Por Sergio Aguayo Quezada, profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (EL PAÍS, 13/04/06):
México sigue siendo un país de contrastes. La sociedad se urbanizó y educó y se han ido derrumbando las murallas que nos aislaban del mundo... pero seguimos lastrados por una clase política mediocre y mezquina dispuesta a aprobar una Ley de Radio y Televisión que nos ancla en el pasado y afecta negativamente las elecciones presidenciales. El escritor estadounidense O. Henry acuñó el término de "república bananera" para referirse a los países latinoamericanos gobernados por un grupo pequeño, rico y corrupto que imponía de manera arbitraria y grosera su voluntad a la mayoría, impotente frente a los abusos. Siendo justos, todos los países, incluidos los más poderosos, tienen su cuota de "país bananero" y hasta podría construirse un índice para diferenciarlos con ese criterio.
En el 2000 se inició en México la alternancia; parecía que la derrota que infligió el presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), al septuagenario Revolucionario Institucional (PRI) inauguraría una época de grandes modernizaciones. Las esperanzas se esfumaron porque la transformación de un país requiere de estadistas y el presidente electo, Vicente Fox, resultó ser un administrador honesto pero timorato; rápidamente dobló las manos y se entendió con quienes había combatido. Ése fue el caso con los medios de comunicación electrónicos que incrementaron su poder y su riqueza con las concesiones recibidas del actual Gobierno. La elección presidencial de julio próximo está cargada por la incertidumbre creada por la posible victoria de un candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los barones de la comunicación decidieron anticiparse y proteger sus intereses aprovechándose, para ello, de la vulnerabilidad de candidatos dependientes de su aparición en pantalla. Es lógico que el empresariado busque defender sus intereses, pero resultaron escandalosos los métodos seguidos: las grandes corporaciones prepararon una iniciativa de ley que se presentó ante un legislativo cómplice, ignorante o frívolo.
En diciembre del 2005 se presentó ante la Cámara Baja la propuesta que concedía un sinnúmero de concesiones a los barones mediáticos. Lo notable, lo increíble, lo bananero es que los diputados de todos los partidos la aprobaron por unanimidad ¡en siete minutos! Luego se supo que la mayoría ni siquiera había leído, mucho menos entendido, una legislación crucial para la modernidad mexicana.
El documento pasó a la Cámara Alta y los senadores ya no pudieron escudarse en la ignorancia porque en los últimos meses creció en México una oposición a la Ley pocas veces vista. Se manifestaron en contra los organismos del Gobierno federal que regulan las comunicaciones y la principal autoridad electoral; los medios de comunicación públicos y culturales; académicos, organismos civiles y un puñado de políticos profesionales. Vamos, hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron comunicados recordando que la Ley violaba convenios firmados por México.
El país se dividió entre los pocos que ocupaban los cargos donde se tomó la decisión, y una mayoría de impotentes que recurrieron a diferentes métodos de protesta. El Instituto Mexicano de la Radio depende del gobierno federal y cuenta con 17 emisoras, cada una de las cuales decidió transmitir, durante las 24 horas previas a la votación en el Senado, la misma melodía seguida de un mensaje de inconformidad. La estación especializada en música clásica de la capital, Opus 94, escogió un fragmento de la Pasión según San Mateo de Bach (Erbarme Dich, Mein Gott). Es una música bella y profunda, melancólica y angustiante; tanto que la esposa de Bach lo encontró sollozando durante su composición.
Música apropiada para una jornada contradictoria porque capturaba la tristeza que dejaba el comportamiento de un congreso bananero, para luego contrapuntearse con el orgullo de escuchar el mensaje elaborado por la radio pública: "Un país sin pluralidad de medios de comunicación sería como oír la misma canción todo el día... México necesita una nueva ley, plural, incluyente, equitativa, que no privilegie los intereses particulares sobre el interés público. Ninguno de estos principios está en el proyecto en discusión".
Los senadores tenían perfectamente claro lo que estaba en juego: incrementar los privilegios ya de por sí excesivos de los barones mediáticos, maltratar a los medios públicos y comunitarios, ignorar las razones formuladas por especialistas, despreocuparse por la educación de un país de pobres. Todo fue inútil; el jueves 30 de marzo, 81 senadores del PAN (en el poder), del PRI (alguna vez hegemónico) y del Verde Ecologista aprobaron la ley sin moverle una sola coma; 40 votaron en contra, entre ellos la bancada completa del PRD.
El empecinamiento tuvo su origen en las elecciones presidenciales; los candidatos a la presidencia del PAN, el PRI y el Verde (Felipe Calderón y Roberto Madrazo respectivamente) habían recibido garantías de que serían apoyados por los medios para frenar al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que puntea en las elecciones de julio próximo.
El país quedó tan dividido y es tan grande la irritación de algunos sectores que un buen número de senadores inmediatamente anunciaron que se preparaba otra iniciativa de ley -actualmente en discusión- para ¡corregir lo que acababan de aprobar! Otro grupo de senadores se inconformarán por la decisión ante la Suprema Corte.
En esta historia, el presidente Vicente Fox contaba con las atribuciones para vetar la Ley o pedirle al Congreso que le hiciera correcciones. Con esa acción Fox hubiera recuperado, en el ocaso de su mandato, la fibra del reformador que alguna vez tuvo. En lugar de ello, la publicó en su integridad aliándose a los poderes fácticos y confirmándose como uno de los ciudadanos de mayor jerarquía del México bananero.