El misterio de los cascos azules en el Sáhara Occidental

Por Ana Camacho (GEES, 02/09/05):

La violenta represión de la intifada saharaui y la exhibición de prepotencia de las fuerzas ocupantes marroquíes con observadores de ONG, políticos, periodistas y viajeros que intentan visitar el territorio del Sáhara siguen sin que se produzca ningún gesto de condena por parte de la ONU. Los telespectadores se muestran sorprendidos al comprobar que, 14 años después del despliegue de los cascos azules en la antigua provincia española, la comunidad internacional consiente a los invasores marroquíes seguir actuando en el territorio como si la misión de paz de la ONU (MINURSO) nunca hubiese existido. Si los marroquíes no respetan libertades tan elementales como la del tránsito de los extranjeros, ¿cuáles serían las oportunidades de los saharauis de votar sin coacciones en la consulta de autodeterminación que la MINURSO está allí para organizar? Si los marroquíes pueden detener y torturar ante la pasividad de los cascos azules, ¿para qué está entonces la MINURSO en el Sáhara?

Las dudas sobre el papel de los cascos azules en el Sáhara comenzaron a planear desde los preparativos del despliegue de la MINURSO entre diplomáticos, responsables militares de la misión y altos funcionarios de las Naciones Unidas. Se trata de personalidades que han sido testigos de primera línea de oscuros y misteriosos comportamientos en la ONU en relación con el Sáhara y a los que Marruecos no tiene forma de descalificar como simpatizantes del Frente Polisario.

Marrack Goulding, que desempeñó el cargo de vicesecretario general de la ONU para misiones de paz entre 1986 y 1993, ha explicado en su libro Peacemonger la falta de transparencia que caracterizó las actuaciones del secretario general Javier Pérez de Cuéllar y luego de su sucesor Boutros Boutros-Ghali en la aplicación del plan de arreglo cuya aprobación por parte de Marruecos y el Frente Polisario marcó el cese de las hostilidades en el desierto.

A este diplomático británico no le sorprende, dice, que Javier Pérez de Cuéllar fuese acusado de parcialidad promarroquí. Incluso a él le resultó sospechoso su empeño para hacer creer a la comunidad internacional que “todo seguía como previsto”, cuando los marroquíes, tras años de permanecer en situación defensiva, salieron de los muros con los que dividieron el Sáhara para desencadenar una ofensiva terrestre contra el Polisario apenas tres semanas antes de ponerse en marcha el despliegue de los cascos azules. Tampoco vio motivos a la exquisita delicadeza con la que su superior evitó condenar la segunda marcha verde al Sáhara, una avalancha de 170.000 marroquíes enviados por el rey Hassán II en plena aplicación del plan de paz para que exigiesen votar como saharauis en la consulta de autodeterminación; ni mucho menos pudo comprender la tolerancia de Pérez de Cuéllar con el bloqueo a la llegada del equipo y material de la ONU con la que las autoridades marroquíes obligaron a la MINURSO a depender logísticamente de ellas y, por lo tanto, a someterse a su control.

Goulding, que describe esta misión como una de sus experiencias más dolorosas y depresivas en la Secretaría General, señala como uno de los elementos distintivos de esta pesadilla la tendencia de la mayor parte de altos funcionarios internacionales relacionados con el Sáhara a convertirse en peones de Marruecos. En su caso, el rey Hassán II no se resignó a que se convirtiese en una rara excepción a este extraño fenómeno de fascinación promarroquí e intentó presionar ante su Gobierno en Londres para que Goulding fuese menos “rígido” en este asunto.

Las críticas de Goulding no son las únicas. En 1992, George Pickart, un enviado del Senado de EEUU al Sáhara Occidental, presentó un informe en el que denunciaba el obstruccionismo de Marruecos a la acción de la MINURSO (la misión de paz de la ONU) frente a la “total cooperación” prestada por el Frente Polisario.

En su viaje para comprobar sobre terreno la marcha de la misión pacificadora de la ONU, Pickart había comprobado, entre otros feos detalles que delataban el auténtico espíritu de la parte marroquí con las directrices del plan de arreglo, las humillaciones y cortapisas impuestas a los cascos azules: continuos obstáculos al avituallamiento del personal de la misión que les habían obligado a estar sometidos a una mala alimentación y deplorables condiciones higiénicas; prohibición de patrullar determinadas áreas; ejercicio del terror para impedir que la población saharaui mantuviese contactos con los miembros de las fuerzas pacificadoras; continuas violaciones del alto el fuego…

Pickart subrayó en su escrito que la determinación marroquí a dejar claro a la ONU quién manda en el Sáhara había provocado graves incidentes, como el protagonizado por un jeep militar marroquí que embistió de costado un vehículo cargado de cascos azules para impedirle seguir el camino por una de las zonas “prohibidas”. El ninguneo de los militares marroquíes al personal civil y militar de la ONU había llegado a tal extremo en esos pocos meses de despliegue que una patrulla desarmada de la MINURSO se había visto forzada a volver a su base a punta de pistola. Por si alguien creía que se había tratado de un equívoco, un jefe militar marroquí destacado en la zona advirtió a las Naciones Unidas de que si sus hombres insistían en patrullar sin tener en cuenta los límites marcados, sus soldados dispararían.

Al parecer, en Rabat fueron cogidos de sorpresa ante un informe negativo que no se esperaban precisamente de políticos de la potencia que, junto a Francia, más había mimado a la monarquía alauita como premio a su militancia prooccidental en los años de la guerra fría. El entonces ministro de Exteriores marroquí Filali no halló mejor recurso para minimizar el informe de Pickart que el aplicado habitualmente en Rabat a todo aquel que no se adhiere a sus tesis, neutralizar al disidente tachándolo de elemento hostil propolisario. Fue así como en el Senado estadounidense, a la preocupación por las observaciones de Pickart, se añadió el estupor por la insolencia tergiversadora del régimen marroquí que ahora señalaba a Pickart con la maligna etiqueta de viajero “invitado” por el POLISARIO, cuando su envío al Sáhara había partido de una petición oficial cursada por escrito desde Rabat. A pesar de las relaciones muy especiales que tradicionalmente mantienen EE UU y Marruecos, los miembros del Congreso plasmaron su revuelo en una petición al primer presidente Bush para que investigase los hechos reseñados por Pickart.

El desparpajo con que en Palacio se acusa de no ser neutral a quienes no se pliegan a ser sus abnegados cómplices, también se ensañó con el representante especial del secretario general Javier Pérez de Cuéllar, el suizo Johannnes Manz, que había tenido diversos gestos que no reflejaban precisamente benevolencia hacia las reivindicaciones saharauis. Manz, por ejemplo, había aceptado la exigencia marroquí de limitar, durante la consulta, el acceso al Sáhara de observadores y miembros de la prensa internacional que el Polisario consideraba indispensables para contrarrestar la inquietud que suscitaba en la población (70.204 inscritos en el censo según la cifra entonces consolidada) la presencia en el territorio ocupado de 65.000 soldados marroquíes, 100.000 colonos y los miles de funcionarios a los que luego se añadió la oleada de la segunda marcha verde.

Manz nunca explicó por qué el Sáhara iba a ser una excepción en la dinámica que hasta entonces la ONU había mantenido al supervisar consultas similares, entre ellas la que había sellado la independencia de Namibia y que se había desarrollado ante la vista de todo observador que había querido y podido viajar al país surafricano. Pero bastó que Manz declarase en una entrevista que en su mandato en el Sáhara no iba a ser “ni un virrey, ni un Gobernador”, para que la prensa marroquí, controlada y orquestada desde Palacio, le acusase de entrometerse en los asuntos internos marroquíes, de propolisario, de “animosidad contra los intereses de Marruecos y sus intereses soberanos” y de “ofender” al rey Hassán II.

Estaba claro de dónde procedía la inspiración de la prensa: Manz ya no volvió a ser recibido en Rabat. Nunca se le perdonó no estar en completa sintonía con la sumisión a las imposiciones del rey Hassán II de su secretario general y que dejase a Pérez de Cuellar en evidencia con unos informes en los que alertaba a sus superiores sobre “la ruptura del espíritu y de la letra del plan de paz” que suponía la segunda marcha verde: en diciembre de 1992, Manz tuvo que dimitir, como él mismo declaró, “por la imposibilidad de cumplir su misión por las obstrucciones de Marruecos”.

Hay muchos otros ejemplos sobre cuál es la pauta del Gobierno marroquí con quienes son calificados de “partidismo”, entre ellos, el del senador demócrata Edward Kennedy que llegó a ser amenazado por los representantes marroquíes en Washington; el del embajador estadounidense Frank Ruddy o del ex secretario de Estado, James Baker. Este último ofrece un claro ejemplo de la facilidad con que cualquiera puede dejar de ser aceptablemente neutral y convertirse en enemigo de los sultanes marroquíes, en función de sus intereses: Baker fue muy alabado en Rabat mientras sus propuestas iban en la línea marcada por Palacio pero, cuando manifestó abiertamente que la supuesta autonomía amplia ofrecida a los saharauis a cambio de que renunciasen a la independencia era una tomadura de pelo inaceptable, fue acusado de haber perdido su objetividad a favor del Polisario.

La actuación marroquí es lógica y comprensible. Como explica sin tapujos Goulding, desde los primeros momentos de la puesta en marcha de la MINURSO, Marruecos dejó claro a Javier Pérez de Cuéllar que no iba a permitir la organización de ninguna consulta que no resultase en el triunfo de la opción anexionista. Lo inquietante es la entrega con que la ONU se ha prestado a actuar de comparsa escudándose en una falsa neutralidad que consiste en mirar hacia otro lado con los atropellos cometidos por Marruecos. “No estábamos observando nuestra habitual imparcialidad en relación con las violaciones de alto el fuego y la falta de cooperación por parte de los implicados”, recuerda Goulding al describir ese perverso juego que consistía en no señalar que había una parte que incumplía mucho más que la otra.

Boutros Boutros-Ghali continuó la línea marcada por su antecesor para evitar que no se convirtiesen en objeto de debate de las sesiones de la ONU los informes (incluidos los de muchos de sus funcionarios) que advertían de que la pasividad de la organización había convertido a la MINURSO en una farsa que sólo servía para apuntalar la ocupación ilegal de Marruecos. Su empeño por demostrar que las dos partes por igual cometían violaciones del alto el fuego (es decir, para no poner en evidencia a Marruecos) contribuyó a aumentar la inquina de ciertos sectores políticos en Washington hacia Boutros Ghali y dar nuevos argumentos en contra de su reelección. Boutros Ghali fue tan lejos en esta dirección como para intervenir personalmente con tal de impedir, en octubre de 1995, la intervención del antiguo vicepresidente de la MINURSO, Frank Ruddy, ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ruddy ya había denunciado ante la Cámara de Representantes de EEUU la corrupción de las Naciones Unidas en el tema del Sáhara y su inclinación del lado marroquí al no intervenir ante la violencia con que las fuerzas de ocupación actuaban en el Sáhara comparable, en su opinión, sólo con la opresión sufrida por la población negra de Sudáfrica en la época del apartheid. Boutros Ghali se movilizó para que Ruddy no pudiese repetir en la ONU lo que ya había dicho ante otras instancias: que las Naciones Unidas habían perdido el control sobre el plan de paz en el Sáhara y que, al mirar hacia otra parte para encubrir al rey Hassán II, la ONU estaba vendiendo a la indefensa y débil población saharaui.

Como a él le gusta con orgullo recordar, el embajador estadounidense se convirtió en la primera persona a la que Naciones Unidas había prohibido en sus 50 años de historia intervenir ante todos los miembros de la ONU que asisten a las sesiones de la Cuarta Comisión y alertarles de que no era admisible que Marruecos pudiese prohibir impunemente que ondease la bandera de Naciones Unidas en El Aiún, espiar sus comunicaciones y correspondencia, inspeccionar sus instalaciones u obligar a los saharauis que, a pesar del miedo, querían registrarse para votar, dirigirse a las mesas de identificación en unos autobuses especiales donde la policía marroquí seleccionaba quién podía subir y quién no y, al regreso, confiscaba la documentación obtenida de la ONU de los que habían logrado ser admitidos como votantes.

Lo que no pudo evitar Boutros Ghali es que Ruddy siguiese haciendo públicas sus denuncias y que lograse el apoyo en esta tarea de John Bolton, el mismo que tras haber ejercido el cargo de vicesecretario de Estado con el primer presidente Bush y haber sido miembro de las misiones de intermediación de James Baker, acaba de ser nombrado embajador de EE UU ante la ONU.

Como señalan los críticos, la pantomima de la neutralidad de la ONU no sólo pone en juego el éxito de la misión de paz en el Sáhara sino la propia credibilidad de una institución que pretende acabar con las intervenciones unilaterales en las relaciones internacionales.

Ya el informe de Pickart criticó a la burocracia de Naciones Unidas por no suministrar a la MINURSO “el respaldo político necesario para mantener una postura de credibilidad y autosuficiencia”. Y sobre todo, la impotencia de los responsables de la misión sobre el terreno ante la falta de voluntad en Nueva York para presionar al Gobierno de Marruecos que muchos analistas en Washington alertaron chirriaba con el uso de la fuerza con que se había optado por castigar a Irak por la ocupación de Kuwait.

Organizaciones de prestigio como Human Rights Watch han venido desde entonces publicando informes en los que no sólo se han denunciado los abusos y sabotajes de Marruecos a la acción de la MINURSO para organizar un referéndum justo y libre, sino también, el feo precedente que la ONU está creando al mantener el secreto sobre este escándalo. Para esta organización de derechos humanos, con “su falta de control sobre el proceso” e incapacidad para ejercer su “sola y exclusiva responsabilidad” en el Sáhara, la MINURSO sólo está contribuyendo a socavar el prestigio de su organización.

Permitir que Marruecos presione a los cascos azules para lograr que el proceso de identificación de los votantes no se desarrolle de forma imparcial y transparente, favorece a la dinastía alauita pero, señalan desde entonces los críticos, se ha convertido en un ejemplo disuasorio para los débiles del mundo a los que la ONU pretenda ofrecer su intermediación para resolver un conflicto. La injusticia sufrida por los saharauis sirve de aviso sobre la ventaja que puede lograr por esta vía la parte que es apta, como Marruecos, para sentarse en el Consejo de Seguridad en aquellas sesiones dedicadas al contencioso actuando así a la vez como juez y parte.

No había que esperar para recoger los frutos de esta mala cosecha: desde los campamentos del Frente Polisario, muchos refugiados, especialmente los más jóvenes, cambiaron su ilusión por una amarga decepción hacia un plan de paz que ahora describen como la trampa que le tendieron las grandes potencias a sus mayores para impedir a los saharauis tomar las armas mientras Marruecos consuma la anexión ilegal ahorrándose ingentes gastos militares y problemas internos.

En las conferencias que todavía sigue impartiendo sobre el asunto, Ruddy no sólo pone el acento en que la ONU debe rectificar en la cuestión del Sáhara por una cuestión de justicia hacia los saharauis sino, sobre todo, porque su andadura en este asunto refleja muchos de los defectos y disfunciones que impiden que actúe con eficiencia y fiabilidad a la hora de cumplir con su misión de aplicar el derecho internacional y garantizar la paz. Como ejemplo de ello suele citar la sospechosa coincidencia de que uno de los altos funcionarios que más sobresalió en la tarea de convertir en “no serios” los informes internos de la MINURSO denunciando la actuación “gansteril” de los militares marroquíes, el entonces vicesecretario de la ONU Kofi Annan, se convirtiese en el favorito entre los candidatos a suceder a Boutros Ghali.

Las disfunciones a las que se refiere Ruddy van más allá de las corruptelas puntuales que hicieron posible que funcionarios de la ONU pasasen a Marruecos información confidencial entregada a la ONU por el Frente Polisario. Su inquietud se centra en esos mecanismos y prácticas que permiten que estados con Gobiernos que no respetan los derechos humanos, las libertades y el derecho internacional puedan participar en la ONU en igualdad de condiciones con los que sí se atienen a las reglas del juego defendidas por la Carta de la ONU y sacar partido a su condición de “miembros del club”.

Diez años después, Marruecos sigue permitiéndose el lujo de rechazar las resoluciones aprobadas por la ONU, torturando y explotando ilegalmente los recursos y bienes de los saharauis sin que en Naciones Unidas nadie diga esta boca es mía. Si el genocidio de Ruanda se convirtió en el caso emblemático para ilustrar los fallos de la ONU a la hora de evitar un baño de sangre, el del Sáhara también ofrece jugosas reflexiones para los impulsores de una reforma de la organización.