El verano y los libros provocan sensaciones contradictorias. Por un lado, los editores nos animan a leer en la playa, incluso, amenazando con el castigo a los no lectores; por el otro, vemos cómo la campaña del libro de texto se hace ya presente en las vidas de la mayoría de familias con hijos en edades de educación obligatoria.
Los grandes centros comerciales e hipermercados nos animan, al igual que algunas librerías, no a leer sino a hacer nuestras reservas con prontitud y celeridad, más porque necesitan asegurar sus pedidos que por un peligro real de quedarnos sin libros. Así que nos vemos obligados, eso intentan, a movernos entre la prisa de la reserva y la tranquilidad de la lectura playera. Por lo menos ese 50% de la población que dice leer.
Esta situación, en esta ocasión, se mueve dentro de un nuevo marco legal motivado por una nueva 'Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas' aprobada con prisas a mediados de junio antes de que se dé el pistoletazo de salida a la campaña de texto. La nueva ley modifica sustancialmente el tratamiento del libro de texto de la enseñanza obligatoria al pasar de una situación de precio fijo o único con descuento, que era la existente en los últimos años y que llevaba a anuncios del 25% de rebaja, a una nueva de precio libre, donde los editores fijan el o los precios de cesión y quienes lo comercializan al cliente final, habitualmente los libreros y grandes superficies, aunque también suelen entrar en este juego los propios editores y las asociaciones de padres y madres de alumnos, cargan o no unos márgenes de explotación sobre el precio de cesión que el editor le ha dado o se ha dado a sí mismo, y que lleva a anuncios del tipo de 'si usted lo encuentra más barato le abonaremos 10 veces la diferencia'.
Los libreros, en general, han venido diciendo que se encontraban más cómodos en este segundo campo de juego, en el del más barato, aunque uno no acaba de entender el porqué. Ésta ha sido la postura del 'mal menor' mantenida durante todo el proceso de discusión de la ley antes de su aprobación. Es cierto que últimamente empiezan a aparecer algunas voces discrepantes que, al mismo tiempo, anuncian el fin de la presencia del libro de texto en las librerías. No sería el primer libro que sale de las librerías, ni tampoco el primer contenido que abandona el papel.
Esta nueva situación de precio libre se vive, al mismo tiempo, con un avance en las políticas de préstamo o gratuidad por parte de las distintas administraciones de las comunidades autónomas. Todo ello, en una primera observación, la más pegada al día a día, está trayendo algunas consecuencias:
1. La situación en la que se encuentra cada familia depende de la comunidad autónoma donde tenga escolarizado a su hijo. Cada comunidad autónoma está aplicando distintas medidas por lo general tendentes a conseguir un menor gasto por parte de las familias en libros de texto.
2. Hasta ahora los padres sabían cuánto les iban a costar los libros de texto, ya que existía un precio fijo al que se le aplicaba un descuento. A fecha de hoy cualquier reserva que se haga carece de referencia de precio, fiándose en las promesas de 'mejor precio' que algunos establecimientos ofrecen. La familia pierde un importante elemento de información del que suele disponer en otros productos que se rigen por el precio libre. Es muy probable que en cualquier gran superficie se encuentre con el resto de productos, sean yogures, latas de tomate, chorizo o similares, con su precio fijado aunque también estén bajo el régimen de precio libre.
3. Si nos fijamos ya en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en concreto en las medidas que el Departamento de Educación parece poner en marcha, aunque en la web de dicho departamento no haya prácticamente información sobre las mismas, nos encontramos con un modelo que, probablemente, resulta el más complejo y poco claro en su desarrollo y aplicación siguiendo al parecer políticas y criterios distintos según sea el curso y el centro en el que se encuentra el alumno. Así, este año parece que el modelo de préstamo-copago se aplicará en los dos primeros cursos de primaria donde, curiosamente, no será en principio un modelo de préstamo ya que los materiales quedarán para el alumno, sino de copago, ya que el coste de los libros deberá ser asumido, en parte y quizás en una mayor que la que el propio Gobierno aporte, también por la familia. En esta línea parece que la ayuda propuesta por la Consejería es de las más bajas en comparación a otras comunidades autónomas. Obviamos las ayudas municipales que también se producen en otras comunidades y que quizás en estos momentos lo único que generan es un 'ruido de calderilla'.
