La puesta en marcha de las comunidades autónomas, en casi todos los casos por iniciativa de ayuntamientos y diputaciones como establece la Constitución, no ha tenido el lógico y esperado complemento de impulso por parte de los gobiernos regionales para que los ayuntamientos tengan más capacidades, obligaciones y presupuestos. En definitiva, para que los municipios sean más autónomos.
Las comunidades autónomas han ido recibiendo, durante estos 30 años competencias y financiación desde el Gobierno central y, en vez de transferir a los ayuntamientos aquellas que por aplicación del principio de subsidiariedad deben ser gestionadas a nivel local, se las han quedado, las han retenido indebidamente creando un neocentralismo tan antinatural como el que había históricamente en Madrid, con el agravante de ser mucho más despilfarrador de recursos públicos.
El principio de subsidiariedad supone que lo que puede gestionarse en el nivel local debe resolverse en ese nivel, no en el regional; lo que puede gestionarse en el nivel regional debe resolverse en ese nivel, no en el nacional. Que las comunidades autónomas se ocupen de competencias del ámbito regional, supramunicipal, es lógico desde el punto de vista administrativo y natural desde el punto de vista político. Pero que acaparen las competencias que corresponde desarrollar a los municipios ha sido la respuesta más ilógica y absurda que pudiera esperarse de quienes, desde la vía política y administrativa, tenían que haber funcionado como garantes de que, ya en los ochenta y noventa, contásemos con un Estado equilibrado entre los tres niveles: central, regional y local.
¿Por qué las comunidades autónomas no han cedido aún a los municipios competencias como las de promoción y rehabilitación de viviendas, política social, equipamiento cultural, instalaciones deportivas, igualdad, juventud y políticas activas de empleo, entre otras? Se ha producido un nuevo centralismo, absurdamente multiplicado por 17 y, por tanto, incrementando innecesaria y disparatadamente el gasto público.
Todo ello es sorprendente y contradictorio, pues España suscribió el 20 de enero de 1988 la Carta Europea de Autonomía Local, que fue aprobada por el Consejo de Europa el 15 de octubre de 1985. Nada de lo que en ella se establece sobre la necesaria autonomía local y la aplicación del principio de subsidiariedad ha sido impulsado por las comunidades autónomas. ¡Vivir para ver! Ha faltado perspectiva de Estado y ha sobrado visión partidaria y afán de poder.
No sólo se han consumido excesivos recursos en el montaje y organización de innecesarias estructuras, sino que éstas han obligado a los ayuntamientos a reforzar su personal para realizar trámites burocráticos innecesarios, lentos e ineficaces con una administración autonómica que ha querido que se note su dominio e incluso ha llegado, demasiadas veces, a «competir» con la actividad municipal desde las delegaciones provinciales de las consejerías.
Esto es especialmente grave cuando tiene lugar en territorios como Andalucía, que por su extensión y población necesita, más aún, la aplicación de una auténtica autonomía descentralizada y vivificante. Fui diputado en las Cortes constituyentes y consejero de la Junta preautonómica: no fue esto para lo que diseñamos la autonomía; pensábamos en una descentralización en cascada, no en que quedase estancada en el primer nivel.
En este momento es oportuno recordar que el poder local es el más cercano a los ciudadanos y por tanto el más abierto a la participación; permite, con transparencia y buenas prácticas, reforzar la confianza en la democracia, restaurar la credibilidad de la política.
Los ayuntamientos, atendiendo a la demanda de más y mejores servicios públicos, han tomado iniciativas que no son su obligación (las llamadas competencias impropias) ante la insuficiente respuesta de las autonomías a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos. Los municipios han dedicado un porcentaje muy importante de sus presupuestos durante estos años (más del 25%) a cuestiones teóricamente dependientes de las autonomías, que disponen de los recursos para financiarlas sin que éstos sean transferidos a las arcas locales.
El Gobierno, con buen criterio, pretende evitar la duplicidad o triplicidad del ejercicio competencial. Pero no podemos olvidar la causa de estos solapamientos y cuál es el objetivo a conseguir: un estado descentralizado y lleno de contenido a nivel municipal, donde las diputaciones provinciales colaboren con los municipios de menor población en el ejercicio de sus funciones, donde las comunidades autónomas centren su actividad y preocupación en las acciones que son de nivel regional sin invadir las de ámbito local. España es el país de la Unión Europea donde los ayuntamientos son más débiles: la ciudad alemana de Stuttgart, con una población muy similar a la de Málaga, tiene un presupuesto siete veces superior (la economía alemana es más fuerte que la española, pero no nos multiplica por siete).
Ahora que la evolución del déficit público es una preocupación nacional no podemos olvidar que una gran parte del exceso de gasto público se ha generado desde el equivocado centralismo autonómico. Los ayuntamientos estaban aquí desde hace siglos: con poco más personal del que ya tenían podían haber llevado a cabo muchas de las tareas que absorbieron los gobiernos regionales. Hoy más que nunca, es necesario resolver los problemas del presente con la perspectiva y el conocimiento de la historia reciente. Y con visión de futuro.
Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga y Senador. Preside la Comisión de Entes Locales.