Ecuador tiene otro récord no democrático: un país en el cual se enjuicia a un candidato presidencial, a un canal de televisión y a una encuestadora por difundir los resultados de una encuesta a boca de urna.
El propio presidente Rafael Correa lo ordenó: “La prensa comercial, la que siempre ha dominado, trató de imponer un presidente a Ecuador pero no lo logró”, dijo. “Hemos avanzado mucho con la Ley de Comunicación… Tenemos el Código Penal”.
Así que fiscales y jueces actuaron. A principios de abril, la asambleísta de Gobierno, Rosana Alvarado, puso una denuncia por “falsificación y uso de documento falso” y pocas horas después se ordenó el allanamiento de las oficinas de la encuestadora Cedatos y se confiscaron sus computadoras. En las investigaciones de la Fiscalía se implica al candidato presidencial Guillermo Lasso, a su candidato a Vicepresidente, Andrés Paez, y al principal presentador de noticias de Ecuavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros, un rostro que ha estado en la pantalla ecuatoriana 50 años. Ya se abrió una contra el presidente de Cedatos, Polibio Córdova.
Este es solo uno de los varios episodios de una escalada de polarización y acoso que está aplicando el saliente gobierno de Correa a partir de la controvertida victoria de Lenín Moreno y Jorge Glass en la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas el pasado 2 de abril.
Correa también ha acusado reiteradamente a la organización Participación Ciudadana, que hizo un conteo rápido la noche de las elecciones y se negó a proclamar resultados: “No podemos permitir que se vuelva a jugar con la buena fe de la gente y las instituciones, y que una ONG juegue con la fe pública”, declaró.
La Comisión Anticorrupción, un grupo de ancianos notables que han presentado tres denunciadas documentadas en la Fiscalía sobre sonados casos de corrupción (todas desechadas), fue llamada a juicio por calumnias en una demanda presentada por el Contralor del Estado, Carlos Polit. Los nueve integrantes de la Comisión fueron sentenciados a un año de prisión por calumnias. La sentencia fue anulada horas después de que el presidente electo exhortara al Contralor a desistir de la querella.
También está la sanción por casi 4.000 dólares en contra de siete medios de comunicación, acusados de forma directa por Correa por no haber republicado un reportaje del diario argentino Página 12 contra el candidato Lasso. El superintendente de la Comunicación, Carlos Ochoa, declaró culpables a los medios denunciados por violar uno de los artículos más insólitos de la delirante Ley de Comunicación, el de “censura por omisión”. En este caso, también, el presidente electo se pronunció pidiendo dejar la medida sin efecto, mientras la misma era celebrada por Correa. Hasta la fecha ha prevalecido la celebración
No es todo. El editor del Diario La Hora, Luis Vivanco, está siendo investigado penalmente por “intimidación”, al haber comentado en una foto distribuida por Twitter que “la Revolución se acostaba sobre colchones de dinero”. Lo mismo ocurre con Jaime Cedillo, enjuiciado por el abogado personal de Correa tras haber reproducido un artículo del periodista Martín Pallares, publicado originalmente en el portal 4 Pelagatos. Y al final, el presidente en su ultimo show sabatino rompió un ejemplar de lo que llamó la prensa mercenaria, mientras bailaba “Despacito”.
Parecería que Correa quiere dejar un país incendiado y amarrar a Moreno al entorno de funcionarios que le son leales. O puede ser simplemente el digno cierre de una década que dejará un rastro de avances sociales contrapuesto a un terrible deterioro de las instituciones democráticas y a un cúmulo de violaciones a la libertad de prensa y la libertad de asociación, evidente en el centenar de líderes sociales e indígenas encarcelados.
Las intervenciones de Moreno podrían ser interpretadas como el comienzo de un distanciamiento con su predecesor y un cambio de estilo en la conducción del poder. Pero la realidad puede ser algo más compleja.
Alianza País estuvo por primera vez muy cerca de perder el poder y que se produzca un cambio democrático. La respuesta de Correa ha sido polarizar más aprovechando el momento para asestar un golpe de muerte a esa oposición política que estuvo a punto de conquistar el poder. Y de paso acabar con los resquicios de sociedad civil autónoma y medios de comunicación independientes del país.
Pero, además, Correa quiere marcar el territorio a su sucesor. Dejarlo acorralado, en medio de dos fuerzas en disputa, que asumen un discurso violento y excluyente uno del otro, para hacer casi imposible el diálogo y consenso que Moreno prometió.
En medio de las bombas sembradas, el nuevo presidente, quien asumirá este 24 de mayo, sabe que tiene una prioridad y una papa caliente entre manos. La prioridad es hacer frente a la recesión económica que toca las puertas del Ecuador y que puede desembocar en el agotamiento de un modelo que se sustento en la masiva inversión estatal y el arrinconamiento al sector privado.
La papa caliente es la corrupción. Si llega a lo más alto, el supuesto retiro de Correa a Bélgica será solo una ficción y es seguro que liberará la defensa de su legado, aunque con ello malogre la presidencia de Moreno, quien sería sepultado por el animal político que es Correa.
El resultado de estos escenarios no solo es una cuestión de estilo. Ni los mayores defensores de Correa pueden sostener que es un mandatario tolerante a las críticas o que se somete a las reglas de un estado de derecho. Su arrogancia y carácter autoritario han sido protagonistas de políticas escabrosas, cómo los retrocesos en derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Se trata de su supervivencia política y, fiel a su estilo, Correa tratará de protegerla a como dé lugar.
Ni los mayores detractores de Moreno pueden dejar de reconocer su buen talante, su carácter pacífico, pero eso puede ser insuficiente ante su acorralamiento bajo un gabinete que parece nombrado bajo la premisa de que algo cambie, para que no cambie nada.
César Ricaurte es director ejecutivo de Fundamedios, una ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa en Ecuador.