El mito del retorno

Primero fue Trump, prometiendo la expulsión de millones de inmigrantes sin papeles. Ahora es el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, instando a los Estados miembros a deportar con mayor celeridad. El mensaje de uno y otro es el mismo: “Mano dura” contra los sin papeles. En el contexto europeo, dos argumentos son esgrimidos: permite restablecer el orden tras la mal llamada “crisis de los refugiados” y es condición necesaria para garantizar la protección de los otros, aquellos que finalmente sí recibirán el estatuto de refugiado. ¿Por qué tanto énfasis en las expulsiones, llamadas eufemísticamente retorno, si los datos muestran que es una política de difícil aplicación?

La respuesta es clara: porque, como en toda política simbólica, aquello que se dice perseguir no necesariamente coincide con aquello que se persigue. El retorno de los sin papeles se presenta como la mejor manera para “luchar” contra la inmigración irregular. La experiencia demuestra, sin embargo, que es una política de resultados limitados. Las razones son múltiples. Para expulsar, se necesitan acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito. Aunque los Estados miembros, y más recientemente la propia Unión Europea, tienen un largo historial de convenios de este tipo, muchos no llegan a firmarse (como el acuerdo entre la UE y Marruecos) o, simplemente, no se aplican. Uno de los motivos es que para los Gobiernos de origen aceptar la deportación de sus ciudadanos o de los ciudadanos de países vecinos tiene un alto coste político.

Los procesos de expulsión son, además, largos y costosos. Aumentar el número de órdenes de expulsión exige mayor control interno, es decir, más policías y más control para todos. En Estados Unidos, la policía local ya hace tiempo que se niega a cumplir funciones de control migratorio. Argumentan que no disponen de tiempo y que el miedo a ser detenidos puede disuadir a los inmigrantes sin papeles a denunciar posibles crímenes. Además, más control para todos acostumbra a implicar medidas altamente controvertidas, como la obligación de identificarse en el espacio público. Son identificaciones, por otro lado, que a menudo se aplican de forma claramente discriminatoria, por ejemplo, sobre la base de los rasgos físicos. A todo ello se le suma que, para hacer efectivas las órdenes de expulsión, se necesitan largos períodos de detención (la directiva europea establece un máximo de 18 meses) y vuelos de retorno. ¿Cuánto costaría la expulsión de millones de sin papeles? Muchísimo más de lo disponible, seguro.

En el marco europeo, las palabras de Avramopoulos van especialmente dirigidas, de forma preventiva, a aquellos a quienes se les deniegue la petición de asilo. En los últimos dos años, la Unión Europea ha recibido 2,6 millones de solicitudes y la tasa de aceptación ronda el 57%. El resto, más de un millón, deberán ser retornados, este es el mensaje. Si bien las expulsiones en frontera son fáciles por invisibles, sabemos que las expulsiones de aquellos que llevan años viviendo entre nosotros son extremadamente controvertidas. Por ejemplo, cada vez que el Gobierno neerlandés ha anunciado expulsiones masivas de solicitantes de asilo rechazados (por ejemplo, 26.000 en 2004), ciudades y organizaciones de la sociedad civil se han opuesto. No quieren, dicen, la deportación de sus ciudadanos.

Y todo esto —acuerdos de readmisión, más control y más expulsiones— se hace incluso sabiendo que muchos de los deportados van a volver. Si lo intentan una y otra vez los que están en la frontera, ¿cómo no lo van a hacer aquellos que han dejado súbitamente toda una vida detrás?

Si las políticas de retorno no son útiles para reducir significativamente la inmigración irregular, ¿para qué sirven entonces? Aunque pocas veces se explicita, su función es ante todo simbólica. Sirven para disuadir a los que están por venir o a los que ya están pero sin papeles: que ni unos ni otros piensen que se podrán quedar sin más. Pero, sobre todo, sirven para convencer a la ciudadanía de que todo está bajo control. En la era de la posverdad, lo que importa son las percepciones de los hechos, lo que uno cree que la mayoría de ciudadanos piensa o espera, más que los hechos en sí. Votos posibles más que hechos demostrados definen cada vez más las políticas. Ante el auge del populismo en Europa, hay que mostrarse duro. A nadie le importa que pueda aplicarse o no. Lo importante es seguir aferrados al mito del retorno, aun sabiendo que es pura ilusión.

Blanca Garcés Mascareñas es investigadora senior en el CIDOB.

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