El mediodía de Barack Obama

Muchos tejanos se resisten a financiar más Seguridad Social para los californianos. No me asombra, pues creo que la mayor parte de los españoles no está dispuesta a pagar la Seguridad Social de los finlandeses, estoy seguro de que Finlandia rechaza pagar la española y cierto de que la mayoría de los votantes catalanes ansía pagar menos impuestos en favor de otros españoles. Así somos casi todos, aunque casi nunca queramos reconocerlo. Y aunque los ciudadanos americanos están más unidos de lo que lo estamos nosotros, europeos y españoles, probablemente su Tribunal Supremo federal echará por tierra, a finales de este mes de junio, la reforma de la Seguridad Social estadounidense, el mayor logro interno de Barack Obama. También el más discutido.

Obamacare descansa sobre dos pilares: el primero es la extensión de la cobertura de Medicaid, el programa de protección de la salud de los pobres, a todos aquellos ciudadanos cuya renta anual sea inferior al 133% de la renta de pobreza, es decir y para una familia compuesta por cuatro personas, inferior a unos 30.000 dólares. Para financiar la ampliación de la cobertura, la ley ha impuesto a cada ciudadano que no sea oficialmente pobre un seguro individual obligatorio, bajo amenaza de multa, que es el segundo pilar del sistema y que entraría en vigor en 2014. Y las compañías de seguros habrían de aceptar asegurar a cualquier persona cualesquiera que fueren sus circunstancias de salud anteriores al seguro.

Pocos minutos después de que el presidente firmara la reforma, el 23 de marzo de 2010, Florida impugnó la nueva legislación ante los tribunales; siguieron en tromba otros 25 Estados y el país se dividió en dos mitades. Igual de dividido está su Tribunal Supremo y de ahí la dificultad de contar el caso antes de que se resuelva.

Técnicamente, los jueces han de decidir si el mandato individual, el seguro obligatorio, es o no constitucional. En un año electoral ninguna de las partes en litigio –para simplificar, Demócratas y Republicanos– quiere aplazar la decisión, pero el Tribunal podría hacerlo, pues los precedentes establecen que no cabe reclamar contra un impuesto o una exacción fiscal antes de que empiecen a aplicarse, cosa que no sucederá antes de 2014. Tal es la primera solución posible al caso y, como digo, ya que nadie quiso defenderla, el Tribunal, que es serio, designó de oficio a un abogado excelente –Robert Long, de Covington & Burling– para representarla, tomen nota.

El argumento más fuerte en contra del mandato individual desarma por su sencillez: el Gobierno no puede obligar a los ciudadanos a comprar cosas. En cambio, los abogados de Obama lo tienen un poco más cuesta arriba, pues han tenido que mostrar que el sistema americano de salud es disfuncional: es el más caro del mundo pero aún y así deja fuera a 50 millones de ciudadanos. De hecho, en la vista del juicio, el pasado 27 de marzo, Donald Verrilli, el abogado general del Gobierno, se atragantó con el agua y no tuvo un buen día, una verdadera lástima, porque el país todavía más poderoso de la tierra merece mejor sanidad. En cualquier caso, la segunda solución posible es que los magistrados del Tribunal concuerden con muchos de sus conciudadanos en que el Gobierno no es nadie para obligarles a comprar nada y, en consecuencia, anulen el mandato individual.

La tercera cuestión depende de la segunda: si el Tribunal decide que el mandato individual no es constitucional, ¿arrastrará en su caída al resto de la ley? Las compañías de seguros así lo defienden, pues alegan que el sobrecoste de asegurar a las personas más desposeídas únicamente se puede financiar con las primas del seguro obligatorio. Los abogados de Obama sostienen en cambio que la ley es mucho más que el seguro obligatorio y que la mayor parte de sus 2.700 páginas puede sobrevivir sin él. Los Republicanos apuntan a que esto no haría más que aumentar el déficit gubernamental, verdadero talón de Aquiles de la reinventada economía americana. Pero Barton Farr, otro abogado independiente nombrado por el Tribunal, apoya la tesis de que la gigantesca ley flota sin el seguro obligatorio. Una solución de compromiso podría consistir en anular el seguro obligatorio para ciudadanos y para aseguradoras, desligando a estas de la obligación de asegurar a personas enfermas crónicas.

Cuando comparamos a los Estados Unidos de América y sus 310 millones de habitantes, con los 332 millones que habitan los 17 países de la renqueante Eurozona, los europeos tendemos a preguntarnos cómo es posible que un país más rico que la Eurozona misma deje sin seguro a 50 millones de sus ciudadanos, cómo su esperanza de vida ocupa el lugar 50 en el concierto de las naciones o su mortalidad infantil el 41. Personalmente creo que es una desgracia. Pero también me guardo muy mucho de chapotear en la autocomplacencia moral de la muy creída superioridad europea. Porque, volviendo a la Eurozona, con la mano en el corazón, mírense sinceros al espejo y pregúntense: ¿de verdad están ustedes dispuestos a pagar la Seguridad Social de Estonia? Todos sabemos arreglar las cosas de los demás. Le deseo mucha suerte a Barack Obama, en el mediodía de su presidencia. Acaso en su nadir.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.

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