El nuevo alfabeto del desarrollo

La digitalización se ha convertido en el nuevo alfabeto del desarrollo. En la Unión Europea, la digitalización para el desarrollo o D4D (siglas de la versión en inglés Digital For Development) ya es terminología cotidiana. La Covid-19, acelerador de esta tendencia, ha impulsado un salto cualitativo y cuantitativo del uso de internet en viviendas, escuelas, administraciones y oficinas que evidencia cómo el acceso a la Red es un bien de primera necesidad. Llegados a este punto, no cabe discusión: la brecha digital aboca al progreso o al abandono.

Según un reciente informe conjunto de Unicef y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el mundo dos tercios de niños y niñas en edad escolar, es decir, unos 1.300 millones de personas entre tres y 17 años, carecen de conexión en sus hogares. La paradoja es que el 93% de la población mundial vive en zonas con cobertura.

La reflexión sobre conectividad y acceso a internet como bien público global y derecho humano fundamental está ganando terreno con fuerza en los grandes organismos multilaterales, en particular en las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OCDE o el G-20. El acceso universal y los servicios digitales son indispensables para una recuperación sostenible, el crecimiento inclusivo y un nuevo modelo social que avanza de modo irreversible. Para la cooperación internacional, y la española de forma prioritaria, la D4D constituye una oportunidad extraordinaria de agilizar el cumplimiento de la Agenda 2030.

La transformación digital representa una inflexión histórica equiparable a lo que en su día supuso el agua corriente, la electricidad o la telefonía. Estamos ante la Cuarta Revolución Industrial. Solo en África Subsahariana, se calcula que en 2030 habrá 230 millones de trabajos digitales que podrían generar ingresos por valor de 120.000 millones de dólares. Es por tanto tarea, responsabilidad e interés de todos contribuir a los beneficios de la conectividad de las poblaciones más frágiles, más aún cuando el consumo de internet no aminora el de otros, tampoco es excluyente y produce un efecto comprobado de retorno.

La Cooperación española considera la educación digital una línea estratégica prioritaria. Invertir en infraestructuras, competencias y curricula digitales garantiza que las generaciones futuras de los países en desarrollo mejoren sus resultados de aprendizaje, finalicen sus estudios y accedan a los mercados labores en mejores condiciones.

Dado que el acceso a la educación representa un peldaño insoslayable de ascenso social y económico, una cooperación más digital tendrá también la capacidad de promover junto a gobiernos, sector privado y sociedad civil un progreso más justo y equitativo. Es un fin en sí mismo. Si hay conectividad, mejora el conocimiento, los instrumentos de gestión del día a día y por ende cuestiones esenciales como el emprendimiento, las finanzas, el comercio, la transparencia, el empleo, la investigación o la gobernabilidad.

Todos los socios multilaterales, y en especial los europeos, navegamos bajo el mismo viento de esta nueva era. La Cooperación española acaba de presentar en la UE la primera iniciativa sobre educación digital inclusiva que sumará, bajo el enfoque de Equipo Europa, los esfuerzos de los Estados Miembros y las instituciones europeas para la transformación de la enseñanza digital en América Central y el Caribe. La Comisión Europea, igualmente, ha situado la D4D en el centro de su estrategia de cooperación para los próximos siete años.

La AECID, nuestra agencia de desarrollo, ha puesto en marcha a través del Fondo e-Duc@, con la participación de Unicef y 11 Comunidades Autónomas, un proyecto pionero en Honduras que vincula acción humanitaria y desarrollo a través del aprendizaje digital de estudiantes sin recursos. Se trata de una experiencia piloto en tres fases que surgió como respuesta a los huracanes Eta e Iota en Centroamérica a finales de 2020: recuperación temprana de escuelas, conectividad y formación digital del profesorado.

En el ámbito de la igualdad, no se puede obviar la dimensión de género que una digitalización inclusiva comporta para el avance de las mujeres, que no es sino el avance del conjunto social. La OCDE informa de que estas tienen un 26% menos de probabilidad de acceder a un teléfono inteligente, que es la ventana principal de conectividad en el mundo. En algunas partes del planeta ese porcentaje asciende al 70%.

La magnitud de las oportunidades que brinda la digitalización es proporcional a sus retos. La conectividad en los países menos desarrollados –19% frente al 87% de los desarrollados– plantea el enorme desafío de proporcionar internet a 4.100 millones de personas en el mundo, cerca de la mitad de la población mundial. Igual de ardua es la tarea de regular el ecosistema digital, que engloba cuestiones tan complejas como la ciberseguridad, la desinformación, la propiedad intelectual, el acoso, la transparencia, el uso de la nube, la inteligencia artificial, el control totalitario y la garantía de los derechos fundamentales.

Solo el consenso entre los Estados y las empresas puede coligar estos aspectos éticos y funcionales trascendentes: el sector privado para suministrar infraestructuras tecnológicas y su explotación comercial, y los gobiernos para garantizar un precio asequible, una cantidad suficiente, un acceso democrático y reglas globales de uso público. De este modo, la cooperación público–privada, las alianzas, se imponen como ejes vertebradores de la nueva co-gobernanza mundial, basada en la visión sostenible del desarrollo y la gestión compartida de las crisis globales, sean pandémicas, climáticas, migratorias o financieras.

Hablar de gestión compartida refiere no solo a la conciencia individual solidaria y las políticas de Estado sino a una modalidad novedosa de capitalismo afianzado en el tránsito de la responsabilidad social corporativa a la sostenibilidad rentable. Un ejemplo de estas alianzas entre actores, especialmente con el sector privado, ha sido el reciente compromiso sobre Innovación para el Desarrollo Sostenible aprobado en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra.

El fin último de reducción de la pobreza y las desigualdades ya no es asunto de pocos sino un ejercicio coral, y la conciencia de que formamos parte de un mosaico humano interdependiente donde digitalización e inclusión son sinónimo de avance, anima al optimismo, al concierto social y a la esperanza de remontar tanta adversidad.

Ángeles Moreno Bau es secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

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