El Juicio Final de la democracia

Un día tras otro, semana tras semana, el frente de batalla para proteger a la democracia de los populistas y autoritarios se desplaza cada vez más hacia los tribunales. En Estados Unidos, la Corte Suprema escuchó las deposiciones sobre un fallo del tribunal superior de Colorado, que dispuso que Donald Trump no cumple los requisitos para figurar en la boleta estatal de las elecciones presidenciales debido al papel que desempeñó en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense. Y un tribunal de apelaciones se pronunció en contra del reclamo de Trump, quien afirma que los presidentes cuentan con inmunidad por lo que hayan hecho en el cargo.

Además, un tribunal estatal de Nueva York le impuso recientemente una multa de 354 millones de dólares por fraude financiero, que se suman a los 83 millones de dólares otorgados por el jurado en un caso en el que Trump fue acusado de difamar a una mujer que le había ganado un juicio por agresión sexual. Además de prohibirle ocupar altos cargos en empresas con sede en Nueva York durante los próximos tres años, esos dos dictámenes probablemente lo dejen casi sin efectivo.

Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, el gobierno conservador del Reino Unido ha estado intentando que se apruebe una ley de reubicación de inmigrantes que procura eludir un dictamen de la Corte Suprema que anuló leyes similares. En Israel, el tribunal superior de ese país revocó una enmienda a una Ley Fundamental, que hubiera limitado su propia autonomía. Y el tribunal constitucional Federal de Alemania dictaminó recientemente que se puede negar financiamiento público al partido Die Heimat, antidemocrático y de extrema derecha, lo que llevó a especular con la posibilidad de que considere un caso similar relacionado con el partido Alternativa para Alemania (AfD, por su sigla en alemán), cada vez más popular.

El caso de la Corte Suprema de EE. UU. sobre los requisitos de la boleta electoral puede llegar a ser uno de los más importantes en la historia de ese país. Después del veredicto de la Corte Suprema de Colorado que prohíbe a Trump ocupar altos cargos por la insurrección del 6 de enero, se tornó inevitable la intervención del tribunal superior.

Los jueces de la Corte Suprema aceptaron el caso, y ahora deben decidir si bloquearán el regreso de Trump a la presidencia, sabiendo que prometió desatar «el caos» si se pronuncian en su contra. Pero aunque los seguidores de Trump causen desórdenes, el sistema democrático estadounidense —diseñado para disuadir a los demagogos— se habrá mantenido en pie. Por el contrario, si los jueces anulan la decisión de Colorado, algo que parece probable, es posible que el futuro de la democracia estadounidense quede en manos de un puñado de votantes en los estados pendulares clave.

El derecho y los tribunales han estado entrelazados con la vida política estadounidense casi desde la fundación del país. En 1835, Alexis de Tocqueville observó que «casi no hay cuestiones políticas en Estados Unidos que no terminen convirtiéndose, tarde o temprano, en asuntos judiciales». No exageraba. En 1803, la Corte Suprema había afirmado, en Marbury vs. Madison, su autoridad para revisar y, de ser necesario, derogar legislación (afirmándose así como árbitro final del significado y los requisitos de la Constitución del país).

Aunque desde hace mucho Estados Unidos es la democracia preeminente, pocos países adoptaron su modelo judicial. En EE. UU. la soberanía de la Corte se da prácticamente por sentada y solo se escuchan murmullos en disenso de tanto en tanto; pero en otros lugares a muchos observadores los preocupa la idea de que unas pocas personas en togas negras puedan decidir sobre, por ejemplo, la creación de un banco nacional o la legalidad de la esclavitud. Aunque casi todos los países democráticos cuentan con tribunales constitucionales, en pocos reciben la enorme carga política de los estadounidenses. Se espera que, por el contrario, defieran a los funcionarios electos.

Y, sin embargo, la política populista ha generado cada vez más tensiones en el orden constitucional de muchos países, lo que llevó a que los tribunales se reafirmaran de maneras novedosas. Un buen ejemplo es el intento del gobierno de derecha israelí por prohibir a la Corte Suprema que evalúe «la razonabilidad de las decisiones del gobierno, el primer ministro u otros ministros».

El mes pasado, ese tribunal anuló dicha ley. Siguiendo los pasos de sus contrapartes estadounidenses, los jueces determinaron que la Corte —no el Knéset, el gobierno ni el presidente— es la máxima autoridad sobre el significado y los requisitos de las Leyes Fundamentales israelíes.

En el Reino Unido —donde por mucho tiempo los tribunales fueron tildados de «leones a los pies del trono»— el fallo del año pasado que anuló la ley de reubicación de los inmigrantes sugiere que los miembros de la Corte Suprema intervendrán cuando sea necesario. El intento del gobierno de enviar refugiados a Ruanda, decidió el tribunal, representa una violación tanto del derecho internacional como local, porque —al contrario de lo que afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores— ese país no es seguro para quienes sean reubicados en él.

No queda claro qué ocurrirá si el gobierno del primer ministro Rishi Sunak logra que se apruebe una ley que declare que Ruanda es «segura», simplemente porque nunca antes un gobierno británico adoptó legislación con el único propósito de negar la realidad (de hecho, los ruandeses que solicitan asilo político al Reino Unido ya son más de los que ese país intenta enviar a Ruanda).

Si prima la concepción tradicional británica sobre la soberanía parlamentaria, la Corte Suprema se verá obligada a aceptar este resultado al estilo de Alicia en el país de las maravillas. De todas formas, aún si los miembros del Tribunal Supremo se abstienen de desbaratar el orden constitucional establecido en este caso específico, queda claro que se está dando un cambio más amplio en el poder del sector judicial, tanto en gran Bretaña como a escala internacional.

Para sobrevivir a este período de ataques populistas al orden democrático, los tribunales tendrán que abrazar el papel que les corresponde como árbitros de la justicia. Saben que sus decisiones no pueden depender de los caprichos emocionales de un Trump o un Boris Johnson, sino que deben guiarse por la razón, los precedentes y el derecho.

En una época con presiones populistas cada vez mayores, es probable que la aparente falta de necesidad de rendir cuentas del poder judicial resulte ser una de sus fortalezas fundamentales en vez de una debilidad... tal vez se haya convertido en el garante de última instancia del orden democrático constitucional.

Nicholas Reed Langen, a 2021 re:constitution fellow, edits the LSE Public Policy Review and writes on the British constitution for The Justice Gap.

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