El ministerio fiscal ha de cambiar

Con el conocimiento actual de lo ocurrido en el caso de don Ignacio Stampa, creo que las dudas sobre la intervención de la Fiscal General del Estado en el atribulado proceso de apartamiento de este del denominado caso Villarejo (caso Tándem), han desaparecido: todo está muy claro. La Fiscal General sostuvo en el Consejo Fiscal que no había intervenido en el caso en modo alguno, pero ahora sabemos que había conocido todo lo que su Secretario Técnico estaba llevando a cabo en el asunto, sin que por parte de este existiera competencia estatutaria para actuar como lo hizo. Siendo eso así, la atribución de los actos del subordinado al superior es obligada. Recuerdo, tan solo para analizar los criterios de atribución de responsabilidad al superior y sin trazar por supuesto paralelismo alguno en hechos diferentes, que en las organizaciones jerárquicas la responsabilidad del superior se sustenta en el conocimiento de las ilegalidades que perpetra su subordinado. Por eso, en esos supuestos, lo determinante no es lo que materialmente realiza el superior (que muchas veces es imposible demostrar), sino lo que conoce (o, incluso, lo que tuvo posibilidad de conocer), que se está haciendo por sus subordinados y que no impide. Esta es una cuestión muy bien estudiada en la jurisprudencia de los Tribunales penales internacionales (art. 28 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional), estando además plenamente vigente en España la responsabilidad por comisión por omisión, o la autoría mediata, que cualquier penalista conoce. Pero no es de esto de lo que quiero tratar hoy, en estas líneas, sino resaltar que el procedimiento penal que se ha aplicado por la Fiscalía para investigar al Sr. Stampa, ha carecido de las garantías constitucionales mínimas propias de un sistema procesal democrático.

El ministerio fiscal ha de cambiarLas diligencias de investigación penal tienen carácter preprocesal penal, se dirigen a la comprobación de la comisión de delitos y se contemplan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). La Fiscalía General del Estado estableció una serie de pautas -dirigidas a los fiscales- de carácter obligatorio al conducirse en este tipo de procedimientos, en la Circular 4/2013. Pero la LECrim se reformó en 2015 y recogió que el Fiscal en esas diligencias habría de observar respecto del investigado las mismas garantías que las establecidas en la ley cuando las declaraciones se presten ante Jueces y Tribunales. Esas garantías son fundamentales en un Estado de derecho, para disfrutar de una democracia de una calidad aceptable. Integrar el conjunto de derechos que asisten a los investigados (arts. 118 y siguientes de la LECrim) en las diligencias de investigación requiere una cierta asunción de la importancia del derecho de defensa que recoge la Constitución. La Circular antes referida sostiene que el investigador «está obligado a velar por el respeto de las garantías procesales del investigado» y recuerda que «no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad». Dado que el Sr. Stampa es aforado (algún día habría que terminar con los aforamientos), el instructor de las diligencias resultó ser el Teniente Fiscal del TSJ de Madrid que, por suerte para el Sr. Stampa, se trata de un fiscal que conoce perfectamente los límites de la arbitrariedad y tiene acreditada una larga trayectoria de asunción y defensa de valores democráticos. Sucede que el art. 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -la ley que rige el funcionamiento de la Fiscalía- obliga a los fiscales a poner en conocimiento del Fiscal General del Estado los asuntos que por su importancia o trascendencia deba conocer. Y, así, desde la Fiscalía del TSJ de Madrid se comunicó a la Fiscal General que se estaba investigando al Sr. Stampa. De esa forma, la Fiscal General conocía que se había abierto un procedimiento penal contra el Sr. Stampa. Todo normal. Lo que ocurre es que desde la Secretaría Técnica de la Fiscal General (es decir, la sección de la Fiscalía de la máxima confianza de la Fiscal General) se empezaron a transmitir «sugerencias» de nuevas actuaciones al instructor cada vez que éste quería archivar las diligencias. «Sugerencias» que no tienen cobertura legal alguna. Solo hay dos posibilidades: si se realizaban directamente por la Fiscal General a través de su persona de confianza es que intervino directamente, algo que ella misma negó. Y si no se realizaban por la Fiscal General y sí por su Secretario Técnico por su propia iniciativa (aunque ya sabemos que conocidas por la FGE), esas sugerencias no tienen cobertura legal alguna, salvo -claro- que se aplique la primera posibilidad. Con cobertura o sin ella, lo cierto es que se consiguió por la Fiscalía General dilatar la terminación del procedimiento durante varios meses, impidiendo al Sr. Stampa llegar «limpio» de investigaciones penales al concurso de provisión de plazas donde se decidía si le asignaban una plaza que le permitía continuar con la investigación de Tándem o no. Y la Fiscal General, conforme al parecer unánime -aunque deficientemente informado- del Consejo Fiscal, decidió que no.

¿Se respetaron las garantías procesales del Sr. Stampa en la investigación de la Fiscalía? Yo creo que no. El Instructor del TSJ de Madrid investiga los hechos y concluye que no hay infracción penal alguna. Pero desde la mano derecha de la FGE se le indica que hay diligencias que practicar, y eso se hace al menos en dos ocasiones, y por escrito. Cuando el instructor rechaza aceptar «sugerencias» que no provienen de la Fiscal General del Estado, sino de un fiscal sin competencia estatutaria alguna para hacerlas, le quitan el asunto. Sí, sí, le quitan el asunto al instructor. Las sugerencias, pues, no eran tales. Eran mucho más. Imaginen un investigado (que puede ser cualquiera de nosotros) que ejerce su defensa para convencer al instructor de que no ha cometido delito alguno, confiando en que la decisión del instructor es la que cuenta. Pero en realidad, ese instructor es concebido por la Fiscalía General como un mero instrumento para conferir apariencia de legalidad a las decisiones que vienen de la misma Fiscal General (o peor aún, de una persona de la confianza de la Fiscal General), sin que el derecho de defensa tenga entonces virtualidad alguna, porque al que hay que convencer es al que «sugiere», que no actúa formalmente en el procedimiento.

Lo peor es que, en el colmo del despropósito, el que «sugiere» pretende que las sugerencias que realiza y que tienen una eficacia evidente en relación con el curso de la investigación, permanezcan secretas y desconocidas para el investigado, sobre la base de que se trata de cuestiones internas de la Fiscalía. El derecho de defensa, ya si eso. Por mantener ese criterio, la Fiscalía ha sido condenada en costas en un procedimiento ante la jurisdicción contenciosa instado por el Sr. Stampa, al que se le negó reiteradamente toda la información que pedía para ejercer sus derechos. Desde luego, no quiero ofender a nadie: a veces me cruzo con los responsables en los pasillos y se me enfadan, cosa que lamento mucho. Pero esto creo que no tiene un pase y es inconcebible que pueda ocurrir si el instructor goza de independencia, como ocurre con los jueces y magistrados. Si a eso sumamos problemas endémicos de la institución, como el modo de elección del Fiscal General que propicia la imagen de politización de la Fiscalía, la ausencia de responsabilidad del Fiscal General por actos como el que estamos ahora comentando, la ausencia de contrapesos internos que impidan que estas cosas y otras muchas que han ocurrido -no solo en estos años- en la Fiscalía sigan pasando, o la bochornosa politica de nombramientos de la FGE, que impide afirmar la existencia de una verdadera «carrera profesional», creo que hay que pensar en cambios muy importantes en la Fiscalía. Sobre todo, para poder asumir con garantías las importantes competencias procesales que los fiscales de la mayor parte de los países europeos ya están ejerciendo.

Salvador Viada Bardají es fiscal del Tribunal Supremo.

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