Cuando han transcurrido menos de dos años de la presidencia de Enrique Peña Nieto, México está aplicando un ambicioso plan de reformas estructurales destinado a sacar su economía de una trampa de crecimiento lento mutidecenal y crear nuevas oportunidades para sus ciudadanos. Las reformas entrañan la reestructuración de sectores económicos en tiempos considerados políticamente intocables y están respaldadas por enmiendas constitucionales y un programa legislativo audaz.
De hecho, gracias al “Pacto por México”, gran parte de ese plan cuenta con el apoyo no sólo del gobierno de Peña Nieto, sino también con el de los dos principales partidos de oposición. Pronto, cuando las reformas empiecen a notarse, se pondrá a prueba ese acuerdo excepcional y el resultado podría tener consecuencias importantes y duraderas para los intentos de aplicar reformas estructurales en otras partes del mundo.
Semejantes reformas nunca son fáciles de iniciar y suelen ser difíciles de concluir. Los políticos las propugnan cuando están en la oposición, pero, cuando están en el Gobierno, raras veces las adoptan y mantienen. La razón es sencilla: dados los gastos iniciales necesarios hasta que al final lleguen los beneficios, las reformas estructurales resultan políticamente peligrosas.
A los gobiernos que sí que se lanzan a la reforma estructural con frecuencia les parece frustrante esperar a que se materialice esa “masa crítica”, con frecuencia esquiva, de sectores revitalizados y a los economistas les resulta muy difícil predecir el ritmo y la magnitud del despegue del crecimiento que ha de seguir. Para complicar el asunto aún más, la inevitabilidad de acontecimientos imprevistos, ya sean de origen interno o externo, obliga con frecuencia a hacer correcciones de rumbo.
A consecuencia de ello, sólo hay unos poco ejemplos históricos positivos –incluidas China, Polonia y Corea del Sur– de reformas estructurales logradas y muchos desestiman a los países que tienen éxito por considerarlos “especiales" o “excepcionales” y, por tanto, de poco valor como modelos para que otros los emulen.
Sobre ese telón de fondo, resulta fascinante observar lo que está sucediendo en México. El “por qué”, el “cómo” y el “qué” de los ambiciosos empeños del país en materia de reformas estructurales podrían –y deberían– tener importantes efectos indicativos en todo el mundo.
Los funcionarios mexicanos son los primeros en señalar los resultados económicos relativamente deficientes de su país en los 33 últimos años. Un crecimiento anual medio de sólo 2,4 por ciento es muy inferior al necesario y posible en el caso de un país dotado con unos medios humanos y naturales tan enormes: situado en el umbral de acceso a los Estados Unidos y con un considerable potencial para recuperar el terreno perdido. Además, la mejor ejecutoria de México en materia de crecimiento es muy inferior a la de otros países que comenzaron con mucho menos y, sin embargo, lo adelantaron (y también a otros países latinoamericanos).
Las autoridades podrían eludir la responsabilidad por los regulares resultados de México ocultándose tras las diversas crisis de los mercados en ascenso, el “decenio perdido” de Latinoamérica, las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y la posterior “gran recesión”, pero, en lugar de buscar excusas, los funcionarios de México han señalado que, según los indicadores nacionales, su productividad y su competitividad han sido deficientes tanto a lo largo del tiempo como en relación con otros países. También han observado que los impresionantes logros de México en cuanto a estabilización macroeconómica, aunque necesarios, no han sido suficientes para poner en marcha el potencial de crecimiento del país.
Sí, México ha construido unas fuertes defensas financieras nacionales e internacionales, ha puesto su casa fiscal en orden, ha abierto su economía al mundo exterior y ha concertado muchos acuerdos de libre comercio, comenzando por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero ahora ha llegado el momento de avanzar a partir de ese progreso reformando simultáneamente cinco sectores grandes e influyentes: los de educación, energía, hacienda, telecomunicaciones y mercado laboral. Y en los últimos meses el gobierno de Peña Nieto se ha esforzado profundamente –y con éxito–para adoptar las necesarias enmiendas constitucionales y promulgar una legislación inicial.
Durante mucho tiempo se habían considerado intocables, o casi, al menos tres de esos sectores: los de educación, energía y mercado laboral. De hecho, recuerdo mi propia experiencia en México al final del decenio de 1980 y al comienzo del de 1990, cuando formé parte del equipo de trabajo del Fondo Monetario Internacional, junto con funcionarios locales, a fin de ayudar al país a recuperarse de la crisis de deuda de América Latina. Toda mención de reformas energéticas chocaba con una resistencia inmediata, incluidas referencias a la soberanía nacional y las protecciones constitucionales.
Actualmente, México está buscando inversores a largo plazo para que apoyen las ambiciosas y amplias medidas de reforma, con una participación extranjera particularmente importante en las inversiones en infraestructuras de redes de telecomunicaciones, carreteras de peaje, gasoductos y, más adelante, el sector petrolero.
Todo ello está apoyado por un claro mandato político, además de por el compromiso personal declarado por Peña Nieto de superar tres decenios de crecimiento insuficiente y déficits de productividad. En vista de la posibilidad de una reacción política interior en contra, de las complejidades inherentes a la aplicación de un plan de reformas multidimensional y de los cíclicos vientos contrarios que representa un crecimiento lento en los Estados Unidos (a los que va destinado, aproximadamente, el 80 por ciento de las exportaciones), México puede necesitar esos dos apoyos para mantener el impulso de la reforma. Por fortuna, el Gobierno tiene margen para aplicar una política anticíclica y ya ha reaccionado adoptando medidas fiscales y monetarias más flexibles.
México tiene muchas posibilidades de hacer realidad su impresionante programa de reformas estructurales. Con ello daría un importante ejemplo al resto del mundo de cómo se pueden formular y aplicar semejantes programas a largo plazo, lo que permitiría alcanzar una masa crítica de sectores sólidos –y, por tanto, un crecimiento más rápido y una mayor prosperidad– y satisfacer las legítimas aspiraciones de los ciudadanos.
Mohamed A. El-Erian, Chief Economic Adviser at Allianz and a member of its International Executive Committee, is Chairman of President Barack Obama’s Global Development Council. He previously served as CEO and co-Chief Investment Officer of PIMCO. He was named one of Foreign Policy's Top 100 Global Thinkers in 2009, 2010, 2011, and 2012. His book When Markets Collide was the Financial Times/Goldman Sachs Book of the Year and was named a best book of 2008 by The Economist. Traducido del inglés por Carlos Manzano.