El largo viaje de la amnistía

Hace unos años, los expertos en propaganda rusa Edward Lucas y Peter Pomerantsev explicaron en un informe del Center for European Policy Analysis en qué consistía la propaganda del Kremlin: «El uso que hace el Gobierno ruso de la guerra de la información -la desinformación- difiere de las formas tradicionales de propaganda. Su objetivo no es convencer o persuadir, sino desautorizar. En lugar de agitar al público para que actúe, busca mantenerlo enganchado y distraído, pasivo y paranoico». Es decir: en vez de convencer y persuadir, la propaganda rusa busca desconvencer, extender un manto de sospecha y promover un relativismo epistémico absoluto.

Es una estrategia parecida a la del independentismo. Tanto el Kremlin como Puigdemont piensan que si no es posible ganar el partido, al menos hay que ensuciar el terreno de juego, mover las porterías, embarrar el césped para que sea casi imposible jugar. El objetivo del independentismo hoy no es derrocar al Estado, una tarea imposible, sino contribuir a su desmantelación y boicot. Si no podemos independizarnos, al menos que ellos no puedan gobernar en paz.

El largo viaje de la amnistía
Raúl Arias

Es algo que confirman a menudo los políticos independentistas: «Nosotros estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino», dijo la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en el primer debate parlamentario sobre la amnistía. En 2020, la diputada de ERC Montserrat Bassa se expresó aún más claramente: «Me importa un comino la gobernabilidad de España».

Desde que el partido Junts dio los siete votos que necesitaba Pedro Sánchez para su investidura, sus diputados han sido bastante transparentes en su estrategia: no les importa la supervivencia de la coalición de gobierno, apoyada por los partidos de izquierda y los nacionalistas, sino la supervivencia tanto política como jurídica de los líderes independentistas. Lo avisó Puigdemont el agosto pasado cuando dijo que haría «mear sangre» a Pedro Sánchez. El procés hoy no se juega en Cataluña, sino en Madrid: es la famosa «internacionalización», o en este caso españolización, del conflicto. Se obtiene más bloqueando y chantajeando en el Congreso que gobernando en Cataluña. Por eso Junts, que no gobierna la Generalitat y es tercera fuerza en el Parlament, es hoy la principal fuerza simbólica del independentismo.

Ayer demostraron ese desdén por la gobernabilidad al boicotear, de nuevo, una ley que, paradójicamente, está hecha a su medida: si existe la Ley de Amnistía es solo porque el presidente Sánchez necesita los siete votos de Junts. Para la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no es suficiente que la ley la hayan redactado los mismos que se beneficiarán de ella; no es suficiente que sea una ley ad hoc que no busca ni la convivencia ni «pasar página» sino, simplemente, beneficiar a su líder fugado y a sus aliados. Hace falta más: una «amnistía integral». Resulta extraño, entonces, que apoyaran el dictamen de la norma y ahora boicoteen su aprobación: la ley no ha cambiado.

Pero, de nuevo, no buscan la gobernabilidad. Incluso aunque los independentistas obtuvieran todo lo que quisieran, su incentivo seguiría siendo la presión y el boicot, los desplantes y virajes a última hora. Ya ocurrió a principios de enero cuando Junts amenazó con no apoyar varios decretos del Gobierno. No tenían nada que ver con la amnistía (eran sobre reformas de justicia, medidas anticrisis y una reforma del subsidio de desempleo), pero Junts acabó sacando concesiones al Gobierno tras amenazar con su voto negativo, entre ellas la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, a pesar de que Junts no gobierna la Generalitat.

El independentismo no solo tiene una concepción plebiscitaria de la democracia, basada en una supuesta «voluntad popular» que ellos representan, sino también una idea agonista, en la que el objetivo no es el consenso sino el conflicto. Hacerle concesiones importantes a cambio de apoyo puntual en cada votación no es solo irresponsable y poco inteligente, también da gasolina a su estrategia conflictiva. Si cada vez que amenazan con tirar la mesa les dan algo, ¿qué incentivos tienen para dejar de hacerlo? Ayer no les funcionó, pero tienen suficientes motivos para seguir intentándolo.

