El “momento Mubarak” de Pakistán

La situación interna de Pakistán se está volviendo cada vez más precaria. De hecho, hoy se está cuestionando seriamente que el país pueda sobrevivir en su forma actual.

Estas interrogantes surgen de un temor creciente a que los grupos islamistas puedan volver a intentar apoderarse de los mecanismos clave del poder del país. Si eso no es posible debido a la presencia de un ejército grande y disciplinado, los islamistas podrían intentar crearse un espacio en el que establecer un sistema separado de gobierno que corresponda más plenamente a lo que consideran como los principios del Islam.

El intento previo de los grupos islamistas de crear este espacio fue contrarrestado con éxito por los militares en 2009, cuando expulsaron a las fuerzas insurgentes del estratégico distrito de Swat y la provincia tribal de Waziristán del Sur.

Hoy, sin embargo, es posible que el ejército de Pakistán no esté preparado para actuar con la fuerza y la convicción que mostró la última vez. Su voluntad de contrarrestar la creciente influencia de los islamistas se ha debilitado por dos acontecimientos desafortunados: el reciente asesinato de Salman Taseer, gobernador de Punjab, la provincia más poblada de Pakistán, y las muertes el mes pasado de dos jóvenes supuestamente a manos de un oficial estadounidense llamado Raymond Davis.

El asesinato de Taseer produjo grandes manifestaciones públicas de apoyo al presunto asesino, basadas en que le había quitado la vida a un político que había puesto en duda el contenido de las “ordenanzas Hudood.” Estas leyes, promulgadas originalmente por los británicos en la India colonial y que una serie de gobiernos pakistaníes fue haciendo cada vez más draconianas, convierten cualquier comentario considerado como una falta de respeto hacia el Islam o el profeta Mahoma en delito castigable con la pena de muerte.

Una mujer cristiana, acusada de haber hecho un comentario despectivo, fue el último blanco de las ordenanzas. Taseer había dado su palabra de que no permitiría que se llevara a cabo la condena a muerte de la mujer.

El caso Davis complicó aún más las relaciones de Pakistán con Estados Unidos, que ya eran tensas debido a la renuencia de los militares a entrar en Waziristán del Norte, un mini-estado dentro de Pakistán desde el que los talibanes han lanzado operaciones en Afganistán contra las fuerzas de EE.UU. En momentos que la calle de Pakistán exige medidas contra el “asesino” de dos jóvenes en Lahore, era poco probable que los militares tomaran cualquier medida que pudiera ser vista como una respuesta a las presiones de la administración Obama.

Incluso antes de que la élite gobernante de Pakistán se viera sacudida por los asesinatos en las calles de Pakistán y las turbulencias en Túnez y Egipto, ya había comenzado a planificar medidas destinadas a aplacar a una ciudadanía cada vez más inquieta. Más aún, varios miembros de alto rango del gobierno del presidente Asif Ali Zardari han concluido que los sucesos de Túnez y Egipto no se pueden replicar en Pakistán.

“Nuestras instituciones están activas y la democracia funciona”, dijo el primer ministro Yousuf Raza Gilani a la prensa occidental. Podría haber añadido que el principal partido de oposición, la Liga Musulmana de Pakistán, aceptaba dejarlo gobernar hasta  que haya nuevas elecciones en el país, en algún momento de finales de 2012 o principios de 2013. También había indicios claros de que el ejército no estaba dispuesto a aventurarse una vez más en política, como lo ha hecho tantas veces en el pasado.

Pero Gilani no estaba del todo sereno. A medida que se desmoronaba el régimen egipcio de Hosni Mubarak, decidió pedir la dimisión de todo su gabinete. Partiendo por el ministro Amin Fahim de la provincia de Sindh, el de mayor antigüedad, todos los miembros del gabinete presentaron sus renuncias al primer ministro el 4 de febrero.

El mismo día, el Comité Ejecutivo Central del Partido Popular de Pakistán “autorizó al primer ministro a volver a designar un gabinete más pequeño con menos ministros, todos los cuales tuvieran reputación de integridad, competencia y eficiencia”. El último movimiento en esa dirección ocurrió el 9 de febrero, cuando, en un almuerzo de despedida para su gabinete ampliado, Gilani envió a sus ministros a empacar sus cosas. Un nuevo gabinete, más pequeño, juró dos días más tarde.

Esta medida fue adoptada por Gilani en respuesta no sólo a los acontecimientos en Oriente Próximo, sino también en reconocimiento de lo poco que el retorno a la democracia ha hecho por los ciudadanos de Pakistán. Las autoridades están conscientes de que un cambio en el gabinete se verá como una mera cortina de humo, a menos que el gobierno muestre que tiene un plan para rescatar a la economía del colapso y aliviar la carga de las personas de a pie.

De hecho, la tasa de crecimiento económico de Pakistán es la más lenta del Sur de Asia continental: la mitad de Bangladesh y una tercera parte de la India. El fuerte aumento en los precios de los productos básicos ha significado una disminución de los ingresos reales del 60% inferior de la población.

La lenta actividad económica ha aumentado la tasa de paro urbano a, se estima, un 34% de la fuerza laboral. Si bien el sistema democrático y una prensa vibrante pueden haber servido de vías de escape para que la gente exprese su frustración con el estado de la economía y la calidad del gobierno, la élite política reconoce ahora que muchos ingredientes de la situación de Pakistán estaban presentes en los países de Oriente Próximo donde las protestas callejeras llegaron a un punto de ebullición.

El mensaje es claro: una democracia que no entrega beneficios tangibles no impedirá que el pueblo de Pakistán exija cambios radicales. La pregunta ahora es si la clase política cuenta con los medios para actuar en consecuencia.

Por Shahid Javed Burki, ex ministro de Finanzas de Pakistán y Vicepresidente del Banco Mundial, y en la actualidad Presidente del Instituto de Políticas Públicas de Lahore. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

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