El lado oscuro de la democracia

El lado oscuro de la democracia
NICOLÁS AZNÁREZ

El ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, con más de mil víctimas (centenares de ellas civiles), ha vuelto a atraer la atención internacional sobre la causa palestina. Sucedió lo mismo a comienzos de los años setenta del siglo pasado con los atentados internacionales de Septiembre Negro, la organización terrorista especializada en secuestros aéreos (ligada a Fatah y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP). El mundo entero se familiarizó entonces con la situación de los palestinos. En términos propagandísticos, fue un éxito; en términos estratégicos, un desastre. Menos de una década después, tras la invasión del Líbano por parte de Israel, la OLP hubo de refugiarse en Túnez, incapaz de proseguir la lucha armada más allá de esporádicos ataques terroristas internacionales.

La primera Intifada, iniciada a finales de 1987, marcó el resurgir del movimiento palestino, por primera vez desde dentro de las fronteras de Israel y no desde el exterior. Fue una campaña masiva de resistencia y protesta, sin recurrir a la violencia armada. La represión israelí, sin embargo, fue inmisericorde. Hamás (un acrónimo que significa “celo” o “entusiasmo”) nació ese mismo año. Como organización islamista, desempeñó un papel importante de apoyo durante la Intifada. A medida que el ciclo de protesta se debilitaba, fue adquiriendo mayor protagonismo y en 1992 creó un grupo terrorista clandestino, las Brigadas Ezzeldin Al-Qassam, que al año siguiente, en rechazo a los Acuerdos de Oslo, comenzaron a realizar atentados suicidas.

La segunda Intifada fue mucho más violenta que la primera, centrada principalmente en el uso del terrorismo suicida. Durante el periodo 2000-2008, los grupos palestinos mataron a 1.063 israelíes (728 de los cuales eran civiles) y, en represalia, las fuerzas de seguridad israelíes acabaron con la vida de 4.861 palestinos (casi cinco palestinos por cada israelí muerto). Además, para frenar la ofensiva, Israel comenzó entonces la construcción del muro de separación aislando a Cisjordania (y anexionándose parte de su territorio).

En 2007, el brazo armado de Hamás ya no era un grupo clandestino, sino una formidable milicia que, tras una batalla encarnizada contra las fuerzas de Fatah, se hizo con el control de Gaza. Desde entonces, las condiciones de vida en la franja han ido empeorando progresivamente y los habitantes de aquel territorio han sido objeto de diversos ataques por parte del Ejército israelí en respuesta al lanzamiento de cohetes y otros ataques hostiles de Hamás. En ese clima de degradación creciente, sin esperanza de que haya una solución aceptable en los próximos tiempos, Hamás ha cometido un ataque brutal e indiscriminado que está provocando una respuesta igualmente brutal e indiscriminada. Como en anteriores ocasiones, todo parece indicar que las víctimas palestinas terminarán siendo varias veces superiores en número a las israelíes.

Esta dinámica infernal, este ciclo de ocupación y resistencia, que en cada iteración produce más odio y desconfianza entre las partes, ha ido tensionando la democracia israelí. Desde la segunda Intifada, la opinión pública ha virado hacia posiciones cada vez más nacionalistas e intransigentes (aunque siga habiendo profundas divisiones en la sociedad israelí). El Gobierno que presidía Benjamin Netanyahu hasta el pasado 7 de octubre ha sido el más derechista de la historia del país, enfrentándose a una amplia protesta por su plan iliberal de reforma del Tribunal Supremo. Pero a pesar de estos problemas, visibles también en muchos otros países, Israel es una democracia plena, con elecciones, competición entre partidos y Estado de derecho. El contraste entre el régimen israelí y las autocracias de los países de Oriente Próximo resulta evidente.

Por desgracia, que Israel sea una democracia no es una garantía de respeto a los derechos humanos. Las democracias son respetuosas con sus propios ciudadanos, pero no necesariamente con los extranjeros. Con todas las salvedades que se quieran introducir, las políticas de Israel no son tan diferentes de las que llevaron a cabo las democracias occidentales en la época del colonialismo. Se trataba de democracias liberales, que garantizaban derechos fundamentales y libertades a sus ciudadanos, pero que no respetaban a los habitantes de las colonias. Las potencias occidentales, pese a la condición democrática de muchas de ellas, dejaron un reguero de violencia, explotación, opresión y esquilmación de ecosistemas y recursos naturales. En el caso de Israel, se trata más bien de un colonialismo interno, fruto de la anexión de territorios tras la Guerra de los Seis Días.

A estas alturas, la posibilidad de que Israel acabe constituyendo una democracia inclusiva es remota. Los palestinos que viven en Israel (fuera de las zonas ocupadas) tienen derechos de ciudadanía, si bien restringidos en aspectos importantes que les convierte en ciudadanos de segunda (no tienen libertad plena, por ejemplo, para comprar tierras o establecerse en ciertas zonas del país). El problema es que no parece factible extender ese esquema a los palestinos que viven en las zonas ocupadas. La brecha entre las dos comunidades es demasiado profunda.

De la misma manera, la solución de los dos Estados, que pareció posible tras la creación de la Autoridad Palestina en los Acuerdos de Oslo, es hoy una quimera, pues Israel considera que no cesaría por ello la amenaza que se cierne sobre su supervivencia (Hamás, como es bien sabido, aspira a la destrucción del Estado judío). Por lo demás, la expansión de los asentamientos en Cisjordania ha eliminado la viabilidad estatal de los territorios ocupados. Tanto la evolución del propio conflicto como las tendencias políticas en el Israel actual apuntan más bien hacia una alternativa basada en el apartheid, la expulsión de los palestinos e incluso la limpieza étnica. Se ha vuelto un lugar común hablar de Gaza como la mayor prisión del mundo y del régimen aplicado a los palestinos en las zonas ocupadas como una suerte de apartheid, comparable en muchos sentidos al que prevaleció en Sudáfrica hasta 1994.

El patrón de acción de Israel, visto con perspectiva histórica, es claro. Cada crisis de seguridad sufrida, a raíz de los ataques lanzados por los países árabes del entorno o por los grupos armados palestinos, ha servido para ir perfilando el objetivo último de un Gran Israel construido a partir de una concepción etnicista. Tiene algo de anacrónico que una democracia como la israelí pueda, en pleno siglo XXI, llegar tan lejos en la marginación y represión de quienes no encajan en su proyecto nacional. Que esa política excluyente la practique una democracia liberal no es un atenuante, sino más bien al contrario. Por eso mismo, porque las democracias albergan un lado oscuro cuando se enfrentan a problemas de composición del demos, no tiene demasiado sentido que los países occidentales presten un apoyo incondicional a Israel. Que los ciudadanos israelíes gocen dentro de su país de derechos y libertades no evita que Estado de Israel viole los derechos humanos de los residentes en los territorios ocupados.

Israel merece ayuda para defenderse de sus enemigos, eso no está en cuestión, pero no a cualquier precio ni de cualquier modo. Las democracias liberales (sobre todo Estados Unidos) no tienen por qué renunciar a ayudar a Israel, pero deberían establecer una fuerte condicionalidad, especificando los límites de la represión y el castigo que Israel pueda ejercer contra quienes atacan a sus ciudadanos. Sin el apoyo de Occidente, Israel sería mucho más frágil. De ahí que haya que emplear toda la presión posible para evitar nuevas catástrofes humanas.

Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.

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