El miedo a la realidad

Los indultos, a la espera de resultados contantes y sonantes, no dan por finalizado el proceso. Pendientes del Supremo los recursos contra los indultos, presentados por los tres partidos de la oposición, el Tribunal de Cuentas, nueva inquisición económica según el enunciado nacionalista, ha cerrado los expedientes por presunta malversación de caudales públicos, con embargos y subastas de bienes a la espera.

La coherencia de la reconciliación pasa por no molestar a los beneficiarios, lo que valida el redoble de Arcadi Espada: "El Estado sigue creyendo que España tiene una deuda que pagar a los nacionalistas", y coloca de nuevo al Gobierno en una posición mutante, que va del "no podemos hacer nada en contra del tribunal", "el tribunal no es jurídico", "la sentencia no es firme" y "cuando lo sea, puede ser recurrida".

En sede parlamentaria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una solemne y sorprendente, por inesperada, manifestación: "No habrá referendum de autodeterminación. Nunca jamás". El momento elegido, apenas unas horas después de haberse reunido con el máximo representante del Estado en Cataluña, la contundencia verbal empleada y la falta de reacción inmediata de los más directamente concernidos, delataban que el anuncio estaba previamente hablado y acordado. Solo el fuego amigo, desinhibido, de uno de los socios de investidura, Gabriel Rufián, podía dejar en el aire algún atisbo de duda: "Usted dice que no habrá referendum. También dijo que no habría indultos. Denos tiempo".

El miedo a la realidadApenas había transcurrido un día desde que quedó descartado el referendum de autodeterminación, la consulta fetén para el secesionismo, cuando los exégetas ya insinuaban, con diligencia, un sucedáneo para evitar un temprano descarrilamiento.

Un referendum consultivo, al calor del artículo 92 de la Constitución, siguiendo la hoja de ruta marcada en su día por el profesor Rubio Llorente, ex magistrado del Tribunal Constitucional y defensor de la legalidad de convocar un referendum sobre la independencia de Cataluña, sin necesidad de cambiar el texto de la Constitución Española.

Tras materializarse las medidas de gracia, con el informe en contra del Tribunal Supremo y de la Fiscalía y con el aval compacto del poder político, económico, mediático y eclesiástico, los agraciados que trataron de quebrantar la Constitución fueron devueltos a la normalidad, con el soporte de la vaporosa utilidad pública, difícil de concretar para unos y de entender para otros.

A partir de ahí, la realidad, que ya tenía alma, comenzó a tener cuerpo; y el miedo, entendido como aprensión a un incierto devenir político y judicial, quedó acuartelado. Y con él, los temores: a la declaración de independencia, al aleatorio fracaso (incluido el electoral), al posible segundo fiasco, a un carrusel de embargos, subastas, recursos, y a la sensación de fecundar el infinito con la "vuelta a la casilla de salida".

Desde que saltó por los aires el principio de lealtad institucional mutua, la confianza entre unos y otros se quebró, quizá para siempre, abriendo paso a una aprensión compartida, en mayor o menor medida, por todos los concernidos. Sin novedad en las exigencias (amnistía, referendum, fin de la represión), la concordia no deja de ser un salvoconducto, no exento de riesgos, con el que apaciguar los empeños apresurados, de una parte, sin certeza alguna sobre el resultado final. Los catalanes, ausentes de las anunciadas mesas de negociación, siguen sin ser consultados por los mandamases, por lo que la suya es una enmienda a la totalidad. Y eso que los beneficiarios proclaman que la gran mayoría de los catalanes estaba a favor de la indulgencia. El ciudadano de a pie, al sur del Ebro, empapado a diario de la apoteosis del acontecimiento en que se ha convertido la política española, no se libra de un sinvivir, sensación de disgusto, indiferencia y apatía, que desagua en la abstención. (Léase, la incomparecencia de los no-secesionistas en los últimos comicios).

Encuadrado en la estructura constitucional, como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, con un presupuesto de casi 70 millones de euros y una plantilla de 700 empleados (de los cuales, un centenar bajo sospecha por relaciones familiares en la oficina), los auditores del Reino tienen un mandato más duradero que el de cualquier legislatura. Pendiente de urgida renovación, el actual desfase -siete consejeros conservadores frente a cuatro progresistas-, proporciona al Partido Popular una cómoda mayoría que delata la falta de actualización de resultados electorales. El bloqueo resultante puede dar a entender, dentro y fuera, que el órgano adolece de credibilidad, está politizado y no es independiente. Argumento recurrente, que busca en último término el desmonte, pieza a pieza, de las instituciones y, de paso, contribuye a desfigurar el meollo de la cuestión, que no es otro que la presunta utilización de fondos públicos para fines particulares o partidistas, mediante la financiación en el extranjero de «vehículos» con los que denigrar al Estado del que sus autores forman parte.

El trámite que pone fin a la investigación se salda, de momento, con la notificación del expediente a los 34 destinatarios de la reclamación, a los que se concede dos semanas de plazo para que reúnan los 5,4 millones de euros con que avalar las responsabilidades que pudieran derivarse del eventual desvío de fondos. El grito en el cielo de los dirigentes secesionistas (uno de los represaliados culpa al Estado de su doble muerte: política -la inhabilitación- y civil -la ruina- ratificada por el Tribunal de Cuentas) ha puesto de manifiesto su desdén por la separación de poderes, que incluye esta vez la exigencia de neutralizar a la Abogacía del Estado en el órgano donde se dirime el eventual desvío y resarcimiento del dinero malversado para promocionar la independencia de Cataluña.

Queda por despejar si los reclamados admiten su responsabilidad administrativa en el malgasto del dinero público o se atienen a la responsabilidad penal. Tienen derecho a presentar ante los tribunales de justicia una auditoría contradictoria de los gastos o atenerse a la responsabilidad penal y sin perjuicio de que puedan denunciar al Tribunal de Cuentas por las irregularidades que consideren hubiera podido cometer, así como interponer los recursos contra los autos judiciales.

El cuestionado tribunal fiscalizador, en un movimiento insólito sin precedentes, ha salido a la palestra para defenderse de las acusaciones y ratificar la probidad de sus actuaciones y su independencia. La imputación no deja de ser muy grave, el Estado de derecho presume de haber garantizado a los indultados un juicio con todas las garantías y el Tribunal de Cuentas, situado en la órbita del poder legislativo, con dependencia directa de las Cortes Generales, es la institución con mayor raigambre histórica en el derecho público español,

Llegados aquí, ¿aplicar multas por malversación y obligar a retornar los fondos públicos sustraídos, unido a la inhabilitación, habría sido más eficaz que encarcelar? ¿Valentía o necesidad?

Próxima estación: el regreso de los fugados de la Justicia.

Luis Sánchez-Merlo fue secretario general de la Presidencia del Gobierno (1981-1982).

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