4. Dentro de este modelo, y esperando poder conocer lo que puede pasar en años sucesivos, cada centro escogerá cuáles son sus criterios de aplicación. Así, en unos casos parece que se dará libertad a los padres para que los gestionen donde quieran, en otros será la propia AMPA quien haga la gestión y en un tercer caso parece que se llegará a acuerdos con alguna librería en concreto.
Todo este modelo, bien sea de préstamo, gratuidad o cheque escolar aplicado al libro de texto, está dejando al mismo tiempo sin abordar o, quizás escondiendo, otra reflexión de mayor calado: ¿cuál o cuáles deben ser o son los instrumentos más adecuados para la plasmación de los contenidos educativos curriculares en cada una de las etapas de la educación obligatoria?
Los cambios sobre los que se centra habitualmente la información en los medios parecen preocuparse sólo por las condiciones con que se trata al mensajero, en este caso el libro de texto y lo que se mueve a su alrededor, pero deja de lado frecuentemente las modificaciones que se están produciendo tanto en los canales y formas de adquirir conocimiento como en la variación de los propios soportes lectores.
Ello requiere una reflexión más pausada que no parece querer abordarse de una manera transparente y pública. Hace tiempo que tanto los modelos de aprendizaje como sus posibles mediaciones están evolucionando. Hay experiencias, siempre las ha habido, de no trabajar directamente con libro de texto, sino con otros soportes de carácter más tecnológico y con otras fuentes de información. ¿Qué es lo que debe ser gratuito en este caso?
Quizás vaya siendo hora, ante tanta prisa tecnológica por un lado y de implantación de gratuidad por otro, de parar un momento y reflexionar para intentar responder antes de dar el siguiente paso, por lo menos, a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles van a ser los soportes curriculares a medio plazo?
2. ¿Seguirán estando los contenidos unidos al soporte?
3. ¿Qué será lo que se deba financiar, la calidad de los contenidos, el soporte que los vehicula, ambas cosas?
4. Y mientras este proceso de reflexión se realiza y se hace público, ¿no sería mejor hacer un análisis del coste de los soportes actuales en cada curso y, bajo una fórmula de copago, dedicar un porcentaje fijo todos los años para cada alumno dirigido a la compra del material curricular correspondiente mediante una fórmula de cheque escolar?
5. Para que ello fuera mínimamente racional lo ideal sería también que el libro de texto volviera al modelo de precio único. Ya que sin él:
- Se impide objetivar el coste real de la enseñanza a través del libro de texto, incluyendo con ello un nuevo factor de desigualdad. Ya de hecho el gasto por alumno entre las distintas comunidades autónomas, como ya hemos señalado, es distinto, habiendo notables diferencias. Con este nuevo factor se agudizan las diferencias y se impiden unos análisis objetivos de costos.
- Siendo el libro un producto-soporte en el que intervienen autores, editores, distribuidores, libreros... se aplica una medida sólo sobre una parte, los libreros. Es el único que varía su margen de explotación.
- Se deja sin abordar el debate de la gratuidad con seriedad ya que la gratuidad sólo se puede abordar desde estructuras de precios fijos y únicos, que son los que permiten establecer comparativos reales de inversión y resultados obtenidos.
En cualquiera de los casos sería de interés situar el debate en el ámbito educativo y de los mejores procesos para la creación de los adecuados contenidos curriculares y su conveniente difusión y adaptación.
Las consecuencias que todo ello tendrá sobre el sector del libro, básicamente el librero y en menor medida el editorial, quizás haya que analizarlas más desde posturas de reconversión sectorial. Si para otros sectores ha habido ayudas para abordar procesos de este tipo, éste, que además es estratégico en cuanto creador y difusor de contenidos culturales no debería ser una excepción.
Cultura, comercio, industria y educación tienen mucho que decir y más que escuchar a los sectores implicados, también lógicamente familias y educadores, y coyunturalmente perjudicados. Cualquier decisión que se tome tendrá unas claras consecuencias culturales, económicas, educativas y sociales. Todas importantes. Sería bueno que alguien hiciese un buen mapa conceptual para no seguir perdiéndose en el camino.
José María Barandiarán