Más de cuatro años han transcurrido desde que una mayoría abrumadora de los miembros del Fondo Monetario Internacional acordó un plan de reformas que duplicaría sus recursos y reorganizaría su estructura de gobierno en pro de los países en desarrollo, pero la adopción de reformas requiere su aprobación por los países miembros del FMI y, aunque los Estados Unidos figuraron entre quienes votaron a favor de esa medida, el Presidente Barack Obama no ha podido conseguir la aprobación del Congreso. Ha llegado el momento de examinar otros métodos para sacar adelante las reformas.
El retraso por parte de los EE.UU. representa un gran revés para el FMI. Obstaculiza una reestructuración de su proceso de adopción de decisiones que reflejaría mejor la importancia y el dinamismo en aumento de los países en desarrollo. Además, con las reformas en el limbo el FMI se ha visto obligado a depender en gran medida de los préstamos de sus miembros y no de los recursos permanentes requeridos por las nuevas medidas. Dichos préstamos, concebidos como un expediente temporal antes de que las reformas entraran en vigor, deben reafirmarse cada seis meses.
En nuestra opinión, la forma mejor de seguir adelante sería la de desvincular la parte de las reformas que requiere la ratificación por el Congreso de los EE.UU. del resto del plan. Sólo un elemento importante –la decisión de avanzar hacia una Junta Ejecutiva con todos sus miembros elegidos por votación– requiere una enmienda del Convenio Constitutivo del FMI y, por tanto, la aprobación del Congreso.
El otro elemento importante del plan de reformas es un aumento y una reequilibración de las cuotas que determinan el número de votos y la obligación financiera de cada uno de los países miembros. Ese cambio duplicaría los recursos del FMI y brindaría un mayor número de votos a los países en desarrollo. El Congreso tendría que ratificar igualmente esa medida antes de que aumentara la cuota de los EE.UU., pero su aprobación no sería necesaria para que entrara en vigor esa parte del plan de reformas correspondiente a los otros países.
La conexión entre las dos partes de las reformas siempre ha sido innecesaria; las medidas son independientes, requieren procesos diferentes de aprobación y se pueden aplicar por separado. La eliminación de la vinculación entre ellas requeriría el apoyo del Gobierno de los EE.UU., pero no su ratificación por el Congreso.
Se podría aplicar esa separación sin problemas. Una simple mayoría del Directorio Ejecutivo del FMI la recomendaría a la Junta de Gobernadores, donde una resolución para separar las reformas en dos partes requeriría el 85 por ciento de los votos. En 2010, se aprobó el plan de reformas con más del 95 por ciento de los votos.
Después los cambios de las cuotas entrarían en vigor rápidamente. Ya se han acordado las cuotas correspondientes a cada uno de los países miembros, por lo que no serían necesarias nuevas negociaciones complejas y que requerirían mucho tiempo. Se permitiría a los países que puedan pagar los aumentos de su cuota y estén dispuestos a hacerlo que lo hicieran, lo que aumentaría los recursos del FMI y su número relativo de votos.
El obstáculo principal a esa propuesta es el requisito de la aprobación por el Congreso de la proporción de la cuota de los Estados Unidos. Así surgiría la posibilidad de que el número de votos de los EE.UU. disminuyera temporalmente por debajo del umbral del 15 por ciento necesario para vetar decisiones que requieran el apoyo del 85 por ciento de los votos de los miembros del FMI.
Para lograr el apoyo de los EE.UU., la Junta de Gobernadores podría comprometerse a no examinar ningún proyecto de decisión que requiera un apoyo de 85 por ciento sin el consentimiento de los Estados Unidos. Se podría incluir esa garantía en la resolución que dividiera el plan de reformas en dos partes. Seguiría siendo válida hasta que los EE.UU. estuvieran en condiciones de aumentar su cuota y recuperar su número de votos. El Directorio Ejecutivo podría aprobar un compromiso análogo y solicitar a la Directora Gerente que se abstenga de presentar proyecto de decisión alguno que requiera una mayoría del 85 por ciento sin obtener antes el apoyo de los EE.UU.
El Gobierno de los Estados Unidos podría afrontar la crítica del Congreso por aceptar una medida que reduciría temporalmente su número de votos y por depender de un acuerdo político para preservar su capacidad de veto, pero el acuerdo podría hacer también de incentivo para la ratificación de las reformas. La capacidad de restituir la capacidad reglamentaria de veto de los EE.UU. estaría enteramente en manos del Congreso, por lo que resultaría improbable que transcurrieran otros cuatro años sin que se resolviera por fin ese asunto.
Paulo Nogueira Batista, Jr. is Executive Director at the IMF. Hector R. Torres, is a former Executive Director of the IMF and a former Chair of the G-24 Bureau in Washington, D.C. Traducido del inglés por Carlos Manzano.