independentismo catalán es un problema intrincadísimo, al cabo de tantos años de gestión poco inteligente por parte de sucesivos gobiernos españoles. El lector que me haya seguido -si existe alguno- sabrá que desde el momento del fracaso del Estatut en 2010 yo apostaba por una consulta a nivel nacional sobre la Constitución española para evitar la quiebra del país. Y mientras el movimiento secesionista en Catalunya ha ido acumulando fuerza, he insistido en la necesidad de organizar, por parte del Gobierno español, una consulta sobre la independencia de todos los habitantes de Cataluña y todos los del resto de España que se consideran catalanes. De esta manera, el Gobierno hubiera llevado la iniciativa. Sabríamos a ciencia cierta que la mayoría de los catalanes no quieren abandonar el resto de España. O, en caso contrario, ¿quién iba a pensar en mantener la Constitución actual si una gran mayoría de los españoles quisieran cambiarla y apostaran, por ejemplo, por un sistema federal? O si una gran mayoría de catalanes prefiriesen un futuro desacoplado de sus vínculos históricos con el resto de España, ¿quién piensa que los demás españoles no les concederían la independencia con afecto y tristeza, pidiéndoles que vayan con Dios? Parte de la esencia de la democracia, dentro de las normas del Derecho, es confiar en el pueblo, y deferir a su autoridad. Unos pocos catalanes no pueden cambiar la Constitución de España, pero si en algún futuro por ahora imprevisible el pueblo catalán realmente deseara independizarse, la magnanimidad de España no dudaría en lograr los cambios constitucionales necesarias para que se realizara.

Pero ya se ha perdido la ocasión de mostrar al país y al mundo la verdadera actitud de la mayoría de los catalanes. La iniciativa queda en manos de los resentidos del Palau de la Generalitat. Su referéndum secesionista, que en efecto sólo permite votar a los partidarios de la ilegalidad, me recuerda la decisión democrática de los Estados del Sur de independizarse de los Estados Unidos en 1860 sin tener en cuenta la opinión de los negros. El intento carece de cualquier pretensión verosímil de legitimidad. Pero el Gobierno nacional dispone de pocas posibilidades de frustrarlo. Si se suprime, los nacionalistas obtendrán una victoria propagandística, denunciando ante el mundo entero una tiranía que no permite a los votantes expresar su voluntad, o insistiendo en que las autoridades centrales actuaban por miedo. Hay que responder con un contundente, No tinc por. Hay que permitir el ejercicio, ridiculizándolo y denunciando su irresponsabilidad, su coste injustificable, su falta de justicia, su apoyo minoritario y su ineficacia legal. Sobre todo, hace falta una campaña de información, animando a los votantes a abstenerse de las urnas. Un referéndum fracasado valdrá más al mundo que un referéndum suprimido. Ni los señoritos del Palau osarían proclamar una independencia que pocos catalanes quieren, que el país entero rechaza, y que pocos Estados -excepto Venezuela o Corea del Norte- reconocerían. Si lo hiciesen, o si la CUP intentara un golpe, el rechazo popular en Cataluña sería enorme y veríamos a millones de manifestantes por las calles.

Pero la actitud negativa, aunque precisa, no es suficiente. La democracia no es el despotismo de la mayoría sino un sistema consensuado que involucra, consulta y respeta las opiniones de minorías significativas. No cabe duda de que en la actualidad hay una minoría significativa en Cataluña a favor de la independencia. Puede conseguir hasta un par de millones de votos. Merece tomarse seriamente en cuenta, asegurándole la disposición benévola del resto del país, la apertura al diálogo, y la promesa de buscar soluciones satisfactorias a sus inquietudes dentro del reino de derecho, de justicia, de paz y de amor que es España.

Felipe Fernández-Armesto es historiador y titular de la cátedra William P. Reynolds de Artes y Letras de la Universidad de Notre Dame (Indiana, EEUU).

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