Después de nueve largos años, el sumario iniciado por el juez Baltasar Garzón, el conocido como macrosumario, ha llegado a su final con la sentencia hecha pública esta semana de la Audiencia Nacional en la que resultan condenados 47 de los acusados a diferentes penas de cárcel [en la que queda probado que KAS, EKIN y XAKI forman parte de las «entrañas» y el «corazón» de ETA]. Como era de esperar, la denominada izquierda abertzale ha puesto el grito en el cielo, y ha acusado intencionadamente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de buscar la guerra e imposibilitar las vías políticas para «la solución del conflicto vasco». La acusación al presidente de buscar la guerra cuando de una sentencia judicial se trata es intencionada porque la izquierda nacionalista busca el desprestigio del sistema judicial español. Su objetivo es colocar toda la actuación de la Justicia española bajo la sospecha de actuar sin independencia, es decir, siguiendo indicaciones del poder ejecutivo.
Pero llama la atención -aunque, bien mirado, no tanto- que el resto de partidos nacionalistas -Eusko Alkartasuna (EA) y especialmente el Partido Nacionalista Vasco (PNV)-, junto con el Gobierno vasco, hayan procedido a realizar la misma valoración descalificatoria de la sentencia. El PNV y el Gobierno de Ibarretxe ven en el fallo una mera actuación política, como si nada tuviera que ver con la Justicia, una actuación contraria a los mandatos del Derecho, una mascarada, una persecución de ideas.
Debiera ser algo evidente que en democracia es posible criticar la actuación de la Justicia, criticar sentencias concretas, mirar con lupa hasta qué punto están probados los hechos, y calibrar la adecuación de la valoración jurídica de los mismos. No es tan evidente que dicha crítica se pueda ejercer desde otros poderes del Estado, como es un Gobierno autonómico, en este caso el del País Vasco. Los partidos políticos, aunque también son parte del sistema democrático, estarían más legitimados para ejercer dicha crítica.
Pero en el caso de la sentencia citada, tanto el Gobierno vasco como los partidos nacionalistas, sin diferenciarse en nada de Batasuna y del entorno de ETA, han transmitido desde el principio que no hay caso, que no existen hechos a probar, que es imposible su calificación jurídica, porque todo lo que se ha juzgado cae bajo el epígrafe de actuación política tras la persecución de unos fines políticos legítimos que no quedan deslegitimados porque puedan coincidir con los de ETA.
Dejando de lado la frivolidad que implica actuar de esta forma respecto de una sentencia -que, repito, puede ser analizada y valorada críticamente-, es preciso analizar con detenimiento lo que se esconde tras esa forma de argumentar. Lo que todo el nacionalismo vasco está planteando al rechazar de plano la sentencia y considerarla un acto estrictamente político y no de Justicia, es el ocultamiento de lo que constituye uno de los mayores problemas hoy en día en la persecución del terrorismo etarra.
Lo que el Estado de Derecho persigue no son, evidentemente, las ideas nacionalistas o independentistas, como pretende el nacionalismo [el consejero de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, ha llegado a declarar que la Audiencia Nacional «encarcela ideas»]. Lo que el Estado de Derecho persigue, y la Justicia castiga, es la actuación a favor del terrorismo, todo aquello que sirve para que éste pueda llevar a cabo sus acciones, todo aquello que sirve para que el terrorismo pueda funcionar.
Y es de sobra conocido que el terrorismo no sólo necesita armas, no sólo necesita financiación, no sólo necesita comandos, no sólo necesita santuarios e infraestructura. También necesita ocupar los espacios en los que se genera información, en los que se plantea la ocupación de los símbolos, la búsqueda de la legitimación internacional, el mantenimiento de una tensión social proclive a la supervivencia de la organización terrorista.
Pero el mundo nacionalista no puede ver esa relación. El mundo nacionalista se resiste incluso a considerar que la supervivencia de ETA pueda tener algo que ver con el mantenimiento de estructuras culturales, societarias, partidarias, comunicativas que le favorezcan. Porque si considerara esa posibilidad, al final tendría que plantearse si el mantenimiento de determinados fines políticos iguales a los defendidos por los terroristas no contribuye a crear un clima que éstos entienden como de legitimación de su violencia.
La Justicia española se encuentra con la carga de tener que dictar sentencia en cuestiones que si fueran tratadas de otra forma por la sociedad vasca en su conjunto, trazando una línea clara de separación entre ETA, su violencia y su terror, y el resto de la sociedad, incluidos los partidos políticos, no llegarían a sus manos.
Batasuna es incapaz de liberarse del dictado de ETA. EA y el PNV entienden que es su obligación no romper las relaciones con Batasuna. A su vez, muchos en la sociedad vasca entienden que puede haber medios de comunicación, asociaciones, empresas y fundaciones que no tienen por qué trazar la línea de separación con la banda terrorista, que se pueden mover en terreno pantanoso, sin deslindes ni tomas claras de posición, en terreno ambiguo, sin preocuparse por las consecuencias que todo ello puede tener en la supervivencia de ETA, todo lo cual carga a la Justicia con un trabajo delicado que probablemente no tendría que llevar a cabo si los los partidos políticos y la sociedad vasca en su conjunto hubieran cumplido con su deber de aislar el terrorismo en todas sus vertientes: en la condena radical de la violencia y el terror, en el aislamiento político efectivo y firme de su frente político, y no sujeto a vaivenes y tácticas coyunturales, en la formulación de un nacionalismo radicalmente distinto al de ETA-Batasuna, como lo llegó a plantear el Partido Nacionalista Vasco en los tiempos ya lejanos del Acuerdo de Ajuria Enea.
Pero el nacionalismo vasco en su conjunto tiene miedo a lo que el anterior presidente del PNV llamaba «la deslegitimación social y política de ETA». Y tiene miedo a esa deslegitimación radical porque tiene miedo a perder la hegemonía que cree tener el conjunto del nacionalismo en la sociedad vasca.
Joseba Arregi, ex diputado y ex militante del PNV y autor de numerosos ensayos sobre la realidad social y política del País Vasco, como Ser nacionalista y La nación vasca posible.