Hace poco más de tres años, justo cuando más arreciaba la crisis financiera, publiqué una guía del sistema internacional de reglamentación financiera, Global Financial Regulation: The Essential Guide, en la que describía una compleja tela de araña de comités, consejos y organismos compuestos de miembros no representativos y con atribuciones superpuestas y poderes insuficientes para imponer el cumplimiento de las normas: un sistema que ha ido acumulándose a lo largo de decenios, sin directrices estructuradoras ni una autoridad central que promoviera normas reglamentadoras coherentes a escala mundial.
Después de todo lo sucedido en estos años y que ha demostrado los peligros inherentes a esas deficiencias y de una plétora de cumbres y conferencias, una guía de la reglamentación financiera de 2008 debería haber quedado ya totalmente anticuada. Por desgracia, no ha sido así.
Cierto es que algunas cosas han cambiado para mejor. En la cima de la pirámide, el G-7 tuvo que ceder el paso a un G-20, más amplio, en cuya adopción conjunta de decisiones participarán como miembros de pleno derecho China y la India. A consecuencia de ello, las cumbres del G-20 resultan más engorrosas, pero eso refleja simplemente la realidad del cambio que se está produciendo en el poder económico desde el Oeste hasta el Este.
Carece de sentido fingir que no es así o que las normas establecidas en Nueva York y Londres serán seguidas servilmente en Mumbai y Beijing, si China y la India no participan en el proceso. Por eso, se debe acoger con beneplácito que el G-20 tenga mayor importancia.
Además, ha habido otro cambio importante. El Foro sobre Estabilidad Financiera (FEF), creado después de la crisis financiera asiática como organismo oficioso de coordinación –los Estados Unidos opusieron resistencia a que tuviese más fuerza–pasó a llamarse Consejo de Estabilidad Financiera (CEF). Un “consejo” parece más impresionante, autorizado y permanente que un mero “foro”. En el arcano mundo de la diplomacia financiera internacional, esos sutiles cambios de terminología tienen su importancia.
Pero el cambio de nombre no debe impedirnos ver que el CEF no tiene más poder que el que tuvo el FEF. En las sucesivas cumbres del G-20 se ha pedido a su Presidente, Mario Draghi (ahora el favorito para suceder a Jean-Claude Trichet como Presidente del Banco Central Europeo), actualizaciones de los avances logrados en la reforma de la reglamentación, pero el CEF no tiene autoridad sobre el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o cualesquiera otros formuladores de normas. No puede ordenarles que cambien sus normas. Como tampoco puede lograr la coherencia entre los diferentes criterios de los formuladores de normas o, de hecho, la coherencia en su aplicación por parte de los diferentes reglamentadores nacionales.
Sin embargo, la aplicación coherente es decisiva para evitar una carrera a ver quién establece la menor reglamentación. Ya hay señales peligrosas de que empresas mundiales están trasladando sus actividades a jurisdicciones más gratas para evitar una reglamentación más estricta en los centros financieros más importantes.
El G-20 debe colmar esa laguna urgentemente. El Presidente Nicolas Sarkozy de Francia, que preside el G-20 este año, ha pedido una revisión de la gestión del sistema financiero. La respuesta de los organismos existentes ha sido la de defender vigorosamente su autonomía y oponer resistencia a cualesquiera intentos de imponerles un mínimo de coordinación y disciplina.
Al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, nunca le ha gustado la existencia del CEF y ha aducido el argumento de que el propio Fondo debe ser el supervisor del riesgo sistémico... y, por tanto, hacer de reglamentador financiero mundial de facto, pero los argumentos del FMI han perdido fuerza tras la reciente publicación de un informe de su oficina de evaluación, en el que se ponía de relieve que el Fondo no descubrió los riesgos surgidos en el período inmediatamente anterior a la crisis. El FMI es un organismo demasiado político para desempeñar la función de vigilante del riesgo sistémico.
En la próxima cumbre del G-20 se debe aplicar una reforma fundamental del CEF. Se debe conferirle personalidad jurídica, consagrada en un tratado internacional. Actualmente, el Consejo carece de estatuto oficial y sólo tiene un pequeño, pero muy competente, personal permanente, al que el Banco Internacional de Pagos de Basilea ha albergado. El sucesor de Draghi en la presidencia debe ser nombrado de forma definitiva y se deben conferir al CEF poderes para dirigir a los demás formuladores de normas, examinar la aplicación de dichas normas y publicar los resultados.
No sería realista pensar que el CEF pudiera dirigir a los países para que fortaleciesen su reglamentación sin tener alguna forma de capacidad de arbitraje análoga a la que tiene la Organización Mundial del Comercio. Así, pues, si se considera que un país está aplicando un régimen laxo para atraerse empresas internacionales móviles, el CEF podría denunciar ese comportamiento y publicar sus conclusiones. Se debe corregir la anomalía de que los países hayan decidido dotar a un organismo internacional con poderes para regular las controversias en materia de comercio de bienes, pero no las relativas a transacciones financieras.
Existen razones poderosas para ir más allá y englobar a los formuladores de normas –el Comité de Basilea, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, etcétera– en un solo organismo. Se podría situarlos en una Torre de Babel de la reglamentación en Basilea.
Así podría ser algún día, cuando las fronteras entre los diferentes subsectores del sistema financiero se desdibujen más, pero de momento, por lógico que sea semejante objetivo, probablemente sea demasiado ambicioso para abrigar la esperanza de que llegue a ser realidad
Aun así, es importante, como se suele decir, no desaprovechar una buena crisis. Sarkozy tiene una oportunidad de oro para dejar su marca en el sistema financiero mundial. Un Presidente de Francia, deseoso de obtener un éxito mundial en vista de que se acercan las elecciones en su país, no debería dejar pasar dicha oportunidad.
De hecho, Sarkozy tiene otro incentivo, en vista de que se apuntaría un tanto contra el FMI, encabezado por Dominique Strauss-Kahn, su probable oponente socialista en las próximas elecciones presidenciales. Así, pues, por una vez las motivación lógica y la de carácter político personal apuntan en la misma dirección. Debería ser una combinación vencedora.
Por Howard Davies, ex presidente del Organismo de Servicios Financieros de Gran Bretaña, ex vicegobernador del Banco de Inglaterra, y actualmente Director de la London School of Economics. Su ultimo libro es Banking on the Future: The Fall and Rise of Central Banking (“Contar con el futuro. Caída y ascenso de los bancos centrales”) .Traducido del inglés por Carlos Manzano.