Las similitudes entre la propaganda independentista y la del Kremlin no son casuales. Una de los principales discrepancias de Junts con la Ley de Amnistía tal y como está ahora redactada tiene que ver con la llamada «trama rusa». Junts reclamaba eliminar completamente de la ley el artículo que excluye de la amnistía los delitos de terrorismo, que podían afectar a los líderes del procés por su instigación de las protestas violentas de Tsunami Democràtic, pero también los de traición y los que van contra la defensa nacional, que podrían haber afectado a los independentistas si eran imputados por sus vínculos con emisarios del Kremlin.

El 26 de octubre de 2017, un día antes de la declaración unilateral de independencia, el presidente Carles Puigdemont se reunió con un enviado del Gobierno ruso. La historia parece de Berlanga. Según un reportaje del medio de investigación Bellingcat y El Periódico de Cataluña, el emisario del Kremlin ofreció a la Generalitat dinero para financiar la independencia y soldados para proteger el nuevo Estado. A cambio, la nueva Cataluña independiente debía convertirse en una especie de paraíso fiscal para las criptomonedas.

El interés de Rusia en el procés era obvio, como ha explicado Nicolás de Pedro en este periódico: «La crisis del procés resultaba atractiva, acaso irresistible, para el Kremlin porque tenía el potencial para desestabilizar a un miembro relevante de la Unión Europea y de la OTAN con vínculos profundos con América Latina, una región de interés estratégico para Moscú». Otra cuestión es si su involucración en él estaba planificada y coordinada desde la Generalitat o no.

Es posible que el recorrido jurídico de la trama rusa no lleve a ningún lado, igual que las acusaciones de terrorismo (en un país que ha vivido el terrorismo de ETA, el debate sobre lo que es o no terrorismo es delicado y a veces se corre el riesgo de frivolizarlo). También está claro que tanto el Gobierno como Junts saben que tanto la trama rusa como la de Tsunami Democràtic son cuestiones mucho más importantes que una reforma del Código Penal o una cesión de competencias: son temas de defensa nacional, traición y terrorismo.

En la relación que hay entre Junts y el gobierno siempre ha habido una asimetría de favores. Sánchez siempre pide mucho menos de lo que da. No es, obviamente, por magnanimidad. Piensa que nada es suficiente cuando el objetivo es seguir en el poder. El nacionalismo, por su parte, realmente no negocia. Su estrategia es el chantaje. Porque en las negociaciones ambas partes ceden. Aquí, en la práctica, siempre cede el Estado. Y esto es aplicable incluso hoy, cuando aparentemente el Gobierno no ha aceptado el chantaje de Junts. Porque el Ejecutivo ya se plegó a los intereses de Junts al proponer una Ley de Amnistía hecha a medida de los independentistas a cambio de siete votos para una investidura. Y porque está claro que tarde o temprano la ley saldrá adelante, y si no incluye todo lo que los independentistas desean, saldrán igualmente ganando.

Es posible que su aprobación tarde más de lo normal. Ahora la ley vuelve a la Comisión de Justicia y a un nuevo debate de enmiendas parciales. Si finalmente es aprobada, tendrá que pasar por un Senado controlado por el PP, que no puede vetar la ley pero sí puede dilatar su trámite. En todo este proceso, si nos atenemos a lo que ya hemos visto, se volverán a repetir escenas de infarto, desplantes a última hora, concesiones delirantes y, sobre todo, la sensación de que el Gobierno está subastando el Estado cachito a cachito. Los efectos de esta manera de hacer política son muy nocivos. No solo provoca enormes desigualdades entre españoles. También traslada la idea de que la única manera de hacer política en este país es mediante el chantaje.

Ricardo Dudda es periodista y autor de Mi padre alemán (Libros del Asteroide).

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