El ministro que debería ser neutral

Manifestación multitudinaria y politizada hasta el tuétano, aunque con una teórica bandera transversal, la arcoíris LGTBI. Un miembro del Gobierno va y asiste (primera cosa extraña, al menos a mi juicio). El ministro del Interior, en concreto (algo, en mi opinión, aún más extraño: su personalísima orientación sexual no sólo no lo justifica sino que hubiera debido constituir una causa de abstención). Y, arrancado a hablar, lo hace en términos de partido, dividiendo el mundo en buenos (los míos) y malos (los que no son míos). Un rato después, los miembros de otro sector político (de entre los que habían sido señalados en el segundo de los grupos) se vieron repudiados hasta el grado de tenerse que ir. Ver una relación de causa a efecto entre las palabras del ministro y lo que sucedió después resulta todo menos ilógico.

El asunto ha hecho correr ríos de tinta de comentarios, que, por supuesto, comienzan por ofrecer versiones diferentes de lo que en verdad ocurrió. Y, claro está, valoraciones muy distintas sobre lo que el ministro había dicho. Pero con un punto en común: que sus palabras no habían sido neutrales, así merezca esa conducta un juicio desfavorable o favorable según el color del cristal con que se mira.

En la palabra que se acaba de emplear, la neutralidad (la del poder), es donde hay que poner el reflector.

La historia, de España y no sólo, muestra que, como regla, los gobernantes no han sido neutrales, sino justo a la inversa: favorecedores de unos (con prebendas de diversa laya, empezando por su llamada a participar en el mangoneo de los asuntos públicos: Enrique «el de las Mercedes», tras la batalla de Montiel y la muerte de su hermanastro Pedro llamado «El Cruel», es sólo un ejemplo entre muchos) y, bien al contrario, castigadores de los otros con métodos más o menos groseros, desde la cárcel o incluso el asesinato hasta el puro y simple apartheid o incluso el olvido sin más: el tradicional «ahí te pudras». Y no sólo eso: en el entendimiento popular, en los países de nuestra cultura, el arte de gobernar consiste precisamente en eso. A los míos, todo, empezando por un empleo retribuido; a los que no lo son, nada o menos que nada.

Es el peso abrumador de esa mentalidad tradicional y premoderna (a mi entender, una auténtica maldición bíblica) el que hace que, si en la Constitución de 1978 se embosca acaso un precepto verdaderamente revolucionario (disruptivo, para decirlo con una palabra menos encendida), es el artículo 14, el que proclama que los españoles son iguales ante la ley, con entera prescindencia de su ideología y condición. Algo así como una promesa de los poderes públicos de que se iban a reformar para pasar a ser neutrales, sin filias y sin fobias. Un mundo verdaderamente feliz y nuevo: la tierra prometida.

Cierto que habría partidos políticos y elecciones, porque en eso consiste la democracia. Pero, una vez así seleccionados los gobernantes, habrían de comportarse sin discriminar a unos y otros porque todos pasarían a ser ciudadanos: no habría amigos ni enemigos. La idea que subyace a eso es la neutralidad del poder, o al menos de determinadas instituciones, en el sentido que fue glosado hace casi dos siglos por Benjamin Constant. A esa idea de instituciones objetivadas y ecuánimes, por así decirlo, responden, según el propio diseño constitucional, cosas tan relevantes como la Corona y los órganos judiciales. A lo cual se han sumado después, por mandato europeo explícito, el Banco de España y los reguladores de la electricidad, el gas o las comunicaciones electrónicas, por no hablar de la Airef en lo fiscal. Son las llamadas Administraciones independientes, en el sentido de no politizadas o no partitocráticas, por considerarse que la política monetaria o el suministro de energía, por ejemplo, constituyen asuntos demasiado serios y que deben quedar al margen de los vaivenes electorales y sus ventoleras.

Pero, puestos a buscar un cometido de la máxima sensibilidad y donde el dirigente se debe conducir con la neutralidad más exquisita, hasta el grado de la asepsia, lo encontraremos en la salvaguarda de las libertades de cada uno. Entre otras, la que consiste en salir a la calle a manifestarse cuando apetezca (o no hacerlo) o, simplemente, ir y venir. Entrar y salir: el primero y más básico de los derechos humanos. Lo que a veces demanda del gobernante que no lo impida y en otras ocasiones lo inverso, que despliegue una actuación positiva: que, si son terceros los que están dificultando las cosas, el ciudadano, que es también el contribuyente, pueda contar con los policías para que vengan raudos en su ayuda. Sin discriminaciones ni distingos por razón del quién o del dónde. Lo que se llama el orden público, en el sentido más noble del término.

Es hora de ir concluyendo. El ministro del Interior, si es que la garantía de derechos y libertades tan elementales tiene que seguir estando en manos de un político, debería ser muy cuidadoso con los pasos que (a favor de unos y en contra de otros) da o no da. Y sucede que entre nosotros la experiencia de los últimos años, a partir de 2011, no es nada buena: en los juzgados colean las andanzas, no precisamente brillantes, de los dos titulares del cargo en la época del marianismo.

Y así, cuesta abajo y sin frenos, hemos llegado al actual mandamás. Lo sucedido el sábado 6, sean cuales fueren sus detalles, acredita que el orden público sigue estando en manos de un apparatchik de partido: justo lo menos idóneo para el puesto. Y sus declaraciones posteriores (guste o no ese partido a cada quien según su corazoncito, que ese es otro debate) representan ya el remate.

En una competición deportiva, se puede ser, y a mucha honra, un «hooligan» y también se puede ser árbitro. Pero no -ahí está la clave- las dos cosas al mismo tiempo. Y sucede que el ministro del Interior nunca deja de ser lo segundo: en eso consiste la mayor de sus funciones en lo que concierne al espacio público donde se ejercen los derechos.

Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz es catedrático de Derecho Administrativo.

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