El Mundo y la caída del régimen

Cuando el 27 de diciembre de 2010, dentro de las investigaciones periodísticas sobre el escándalo Mercasevilla, EL MUNDO descubrió que el Gobierno andaluz había estado pagando prejubilaciones de manera ilegal durante una década, acababa de destapar el mayor caso de corrupción de la Historia de la Administración española.

No sólo eso: también reveló un procedimiento de saqueo de las arcas públicas desde las mismas estructuras del Ejecutivo autonómico.

Hasta ese momento, no emergió la punta del iceberg de un escándalo colosal que, a la postre, provocaría el progresivo hundimiento del Titanic socialista, cuyos timoneles también recurrieron a la orquesta para disimular la dimensión de una catástrofe. Fiaron su suerte a la tradicional impunidad judicial de la que se habían beneficiado hasta entonces y que usaron despóticamente contra los periodistas de EL MUNDO, a los que sentaron en el banquillo tratando de atemorizarlos. Se les pidió una fianza de nada menos 700.000 euros, como hizo Chaves, fracasando en su tentativa de silenciar a este diario.

Si, hasta entonces, los sucesivos episodios de corrupción que habían jalonado más de 30 años de poder socialista en Andalucía parecían una recreación del Patio de Monipodio cervantino, con personajes como los hermanos de Guerra, de Borbolla o de Chaves, junto a otros clanes menos conocidos del socialismo meridional, este importante hallazgo acreditaba que la Junta de Andalucía era toda ella un Patio de Monipodio en el que la corrupción no era una malformación del Sistema, sino que constituía el Sistema mismo. Por medio de sucesivas investigaciones, secundando el viejo principio de que siempre hay que seguir la pista al dinero, sin dejarse despistar por pícaros que producían la lógica indignación, pero hacían creer que el asunto era cosa exclusivamente de unos aprovechados, EL MUNDO fue acreditando cómo el Gobierno andaluz había dispuesto de un mecanismo para eludir el control de la Intervención General sobre las subvenciones y había creado un fondo de reptiles para «institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos y poder regalar fraudulentamente ayudas a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz».

Así lo acreditaría con el tiempo la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, que ayer imputó a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a cinco ex consejeros, con lo que la suma de altos cargos procesados se sitúa en los 40. Curiosamente, el mismo número que los ladrones que acompañaban a Alí Babá.

Las imputaciones de ayer, entre ellas las de Manuel Chaves, que quiso devaluar la importancia capital del caso arguyendo que era «cosa de cuatro golfos», suponen el desplome del régimen andaluz en el que, como refirió Gibbon en su magnífica obra sobre la decadencia y caída de Roma, «el montaje se vino abajo por su propio peso». Sin embargo, para que haya sido posible, ha sido fundamental la tarea de los contados medios críticos en una comunidad en la que la mayoría vive de los favores del poder y le resulta más rentable no publicar informaciones –hay editores que confiesan cínicamente que, cuanto más denuncie EL MUNDO, mejor recompensa su silencio el Gobierno andaluz– y la labor de la juez Alaya que, después de investigar el saqueo de un equipo de fútbol emblemático como el Real Betis, está sacando a flote la investigación del expolio de los ERE fraudulentos en el que es posible advertir algunas analogías, a gran escala, con el que perpetró Jesús Gil en Marbella y que también sacó a la luz EL MUNDO. Si el entonces promotor inmobiliario se hartó de pagar comisiones ilegales a las autoridades de la Junta, entre ellas a un consejero de Obras Públicas, y al PSOE andaluz para que le legalizaran urbanizaciones y le concedieran licencias de construcción, apoderándose de la Alcaldía costasoleña primero y luego, ya entronizado regidor de la misma, diseñar una estructura paralela para despojarla sin rubor de ningún tipo, otro tanto ha ido haciendo la Junta en las presidencias de Chaves y de Griñán, quienes han sido imputados al final de su escapada.

Es verdad que, durante sus 19 años de mandarinato, Chaves salió impune de todos sus escándalos que fue destapando EL MUNDO por la inacción de una Justicia que ni estaba ni se la esperaba: desde el crédito personal de la Caja de Jerez que le fue condonado al espionaje de los presidentes rebeldes de dos cajas sevillanas, pasando por los casos de nepotismo de sus hermanos, diseñando el juego del tres en raya por el que un Chaves aprobaba los presupuestos, otro los adjudicaba como director general y un tercero se beneficiaba como empresario; los trabajos de comisionista de la Junta de su hijo Iván, o la ayuda de 10 millones de euros a la empresa apoderada por su hija Paula.

Ahora, sin embargo, la juez Alaya acaba de imputarlo por haberse diseñado durante su etapa de presidente este sistema para sacar del control presupuestario unos fondos reservados –como los de Vera en su etapa en Interior– que cimentaron la hegemonía electoral socialista mediante su uso discrecional a la hora de apagar cualquier conflicto que pudiera perturbar su dominio y que han beneficiado a militantes y simpatizantes socialistas incluidos como intrusos en planes de prejubilación de empresas en las que nunca habían trabajado y de las que desconocían hasta su misma existencia.

Si el dispositivo fraudulento se puso en marcha con Chaves como presidente, Griñán no sólo no lo suspendió, pese a las 15 advertencias, 15, que tuvo del interventor de la Junta, sino que cebó la bomba del fondo de reptiles, lo que a la postre le pone camino de una imputación que ya se veía venir en lontananza, razón por la cual se fugó deprisa y corriendo de la Presidencia de la Junta, aunque su huida trató de revestirla de razones personales.

Temeroso de lo que pudiera hacer la juez Alaya, incorporó a su último gabinete a un fiscal, Emilio de Llera, como consejero de Justicia, al igual que González hiciera con Garzón, para que desestabilizara desde el Consejo General del Poder Judicial, y desde las tribunas públicas a quien, contra viento y marea, se ha mantenido firme, pese a su grave neuralgia del trigémino, evitando lo acaecido con el infeliz del juez Barbero. A la instructora no le ha resultado, desde luego, fácil, teniendo en cuenta que incluso se empleó contra ella al mismísimo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, quien llegó a amenazarla con abrirle un expediente por su supuesta demora y luego mantuvo un almuerzo en Sevilla con el propio Griñán, acompañado exclusivamente de algunos notables consejeros socialistas del CGPJ, como Miguel Carmona.

Si durante las primeras escaramuzas de la investigación periodística del caso Watergate, el director de The Washington Post, Ben Bradlee, dijo que tenía la sensación de que habían mordido una manzana de la que ignoraban su tamaño, otro tanto ocurrió el día en que lo que lo que parecía un afluente del escándalo Mercasevilla, en el que ya han sido condenados altos cargos de la Junta y directivos de la lonja por exigir comisiones a dos empresarios que querían abrir una Escuela de Hostelería en sus terrenos en base a que «la Junta ayuda a quien le ayuda», se revela la fuente de un río caudaloso como el de los ERE, pero cuyo cauce discurría sumergido, como el Guadiana, regando el régimen clientelar de 30 años personificado por el faraón Chaves y su sucesor Griñán en 10 años de defraudación consentida y 1.200 millones de euros dilapidados. Esta vez, la Prensa (cuando menos alguna prensa) no falló.

Francisco Rosell, director de EL MUNDO de Andalucía.

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