El linchamiento

No existe forma más extrema de violencia que el linchamiento. Aquí los verdugos ven recompensada su sed de sangre al amparo de una figura difusa y sin fisuras, ya sea la masa, la horda, el pueblo o el grupo. Propio de territorios sin ley, la historia nos ofrece innumerables ejemplos de esta forma terrible de pasión colectiva que se nutre a partes iguales del odio y la venganza. Aunque el imaginario social lo asocia a conductas que suceden en otros lugares y en otros tiempos, aún en sus formas mitigadas –como el linchamiento moral, por ejemplo–, sigue presente en el aquí y el ahora, sobre todo a raíz de las posibilidades que ofrecen las redes sociales, donde el anonimato suele ser garantía de impunidad y donde la violencia simbólica puede ejercerse sin cortapisas.

Antes que nada, el linchamiento físico y el moral se parecen en que ninguno de los dos acepta el principio de legalidad, bien sea porque este sea inexistente, como en el caso de los territorios sin ley, incluyendo en esto también las redes sociales, o bien porque se considere que los delitos no se castigan de manera adecuada por parte de la autoridad judicial reconocida. A partir del momento en que los ciudadanos se atribuyen el derecho de la fuerza, surgen las patrullas vecinales, los ángeles de la muerte, las fuerzas paramilitares o cualquier otro grupo más o menos organizado de justicieros. En las masacres de París de 1792, por ejemplo, los asesinatos en masa, el descuartizamiento y a veces incluso la ingesta de los cadáveres, fueron obra de patrullas populares, sin ninguna formación militar, que consideraron que debían acudir a las cárceles de la ciudad en busca de supuestos contrarrevolucionarios. Los juicios sumarísimos consistían, básicamente, en hacer jurar a los reos los principios de la Revolución jacobina y ejecutarlos o perdonarlos dependiendo de que mostraran un mayor o menor grado de convicción patriótica. El fervor, mezclado con el miedo y con el odio, hicieron innecesaria cualquier forma de garantía judicial, de manera que lo dramático se mezclaba con lo ridículo y lo solemne con lo esperpéntico.

En una colección de imágenes sin precedentes, la editorial estadounidense Twin Palm Publishers publicó hace unos años un libro estremecedor sobre la historia del linchamiento en los Estados Unidos. Bajo el título Sin Santuario, esta publicación recogía imágenes, algunas durísimas, sobre ejecuciones y violencia popular ejercida contra, sobre todo, la población negra. Más repugnante que la materialización del odio era la existencia de fotografías distribuidas en un mercado de trofeos de la justicia espontánea, como parte de las posesiones de miembros de la muy aseada y pudiente clase media blanca estadounidense. Nuestra educación en lo políticamente correcto nos hace retroceder con espanto ante ambas circunstancias –no nos gustan los linchadores y no nos gusta su público–, sobre todo porque asociamos ese tipo de conductas a ideologías supremacistas y a delitos de odio. Por un lado, queremos creer que las personas que han sido linchadas son siempre inocentes y que su apaleamiento popular, o su ahorcamiento, solo obedece a una condición externa a sus circunstancias personales. Por el otro, queremos creer que los ejecutores de semejantes atropellos son seres irracionales, completamente diferentes a nosotros mismos. Nos gusta la idea de que, detrás de esos trajes bien planchados y esos sombreros aplanados que contemplan con indiferencia e incluso con agrado el vaivén de un ahorcado, no hay nada más que un monstruo social, ajeno a nuestros principios e intereses básicos.

En realidad, el linchamiento como forma de violencia extrema viene determinado por tres condiciones de las que cualquiera encontrará no pocos ejemplos en nuestro presente más inmediato. No es algo tan lejano ni tan extraño. En primer lugar, se produce linchamiento desde el momento en que desaparecen las garantías procesales y, de manera más precisa, desde el momento en que el acusado parece culpable por principio. El cuestionamiento de la presunción de inocencia, junto con el derecho a una defensa efectiva y a una tutela judicial, ya constituye una burda infamia, una forma nada sutil de anteponer el prejuicio a la legalidad: «Si es negro, será culpable». «Si es de tal partido, será corrupto», «Si es mujer, será que miente». El problema, por lo tanto, no es que los acusados sean culpables o inocentes. Aun cuando el ladrón sea sorprendido en flagrante delito, sin el derecho de defensa, la supuesta justicia no será más que un abuso.

En segundo lugar, lo que permite el linchamiento es la impunidad de quienes ejercen esa forma de violencia, normalmente cargados de lo que ellos mismos consideran buenas razones. Los comentarios que se encuentran en las redes sociales sobre causas judiciales abiertas, en las que personas de muy diferente condición agitan consignas y desean castigos, o los aplican, no sólo ejemplifican bien esa forma de malignidad que sueña y disfruta con el mal ajeno, sino que además lo hace desde la comodidad de quien se siente protegido por un derecho superior o por el privilegio del anonimato. Poco importa que se trate de un grupo de WhatsApp, de una reunión de amigos en los que falta el chivo expiatorio, o de una página de comentarios de un periódico. En todos estos casos, y en otros muchos, la violencia se ejerce de manera autoritaria, con ausencia de legitimidad moral. Quienes condenan a pie de calle, quienes gritan sabedores de que sus insultos y sus actos quedarán impunes, estrechan lazos de solidaridad que les hacen aparecer como intocables. No es necesario matar para linchar, desde luego. Aunque el linchamiento, incluyendo el linchamiento moral, pueda conducir muchas veces a la muerte.

En último lugar, pero no menos importante, el régimen emocional de la violencia popular olvida con frecuencia que el fin de la justicia no es la venganza, sino la educación de los criminales y la prevención de los delitos. Este olvido tan básico produce el extraño efecto de que las mismas personas que consideran inaceptables las ejecuciones públicas, ya sea en las democracias modernas o en regímenes autoritarios, no caigan en la cuenta de que el propósito de la justicia, de toda justicia, pasa por la rehabilitación y la reinserción social del condenado, ya sea un político corrupto, un violador o un homicida. El necesario castigo del criminal, decía el ilustrado Beccaria, no puede obedecer a intereses partidistas, no puede ser secreto, ni generar más violencia que la necesaria para educar al delincuente y prevenir el crimen.

El linchamiento mediático ha sustituido a los comentarios de bar o a las reuniones de ciertas peluquerías. Y siendo verdad que ninguna de esas conductas puede compararse con el asesinato o el apaleamiento colectivo, la estructura emocional que conecta ambas formas de violencia refleja en los dos casos una extraordinaria falta de educación democrática, una insensibilidad social por la que aflora la conducta más ruin y la maldad más primitiva.

Javier Moscoso, filósofo y profesor de Investigación del CSIC.

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