El necesario Convenio 189

Nuestra sociedad no podría funcionar sin el trabajo de las trabajadoras y trabajadores domésticos en hogares ajenos. Realizan tareas de limpieza, cocina, jardinería y, aún más importante, de cuidado de nuestros seres queridos. Un trabajo que tiene muchísimo valor porque es fuente de bienestar personal y familiar, pero que socialmente está muy poco valorado y reconocido.

Las trabajadoras del hogar no solo son imprescindibles para muchísimos hogares, sino que representan también un sector económico importante y creciente. En el mundo hay no menos 53 millones de trabajadores domésticos. En 1995 había 33. Un trabajo que tiene rostro de mujer —el 83% son mujeres— y es realizado principalmente por migrantes. Muchas de estas mujeres han dejado sus propios hogares y países para cuidar hogares ajenos, en lo que se conoce como cadenas globales de los cuidados.

A pesar de ser una actividad tan importante, muchas empleadas de hogar siguen siendo consideradas como trabajadoras de segunda clase, cuando no criadas, sirvientas o esclavas. Solo el 9% tienen cobertura legal al mismo nivel que el resto de trabajadores. El resto carecen de salarios o tiempos de descanso reglados y de prestaciones de baja por maternidad o sufren todo tipo de abusos incluidos los sexuales.

Por todo ello, la Organización Internacional del Trabajo —agencia de las Naciones Unidas especializada en el mundo del trabajo constituida por los gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales de todo el mundo— aprobó en 2011 el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, conocido como Convenio 189, que establece un conjunto de normas y criterios internacionales dirigidos a asegurar que el trabajo doméstico sea un trabajo decente y a reconocerle su valor social y económico. Este convenio ya ha sido ratificado por 11 países, entre ellos Italia y Alemania.

La Unión Europea, en coherencia con la Carta Social Europea y con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, especialmente en lo referido a las condiciones de trabajo justas y a la protección social, apoya también el convenio. El Consejo de Ministros de la UE acaba de adoptar una decisión autorizando a los Estados Miembros a ratificar el Convenio 189, siguiendo así los pasos dados por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a favor del mismo, y han instado a los Estados Miembros a ratificarlo y aplicarlo con urgencia.

La ratificación de este Convenio supone asegurar que los trabajadores del hogar reciben el mismo trato que el resto de trabajadores con respecto a prestaciones e indemnizaciones, están informados sobre los términos y condiciones de su trabajo, su salario y sus descansos, se les protege contra la discriminación, se les aseguran condiciones de vida decentes y tienen acceso a los mecanismos de denuncias laborales.

También para la economía española esta ratificación será muy relevante, pues se trata de un sector económico creciente que está emergiendo con fuerza. En estos años la caída de afiliados a la seguridad social ha sido dramática; sin embargo, las empleadas de hogar afiliadas a la seguridad social han pasado de 297.000 en el año 2011 a 421.106 en año 2013. A este proceso de afloramiento contribuyó el acuerdo de pensiones de 2011 para equiparar el régimen de empleadas de hogar al régimen general de la seguridad social. Pero todavía puede aflorar más, pues hoy en España hay un total de 679.600 trabajadores domésticos según la última encuesta de población activa.

En mayo del año pasado la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno a que en un plazo razonable evaluara la posibilidad de someter a ratificación el Convenio 189 de la OIT y a que, en consecuencia, adaptara la legislación en el sentido que regulan los citados textos. Ahora, tras la reciente decisión de la Unión Europea instando a los países miembros a ratificar el convenio, España debería hacerlo sin esperar más.

Joaquín Nieto es director de la Oficina de la OIT para España y Francisco Fonseca es director de la Representación de la Comisión.

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