Hace un año, me despertó un mensaje incomprensible de mi madre. Estaba demasiado angustiada para escribir con claridad, pero la entendí de inmediato y mi corazón se detuvo. Unos asesinos habían terminado por ubicar a mi tía Berta Cáceres, quien de niña había sido Bertita, mi compañera de juegos, y al crecer tuvo el valor suficiente para enfrentar el mal en Honduras.
Al conmemorar este aniversario trágico en la ciudad donde murió Berta, mi familia sigue inconsolable. Ni Honduras ni Estados Unidos parecen haber aprendido nada de su pérdida.
Berta pasó gran parte de su corta vida desafiando a algunos de los personajes económicos y políticos más poderosos de Honduras, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Su asesinato evocó horror en todo el mundo, sobre todo en comunidades preocupadas por los derechos humanos, la democracia y la idea de que todos los seres humanos nacen iguales. Su campaña fatal y final se opuso a la construcción de una represa hidroeléctrica en tierras indígenas sin el permiso de la comunidad Lenca en la que había nacido. Esa campaña le trajo prestigio internacional, con reconocimientos como el Premio Medioambiental Goldman en 2015.
El 3 de marzo de 2016, unos intrusos irrumpieron en su casa en la madrugada y la mataron a balazos, por lo que decenas de miles de activistas en todo el mundo organizaron vigilias y manifestaciones en las que exigían justicia para Berta.
Sin embargo, en Honduras, la justicia es escurridiza. En años recientes, cientos de activistas sociales han sido asesinados en ese país. Casi nunca atrapan a los asesinos. Por lo general se cree que la corrupción y el crimen llegan hasta los más altos niveles de gobierno. Mientras tanto, Estados Unidos, un país con tropas, equipo y entrenadores en varios puntos militares en este país pequeño y pobre, ha empeorado el asunto al fortalecer al gobierno corrupto del presidente Juan Orlando Hernández con cientos de millones de dólares en apoyos y un abierto respaldo político.
En el año transcurrido después del asesinato, las autoridades hondureñas han atrapado a ocho sospechosos, ninguno de los cuales parece tener la importancia suficiente para haber encargado el crimen. Al menos dos fueron contratados por la empresa que construye la presa, y otros dos han servido en el ejército hondureño. Un soldado era instructor de las famosas fuerzas del orden del ejército. Cuatro meses después del asesinato, The Guardian informó que una unidad de estas fuerzas tenía una lista negra en la que el nombre de Berta estaba entre los primeros, de acuerdo con un soldado que desertó de la unidad y escapó de Honduras.
Berta sabía de esta lista, y desde 2013 había recibido amenazas constantemente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo en repetidas ocasiones al gobierno hondureño que Berta debía ser protegida, pero sus peticiones fueron ignoradas. No obstante, el gobierno hondureño ofreció protección militar y policial para la represa Agua Zarca.
Un año después del asesinato, la situación en Honduras solo ha empeorado. Los activistas y periodistas que critican al gobierno siguen siendo blancos de estos ataques. El ministerio público constantemente fracasa cuando lleva a cabo investigaciones competentes de los asesinatos y ataques de los que son blanco los activistas. Sin embargo, la fiscalía tiene todo el respaldo del embajador estadounidense y su Departamento de Estado.
Un informe reciente de Global Witness señala que Estados Unidos le da a Honduras decenas de millones de dólares en ayuda “dirigida a la policía y el ejército, los cuales están fuertemente implicados en la violencia en contra de activistas ambientales y de derechos de tierras”.
El apoyo de Estados Unidos data de los ochenta, cuando el país era una plataforma para la guerra contrainsurgente en Nicaragua. La ayuda militar y policial aumentó después de un golpe militar en 2009 contra el presidente electo Manuel Zelaya, que tenía tendencias de izquierda. Una crisis de migración de niños hacia Estados Unidos a través de México aumentó el suministro de dólares en 2014, en teoría para ayudar a frenar el flujo migratorio. Sin embargo, gran parte de la ayuda ha consistido en todavía más asistencia en materia de seguridad, así como un respaldo económico diseñado para atraer la inversión extranjera a Honduras… dinero que con mucha frecuencia ayuda a intereses empresariales de élite en detrimento de las comunidades pobres que son objeto de explotación.
El gobierno hondureño y Estados Unidos afirman que la ayuda ha permitido que baje el índice delictivo. El embajador James Nealon se aseguró de decir esto en una reunión a la que asistí en diciembre en Honduras, junto con defensores de derechos humanos. Hablaba de proyectos piloto cuyo objetivo era disminuir la violencia de las pandillas para que, por lo menos en parte, menos niños hondureños tuvieran la tentación de huir hacia Estados Unidos.
El embajador no estuvo en desacuerdo en que los funcionarios hondureños manipulan las estadísticas criminales, sugiriendo que Estados Unidos intenta obtener números precisos en otros lugares. Pero no importa cuál sea el verdadero índice delictivo, cada vez que atacan o asesinan a un activista o periodista, el gobierno se encoge de hombros como si el crimen fuera otro ejemplo de la violencia desenfrenada en el país. Oficiales de policía intentaron hacer justo eso después del asesinato de Berta, pues primero insinuaron que fue víctima de un robo frustrado o de un “crimen pasional”. Sin embargo, la táctica resultó contraproducente pues tan solo hizo que se hiciera más grande la creencia de que el asesinato de activistas es obra de agentes de seguridad del Estado.
Bajo una gran presión del Vaticano, el Parlamento Europeo y otras entidades extranjeras, los funcionarios hondureños llevaron a cabo una investigación parcial del asesinato de Berta, pero siguieron ignorando las peticiones de una investigación internacional independiente avalada por expertos. No sorprende. Decenas de policías y soldados pisotearon la escena del crimen. Cuando le regresaron la casa a mi familia seis meses después, todas las habitaciones habían sido saqueadas. Aún faltan una laptop y una tableta electrónica, así como uno de los tres celulares que usaba Berta. Ninguno de estos objetos estaban en la lista de pertenencias que los oficiales tomaron de la casa.
En Estado Unidos, decenas de miembros del congreso han promovido leyes que eliminarían la ayuda de seguridad a Honduras hasta que “paren las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas y sus responsables comparezcan ante la justicia”. Quienes apoyan esta iniciativa son dirigidos por los representantes Hank Johnson de Georgia, Keith Ellison de Minnesota, Jan Schakowsky de Illinois y otros demócratas; se le ha llamado la Ley Berta Cáceres.
Sin embargo, nuestras contribuciones fiscales siguen llegando a Honduras para apoyar al gobierno de Juan Orlando Hernández, por lo que sigue habiendo un clima de terror, alimentado por la corrupción de su partido.
Actualmente, no solo lloramos la pérdida de Berta Cáceres. Lloramos la pérdida de todas las otras Bertas en Honduras, como la de Tomás García, María Enfirquesta Matte, Francisco Martínez Márquez y muchos otros. Dondequiera que los activistas sin protección se enfrenten al gobierno y a las corporaciones que invaden tierras indígenas y pisotean otros derechos humanos, debemos hacer todo lo que podamos para lograr que nuestros gobiernos, corporaciones e instituciones crediticias internacionales dejen de desempeñarse como propiciadores.
Silvio Carrillo es productor independiente de filmes y noticieros en California. Su trabajo ha incluido coberturas en el extranjero para CNN, Al Jazeera English y The South China Morning Post.