El ministro salió puntualmente del número 2 de Marsham Street, sede del Ministerio del Interior del Reino Unido (Home Office). Se dirigía al Parlamento para comparecer ante la Cámara de los Comunes en relación con un tema que había suscitado vivas reacciones en la sociedad británica. Se discutía sobre la necesidad o no de introducir un modelo de documento de identidad que pudiera contener datos excesivos, como los biométricos (descripción del rostro, altura peso y algunos más). Estaba en juego el derecho a la intimidad frente a las intromisiones excesivas del Poder Ejecutivo.
Mientras su automóvil circulaba hacia la orilla del Támesis, el ministro, asiduo visitante de nuestro país como muchos otros de sus conciudadanos, dedicó su tiempo a hojear los periódicos españoles. Según sus aparatosos titulares, su homólogo español, Mr. Rubalcaba, se encontraba en una incómoda posición política porque, en plena tregua y abiertas negociaciones, autorizadas por el Parlamento español, con la banda terrorista ETA, pudo haber ordenado demorar la detención de una persona que, al parecer, formaba parte del grupo que se dedicaba a extorsionar a los industriales vascos. No entendía muy bien por qué una decisión política de esta naturaleza podía motivar que editorialistas y comentaristas reclamasen la cárcel para el ministro como autor de varios delitos. Los más estridentes le acusaban de traición a la patria e incluso de terrorista por colaboración. Además, las personas que había participado en la negociación, como mandatarios del Gobierno, con los interlocutores de la banda terrorista, habían sido llamados por el juez que seguía una causa por colaboración con banda armada, no se sabe muy bien si como testigos o quizás también colaboradores de los terroristas.
Las descalificaciones y exigencias de responsabilidades penales gravísimas le resultaban, por lo menos, extrañas e incluso extravagantes. Recordaba a sus antecesores en el cargo cuando se llevaron a efecto alguno de los numerosos intentos de acuerdo con el IRA irlandés. Los esfuerzos habían sido reiterados y las incidencias largas y tortuosas. En ellas participaron primeros ministros conservadores como Margaret Thatcher o John Major y fueron culminadas por un primer ministro laborista, Tony Blair.
Ante la catarata de descalificaciones se imaginó lo que hubieran dicho algunos medios españoles si en su país se hubiese alcanzado con los terroristas de ETA un convenio semejante al conocido como Acuerdo de Viernes Santo con el IRA. En alguno de sus puntos se abordaban temas policiales, judiciales y de seguridad, incluyendo la rápida liberación de los presos pertenecientes a organizaciones paramilitares que mantuvieran un alto el fuego. Consultaría con sus asesores jurídicos la racionalidad de las imputaciones delictivas que se hacían a su colega español. No le entraba en la cabeza que un acto político, de pura estrategia policial, con una finalidad tan lógica como no frustrar las negociaciones, pudiera ser considerado como un delito de terrorismo en su modalidad de colaboración con banda armada. No se imaginaba que una ley pudiera considerar colaboradores del terrorismo a políticos y funcionarios que participaban en la delicada tarea de conseguir el abandono de las armas por parte de un grupo terrorista. Los expertos del ministerio le aseguraban que el Código Penal español solo consideraba colaboradores a las personas que, identificándose con las actividades terroristas o simpatizando con ellas, les ayudaran, mediante actos materiales muy concretos, a conseguir sus fines.
Él hubiera adoptado tales decisiones y, además, se vería respaldado por la mayoría, por no decir por la totalidad, de los partidos y lejos de cualquier temor a verse implicado en un caso criminal.
También acusaban a su colega español de avisar a un sospechoso para que no acudiera a una cita en la que podía ser detenido. No le entraba en la cabeza que un acto de pura estrategia policial, con el fin de no perjudicar las negociaciones, pudiera ser considerado como un delito de terrorismo. Solo desde el disparate se podría sostener una postura semejante. Un responsable público, en una situación de interés nacional, avalada por decisiones parlamentarias, tiene el deber de tomar todas aquellas decisiones que puedan justificarse en razón de los fines perseguidos, que no eran otros que tratar de sacar adelante un plan legítimo y políticamente aceptado en sede parlamentaria.
Mientras conversaba con sus colaboradores recordó una frase, escuchada en unas vacaciones en Tenerife, que estaba relacionada con un personaje histórico de su país. En una conversación que se deslizó hacia cuestiones políticas, alguien comentó que el gran error de los canarios había sido no dejar entrar al almirante Nelson y haber dejado salir a Franco. Quizá, esos avatares históricos y la plaga de 40 años de dictadura pudieran explicar esta extraña reacción de algunos sectores enquistados en los medios de comunicación españoles.
Comparto íntegramente las opiniones del ministro británico y sus asesores. Es lamentable que estemos tan lejos de la cohesión democrática de los ciudadanos británicos. Infelizmente somos un país que se alimenta de la confrontación partidista, olvidando los valores democráticos que se consideran intangibles en otras democracias.
Por José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra.