Este primer ministro, Stefan Löfven, adoptado de niño por una familia humilde del norte del país, político atípico formado en el sindicalismo y ejemplo de valores morales dentro de la socialdemocracia, ha hecho un reciente llamamiento a la «Defensa del Estado del bienestar sueco».
Por otro lado, políticos de la oposición, analistas y periodistas consideran que el fenómeno de los refugiados terminará echando por tierra este modelo inspirado en valores de estricta igualdad.
Procede recordar que la crisis financiera vivida por Suecia en los 90 exigió a los gobiernos de entonces, primero de centro-derecha con Carl Bildt y luego de centro-izquierda con Persson, duras medidas de consolidación fiscal y reformas estructurales para poder ajustar el inviable déficit público generado, llegando a consensuar la necesidad de mantener un superávit del 1 por ciento anual en futuros presupuestos para reducir la deuda. Se pudo rediseñar así el «modelo sueco» y garantizar su supervivencia.
He sido testigo de los numerosos elogios que el anterior primer ministro de Suecia, Reinfeldt, de manera coherente con dicha experiencia, dedicó a la labor de «austeridad financiera» llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy desde el inicio de su legislatura.
Este debate tiene especial importancia para España en estos momentos, en los que jóvenes líderes de distintos partidos invocan, una y otra vez, el «modelo sueco» como ideal para nuestro país, utilizándolo como baza electoral. Sin embargo, tengo la impresión de que quienes así se expresan no conocen suficientemente bien este «modelo sueco». Como observador durante los últimos cuatro años de lo que sucede en este querido país, puedo aportar los siguientes datos.
Recordaré, en primer lugar, que el «régimen de copago», tanto para el sistema sanitario público como para los medicamentos, está absolutamente generalizado, con aportaciones por parte de los particulares de 22 euros por consulta médica y 44 euros por urgencia hasta un tope anual individual de 133 euros en atención sanitaria y 250 euros en medicamentos. Lo anterior no se aplica para los menores de 20 años dependientes, que además se pueden beneficiar de atención dental y ortodoncia médica gratuita.
Tanto en el área de servicios sociales, incluidos los de la tercera edad, como en la educativa, se ha abierto la vía hacia una significativa «externalización». Y ello en base al «derecho a la libre elección», por parte del contribuyente, entre los centros públicos, o aquellos privados que reciben del Estado similares aportaciones económicas.
Un cierto régimen mixto es el que finalmente se ha terminado imponiendo también tanto en el área de las prestaciones por desempleo como en la de las jubilaciones. Las dotaciones públicas, por uno y otro concepto, son muy inferiores a las existentes en España, lo que hace imprescindible que el trabajador, de todos los sectores y a todos los niveles, haga sus propias aportaciones por vía sindical para el desempleo, o que, en el supuesto de las pensiones, contribuya al correspondiente Fondo, lo que afortunadamente también hacen en su favor los empleadores.
Es fácil imaginar que, en un país con tan igualitario acceso al mercado laboral de hombres y mujeres, las pensiones de viudedad han quedado limitadas a unas reducidas aportaciones durante los doce meses ulteriores al fallecimiento del cónyuge.
Sin duda, muchos de los ahorros generados han hecho posible una admirable ampliación en lo que tiene que ver con los plazos del permiso de maternidad, hasta doce meses, y del de paternidad, opcional hasta un máximo de tres meses. Esa garantía de un 80 por ciento de los últimos ingresos, durante un periodo que podría llegar hasta dieciocho meses, ha permitido, sin duda, un fuerte y saludable incremento en la natalidad.
Volviendo al debate en curso sobre el «modelo sueco», ha surgido un nuevo punto de desacuerdo en lo referente a la creación o no de puestos de trabajos con salarios inferiores a los actualmente fijados por convenio. Muchos creen, y en concreto la responsable de esta patronal, Carola Lemne, que, dado que Suecia va a acoger hasta 100.000 refugiados, será imposible hacer frente al desafío de su integración sin esta posibilidad de crear puestos menos costosos para personas insuficientemente capacitadas. Sin embargo, el primer ministro, Löfven, y el presidente de la Federación de Sindicatos «LO», Thorwaldsson, siguen siendo contrarios a renunciar al principio de «salario igual para trabajo igual».
No teniendo por qué pronunciarme sobre una u otra opción, reconozco que me siento muy identificado con la reciente declaración de este primer ministro en favor de «la defensa de una idea de sociedad que hizo que Suecia se levantara, tras siglos de pobreza, para convertirse en uno de los países más igualitarios, ricos y significativos del mundo».
Javier Jiménez-Ugarte, diplomático.