La reforma laboral del año 2012 ha cumplido 6 años. Una reforma contestada aquel mismo año con dos huelgas generales, que supuso un profundo cambio en nuestro sistema de negociación colectiva y cuyo objetivo en materia de política económica era promover una devaluación salarial en España. Desde esa perspectiva ha cumplido su función: los salarios han caído un 7,5% en la crisis, caída que se triplica para los salarios más bajos.
Pero la reforma también se anunciaba con otras intenciones. Por un lado, fomentar un aumento de la capacidad competitiva del país mejorando los saldos entre importaciones y exportaciones, producto de la reducción salarial. Por otro, evitar que en España se volviera a recurrir al uso masivo de la contratación temporal y el despido como forma de ajuste a los ciclos económicos, cambiando esa dinámica por medidas de flexibilidad interna en las empresas. En este sentido, la reforma ha sido un fracaso: la mejora de las exportaciones se explica fundamentalmente por el aumento de la demanda externa y, por otro lado, se vuelven a repetir los patrones de contratación precaria que incubarán la siguiente crisis de empleo cuando acaben los ciclos alcistas.
Esta reforma ha sido un exceso y una chapuza, que ha desequilibrado las relaciones laborales colectivas. No hay más que ver la evolución de sus aspectos centrales. El tratamiento de la ultraactividad ha introducido un conflicto donde no lo había. Antes, un convenio colectivo no perdía su vigencia hasta que fuera sustituido por otro, salvo que las partes pactaran lo contrario. Ahora, si no se llega a un acuerdo, el convenio puede perder su vigencia. Esto plantea un vacío que condiciona las negociaciones de los convenios, creando una inseguridad jurídica que los tribunales han ido resolviendo manteniendo las condiciones laborales a los trabajadores como condiciones personales, pero que pone una espada de Damocles sobre los sindicatos a la hora de negociar los convenios.
Qué decir de la posibilidad de que un convenio de empresa reduzca los salarios de los convenios sectoriales aunque no haya ninguna causa económica que justifique esa “necesidad”. Un desatino que fomenta la competencia desleal entre empresas y auténticos salarios de miseria.
Otro aspecto es la enorme capacidad que se da al empresario/a para modificar las condiciones de trabajo y salariales, y para despedir de forma “procedente”. La capacidad de inaplicar un convenio, realizar modificaciones sustanciales de trabajo sin apenas garantías y absorber las mejoras laborales que se vinieran aplicando en la empresa, explican la mayor parte de la caída de los sueldos y el incremento del poder autoritario y unilateral del empresariado.
Esta reforma laboral respondió a impulsos ideológicos en las recomendaciones europeas, que se han reflejado asimismo en reformas laborales en otros países, pensadas para una devaluación interna. Cuando las mismas instancias europeas recomiendan el impulso de los salarios, esta legislación es un lastre que objetivamente lo dificulta. En nuestra opinión debe ser derogada, pero lo importante es que sea sustituida por otras formas de regular las relaciones laborales.
La primera función de la negociación colectiva hoy debe ser promover la recuperación de los salarios, para lo que hay que equilibrar las posiciones negociadoras. La ultraactividad y la posibilidad de bajar salarios sin causa económica deben eliminarse; la adaptación de las condiciones laborales en la empresa (mediante inaplicaciones de convenios, modificaciones de condiciones laborales, reducciones o suspensiones de jornada) debe responder solo a causas económicas, medibles y objetivables; perseguir la precariedad y la temporalidad en la contratación; tratar de que el despido sea la última opción en caso de problemas en las empresas; en definitiva, modificar el afán autoritario de empoderamiento empresarial de la reforma para fortalecer las relaciones laborales modernas.
Discurrir por este camino abriría la puerta a un concepto más moderno, democrático y eficaz del sistema laboral en España. Es una necesidad acuciante porque la desigualdad se ha instalado en nuestro país, como consecuencia de las medidas estructurales tomadas al calor de la crisis. Pero también es una necesidad estratégica porque la negociación y el convenio colectivo tienen un papel decisivo que jugar en el futuro si se pretenden impulsar transiciones de empleo, tecnológicas, de digitalización y de adecuación del aparato productivo del país a la velocidad creciente de los cambios. Y no se puede correr una carrera con un cepo puesto.
Unai Sordo Calvo es secretario general de Comisiones Obreras.