Vivimos bajo el signo de la mentira. Una mentira que, en sus diferentes manifestaciones, ha enturbiado la vida política española y que, por desgracia, no es patrimonio exclusivo de su mayor exponente –el presidente del Gobierno– sino que comienza a extenderse de forma preocupante.
Asistimos a una verdadera ceremonia de la confusión sobre la existencia de un acuerdo entre Vox y el Partido Popular en Castilla y León para la implantación de una serie de medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad, entre las que se encuentran la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre y el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo.
Dicho acuerdo fue hecho público en rueda de prensa el pasado jueves 12 de enero por el vicepresidente de la Junta, Sr. García-Gallardo (Vox) y el portavoz del Gobierno, Sr. Fernández Carriedo (PP), quien ratificó públicamente que tales medidas se enmarcaban en el pacto entre ambas formaciones para la formación del Gobierno. Inmediatamente, el contenido de dicho acuerdo fue publicado en el portal de comunicación de la Junta de Castilla y León y sigue disponible hoy para consulta general bajo el siguiente título: «La Junta promoverá medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias». Del texto del acuerdo se deduce con claridad que el protocolo se concretaría con posterioridad.
Hasta aquí los hechos. Tan sólo unas horas después, la Cadena SER publica la noticia bajo el siguiente titular: «Castilla y León implantará un protocolo con ecografías 4D y escuchas del latido del bebé para prevenir abortos». En el texto de la noticia se informaba que tales medidas serían ofrecidas a las madres gestantes y sólo se aplicarían a aquellas que así lo solicitasen voluntariamente.
Sin embargo, al día siguiente, tanto la SER como el resto de la prensa de izquierdas comienza a elevar el tono sobre la noticia empleando términos gruesos como medidas para convencer a las mujeres para que no aborten, coacciones a las mujeres embarazadas, etc. De inmediato, el portavoz del PP, Borja Semper, como movido por un resorte, afirma que su partido no está de acuerdo con el anuncio de Vox sobre el aborto y ha advertido de que no están dispuestos «a tragar con cualquier cosa». Poco después, el presidente de Castilla y León sale a decir confusamente que «no se va a cambiar nada» y finalmente Núñez Feijóo declara que «no se va a modificar el protocolo» en Castilla y León porque sería «coaccionar a la mujer que quiere abortar» (sic).
Uno tras otro, los líderes del PP van cayendo sin remisión en la trampa de los medios zurdos, rasgándose las vestiduras por lo que no eran más que unas medidas que no sólo no contravienen, sino que, paradójicamente, están en absoluta consonancia con la Ley 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que, en su exposición de motivos dice, entre tras cosas, que «la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes (…) los embarazos no deseados y los abortos». ¡Prevenir abortos! O, por ejemplo, que la ley «busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses de la mujer y de la vida prenatal (…) que es un bien jurídico merecedor de protección que el legislador debe hacer eficaz». Añade el preámbulo que «la protección de la vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad. La mujer adoptará su decisión tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, así como de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención».
No contentos con su estolidez, el PP acude a todos sus medios afines –la cadena de radio de la Iglesia católica incluida– para lanzarse en tromba contra Vox acusándole de hacerle un favor a Sánchez en un momento en el que las encuestas le son desfavorables. En definitiva, no sólo es que el PP ha caído como pichón en la trampa saducea del Gobierno –que sabe bien lo que descolocan al PP temas como el aborto– sino que además ha mentido y hecho mentir a sus acólitos para salir airoso del trance, tratando de crucificar a García-Gallardo como ya lo hiciera en su día con su propio ministro Ruiz-Gallardón por pretender cumplir con una promesa electoral en favor de la vida.
No es verdad. No es coacción ofrecer a las mujeres gestantes información o medios para tomar libremente una decisión tan dramática como poner fin a su embarazo. Es de sentido común, no infringe ley alguna y va en defensa de la vida. Y no es verdad que no existiera un acuerdo de Gobierno sobre tales medidas que, una semana después, siguen colgadas en el portal de la Junta de Castilla León, cuyo presidente está quedando como Cagancho en Almagro.
Cosa distinta es que cada paso que da Vox en defensa de sus principios irrita irremisiblemente al PP, porque muchos de esos principios fueron suyos ayer, pero no tuvieron el coraje de defenderlos.
Luis Felipe Utrera-Molina es abogado.