El malestar catalán

La incorporación de las lenguas minoritarias españolas al Senado, teórica y fallida cámara de representación territorial, mediante un modesto sistema de traducción simultánea que por ahora las traslada tan solo al castellano, ha recibido la repulsa del PP y del sector jacobino del PSOE (José Bono, Alfonso Guerra con matices). Lo que confirma la generalizada insensibilidad autonómica en el Estado que denuncia amargamente y con razón la periferia, y muy especialmente Catalunya.

El asunto de las lenguas en el Parlamento, que lleva tras de sí muchos años de debate hasta ahora infecundo, no es en sí mismo relevante, ni económicamente -implantar el sistema no llega a representar el 1% del presupuesto de la Cámara alta, y los recursos han sido detraídos de otras partidas- ni políticamente, pero demuestra la vulgaridad centralista sin matices de buena parte de la opinión, que recurre al argumento utilitarista: ¿para qué esta babélica dispersión si al fin y al cabo todos nos entendemos en castellano? No se acaba de aceptar que para un número muy significativo de españoles, el castellano no es su lengua materna, por lo que la posibilidad de utilizar esta establece vínculos muy especiales con las instituciones. En definitiva, este reduccionismo equivale a negar sentido, por ejemplo, al plurilingüismo del Parlamento Europeo: ¿no sería más fácil y racional que los europarlamentarios se entendieran entre sí simplemente en inglés? ¿No se ve acaso que el hecho de mantener y utilizar las lenguas nacionales tiene un alcance político trascendental para que la idea de la Unión Europea enraíce en el alma de los europeos?

Las vicisitudes históricas de este país desde el siglo XV nos informan de que el sentimiento de pertenencia española coexiste con otros sentimientos análogos en Catalunya, Euskadi y Galicia, basados en construcciones lingüísticas y culturales muy enraizadas. Después de diversas tentativas de organizar esta diversidad, la Segunda República ofreció cauces razonables para ello mediante los estatutos de autonomía, aunque todo se frustró a causa de la propia impotencia del régimen y de su dramática caída a manos de la reacción autoritaria. Cuarenta años después, la diversidad de la España plural fue uno de los elementos clave que definieron la transición, y la Constitución de 1978.

Sin embargo, el proceso de asentamiento de la pluralidad aún no ha concluido. Hoy, en Galicia, el nacionalismo ha alcanzado un arraigo relativo, quizá eclipsado por el galleguismo, el regionalismo conservador, y no existe una tensión centrífuga relevante; en Euskadi, el sistema del concierto proveniente de la tradición foral ha reforzado grandemente la autonomía política y ha colmado la mayor parte de las reivindicaciones identitarias; pero en Catalunya, el desarrollo constitucional del Estado de las autonomías no ha colmado las aspiraciones catalanas, probablemente mal dirigidas en su tramo final a través de la fracasada reforma estatutaria. Catalunya sigue siendo una más de las «comunidades autónomas de régimen general» -el café para todos-, lo que constituye objetivamente para ella una humillación, y se siente en cierto modo traicionada en la interpretación que se hace del pacto fundacional que se plasmó en la Constitución, y que consistía en la aceptación por el Estado de una realidad histórica y sociocultural diferenciada, que aceptaba formar parte de la España democrática a cambio de una amplia autonomía proveniente de una fórmula que, resumidamente, puede describirse como de soberanía compartida cuando menos tácita.

Si se examina el presente con cierta perspectiva, se verá que el nacionalismo, de la mano de Artur Mas, retorna al Gobierno catalán en medio de un paisaje desolador: reciente la poda del Estatut -que, independientemente de la razón y del alcance jurídicos, ha frustrado unas legítimas expectativas-, con la incomprensión del Estado ante la presencia del catalán en el Parlamento, con una manifiesta campaña en contra del Estado de las autonomías -«insostenible», según Aznar-, y con las arcas de la Generalitat vacías, en parte por la megalomanía de sus predecesores y en parte, también, por la imposición del Estado, que no tiene más remedio que embridar el déficit.

El nacionalismo catalán ha ejercido el victimismo como estrategia muchas veces sin razón, pero hoy es difícil no pensar que el malestar de Catalunya que se palpa en estos comienzos de legislatura tiene poderosos argumentos para existir y manifestarse. PP y PSOE deberían ver que en este grave asunto no está en juego tan solo la distribución del poder, sino también la estabilidad de un modelo constitucional, fecundo hasta ahora, que puede saltar por los aires si Catalunya no encuentra la receptividad inteligente de un Estado bien dirigido y capaz de amoldarse realmente a las diferentes sensibilidades que cohabitan bajo su techo.

Antonio Papell, periodista.

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