El lavado financiero sucio de Occidente

Los escándalos de lavado de dinero siguen desarrollándose, más recientemente en Estonia, donde se informó que una filial del Danske Bank procesó unos 200.000 millones de euros (225.000 millones de dólares) en pagos sospechosos de toda la región en los últimos años.

Aun así, Estados Unidos y la Unión Europea todavía tienen que ofrecer una respuesta coordinada al problema. Por el contrario, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos recientemente castigó a la Comisión de la UE por incluir cuatro territorios estadounidenses (Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos) en una lista de jurisdicciones con “regímenes anti-lavado de dinero débiles y financiamiento de terroristas”. Ahora bien, en lugar de echarse la culpa mutuamente, Estados Unidos y la UE deberían estar trabajando en conjunto para desarrollar un nuevo consenso sobre cómo abordar la cuestión.

El lavado de dinero, en su forma actual, es relativamente nuevo. A partir de fines de los años 1980, la liberalización financiera en todo el mundo condujo a un incremento sustancial de la evasión impositiva. Pero el problema, en verdad, no estuvo en el radar de los responsables de las políticas hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, que revelaron la conexión entre el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. Sorprendentemente, sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Ciudadanos Unidos contra Comisión de Elecciones Federales permitió que cantidades ilimitadas del llamado dinero sucio se volcaran a las elecciones del país. Y desde los ataques por parte de Rusia en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, el lavado de dinero ha pasado a ser una vez más una cuestión de seguridad nacional.

Europa también ha sido objeto de una intromisión electoral rusa. Pero también enfrenta diferentes problemas que Estados Unidos. Como su sistema bancario está fragmentado y no está bien controlado, las instituciones financieras del norte de Europa aparentemente no siempre son conscientes de las actividades ilícitas que ocurren bajo sus narices. El sistema bancario estadounidense, por el contrario, está muy bien vigilado. Sin embargo, Estados Unidos efectivamente ha legalizado prácticas fuera del sistema bancario que deberían estar prohibidas.

Después de que Estados Unidos adoptó la Ley Patriótica de 2001 para combatir el financiamiento terrorista, a los bancos estadounidenses se les exigió conocer a sus clientes, a riesgo de percibir multas draconianas. Y en los cinco años posteriores a la crisis financiera de 2008, los bancos que operaban en Estados Unidos pagaron unos 230.000 millones de dólares en sanciones por violaciones varias. El resultado es que los bancos estadounidenses están aterrados de meterse en problemas legales y, por lo tanto, han creado departamentos poderosos de cumplimiento interno.

La Ley Patriótica fue efectiva a la hora de depurar los bancos y expulsar a los bancos pantalla anónimos del sistema financiero internacional. El problema es que se aplica solamente al sector financiero. Desde 2002, el sector inmobiliario ha quedado al margen de las cláusulas esenciales de anti-lavado de dinero de la ley, al igual que innumerables corporaciones pantalla con su “sede central” en Wilmington, Delaware, y firmas legales, que pueden transferir dinero bajo la protección de la confidencialidad entre abogado y cliente.

Estos vacíos han tenido profundas implicancias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que se lavan en el país unos 300.000 millones de dólares cada año. Y, en junio de 2018, había 1,7 billones de dólares en títulos estadounidenses en las Islam Caimán, más de la tenencia en China (sólo superado por Japón).

En cuanto a Europa, existen leyes similares contra el lavado de dinero, pero la situación difiere de maneras importantes. La UE se toma en serio la transparencia de la titularidad. Su quinta directiva sobre anti-lavado de dinero, adoptada en junio de 2018, va mucho más allá que la Ley Patriótica al requerir un informe público de la titularidad beneficiaria para todos los activos en todos los sectores, no sólo en la banca.

Sin embargo, Europa ha sido demasiado tímida a la hora de vigilar los flujos de dinero que entran y salen de los bancos. Las multas por lavado de dinero han sido tan pequeñas que no constituyen un verdadero factor de disuasión. Los propios bancos ven las medidas preventivas en marcha meramente como un estorbo burocrático, y no tienen ningún incentivo para desarrollar el tipo de departamentos de cumplimiento fuertes que se ven en Estados Unidos.

Para crear los incentivos apropiados, las autoridades financieras europeas deberían seguir el ejemplo de Estados Unidos y empezar a imponer severas multas por violaciones bancarias. Pero otro problema es que Europa carece de una agencia poderosa de anti-lavado de dinero a la par de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos. Como han demostrado Joshua Kirschenbuam del Fondo Marshall Alemán y Nicolas Véron del Instituto Peterson de Economía Internacional, Europa desesperadamente necesita un nuevo cuerpo central que se dedique exclusivamente a este problema.

El Danske Bank puso de manifiesto esta deficiencia. En su calidad de banco importante con sede en la UE, es supervisado por el Banco Central Europeo. Pero la competencia del BCE no incluye vigilar el lavado de dinero. Esa responsabilidad recae en el regulador financiero danés. Pero esto no quiere decir que las autoridades bancarias de Dinamarca puedan mantenerse constantemente informadas de las actividades del Danske Bank en Estonia. E incluso cuando el regulador bancario de Estonia elevó advertencias, las autoridades dinamarquesas tuvieron una reacción lenta, lo que sugiere que el banco dominante de Dinamarca, en verdad, tal vez sea demasiado grande como para ser regulado.

Por su parte, Estados Unidos necesita dejar de permitir que los últimos titulares beneficiarios de activos estadounidenses oculten sus identidades. El secretario del Tesoro puede poner fin a la excepción temporaria para los activos inmobiliarios de un plumazo. Abolir las compañías anónimas y prohibir que las firmas legales operen como bancos, en cambio, exigirá legislación federal. Afortunadamente, el nuevo presidente demócrata del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Maxime Waters, ha puesto estas cuestiones en el tope de la agenda.

Estados Unidos y Europa deberían dejar de pelearse, seguir el ejemplo del otro y reparar los errores flagrantes en sus regímenes de cumplimiento. En una economía globalizada, ésa es la única manera de derrotar a los malos muchachos.

Anders Åslund is a senior fellow at the Atlantic Council in Washington, DC. He is the author of Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It, Europe’s Growth Challenge (with Simeon Djankov), and the forthcoming book Russia’s Crony Capitalism.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *