La captura de Joaquín “Chapo“ Guzmán –uno de los delincuentes más buscados del mundo- es apenas una victoria en la larga lucha contra los narco traficantes. Hace falta mucho más para cambiar el círculo vicioso de violencia y corrupción que degrada la legalidad en México, no importa que El Chapo haya sido hasta su detención el jefe del cartel de Sinaloa, el más importante del país.
El presidente Enrique Peña Nieto se beneficia directamente de la detención del jefe del Cartel de Sinaloa, el más importante del país, y de su muy probable extradición a Estados Unidos. Le hacía falta. La mayoría de los mexicanos parece desencantada de su administración. Según Reforma, el periódico más influyente del país, la tasa de aprobación a su gestión cayó de 67% a 40% entre las élites, y de 63% a 55% en población general durante su primer año.
Pero necesita mucho más. La gestión de Peña Nieto es una paradoja. En sólo 14 meses ha sido capaz de orquestar consensos necesarios para aprobar reformas urgentes en el sistema educativo, por ejemplo, y para abrir el sector ejergético a la inversión extranjera. Pero, al mismo tiempo, sabotea su propio proyecto con un estilo de gobierno que limita su eficacia.
Es cierto que Peña Nieto ha elegido a un equipo de profesionales para conducir su gabinete de seguridad. Pero otras áreas de su gobierno padecen de los hábitos que él adquirió como gobernador del muy tradicional Estado de México, que rodea a la capital y es el más populoso del país. Por privilegiar la lealtad política ha incorporado a colaboradores ineptos en algunas áreas, no se ha comprometido con la transparencia y no combate a la corrupción que desvasta al país.
Michoacán –en el sudoeste del país- es un ejemplo extremo y revelador. En la región de ese Estado llamada Tierra Caliente hay una guerra con tres fuerzas armadas: las fuerzas federales (ejército, Marina y policía federal) y sus aliados, las llamados grupos de autodefensa; y las milicias del crimen organizado que se autodenominan Caballeros Templarios.
Los Templarios se habían apoderado del estado aprovechándose de la complicidad, la corrupción y la ineptitud del Estado mexicano. Y hubieran seguido extorsionando a la población de no haber sido por la aparición en febrero de 2013 de las autodefensas que en estos momentos reciben la aprobación de las mayorías.
Por el momento, la alianza entre fuerzas federales y autodefensas tienen a los Templarios a la defensiva. Y si esto continúa, la fragmentación de ese cartel parece inevitable. Pero incluso su eventual desaparición no significará el fin del negocio de la droga. Lo verdaderamente importante para el futuro es que el gobierno de Peña Nieto no está atacando las raíces profundas de la violencia mexicana.
Hay una anécdota muy elocuente. La “Princesa Templaria“ Melissa Plancarte, hija de un famoso capo michoacano, grabó escenas de un video alabando al cartel de su padre y al tráfico de drogas en el Palacio de Justicia de Michoacán.
El gobierno de peña Nieto ha preferido ignorar este y otros signos del imperio del crimen organizado sobre las autoridades locales porque Michoacán es gobernado por su partido (el Revolucionario Institucional o PRI). Lo mismo pasa en Veracruz, Tamaulipas y otros estados. La clase política mexicana se resiste a combatir la corrupción y la impunidad.
En México no sólo los narcotraficantes (que se han hecho fuertes en varios estados) amenazan la gobernanza; también lo hacen carteles industriales y comerciales, así como otros intereses profundamente arraigados que impiden la implementación de reformas luego de que se han hecho ley. El estado mexicano es débil y la democracia tiene cimientos débiles.
La violencia está sustentada por un modelo económico que alienta la ilegalidad y la desigualdad. Según cifras oficiales el 60% de la población ocupada está en la informalidad y hay un enorme desempleo juvenil. La delincuencia organizada se alimenta de estos jóvenes que se juegan la vida por la esperanza de una rápida mejoría económica.
¿Peña Nieto irá hasta el fondo en las causas de la violencia aún cuando eso perjudique sus apoyos políticos? ¿Servirán las reformas económicas en curso para reducir la desigualdad, o la prosperidad de algunos seguirá construyéndosesobre la miseria de otros?
Aunque es imposible anticipar el desenlace de tantos puntos de crisis,sí sabemos que en los próximos años México seguirá oscilando entre cifras macroeconómicas sólidas, una desigualdad crónica y una violencia estructural. En este contexto, la captura del Chapo es apenas una nota al pie de una historia mucho más complicada.
Sergio Aguayo is Professor of Political Science at El Colegio de México (the College of Mexico), and is currently a visiting professor at Harvard.